Los casos ‘oficialistas’ más sonados en tiempo de pandemia #Panamá



Un día después de que apareciera en televisión amenazando con multar a los que protestaron frente a La Fragata, restaurante donde se congregó un grupo de funcionarios el pasado miércoles, la ministra consejera de salud, Eyra Ruiz, asistió a un funeral en Santa Ana, un evento multitudinario que desafío al menos cinco decretos inherentes a la cuarentena decretada por la Covid-19.

El malestar ciudadano se fundamenta en el hecho de que mientras la mayoría ha despedido a sus familiares fallecidos, a través de Zoom, militantes del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) retaron las disposiciones sanitarias para decirle adiós a su copartidaria Wendy Rodríguez, quien fue asesinada en el Corredor Sur el jueves pasado.

Ni la Policía Nacional ni el Juzgado de Paz ni el Ministerio de Salud (Minsa) actuaron, pese a que el acto congregó a decenas de hombres en un día en que le correspondía salir a las mujeres. Tampoco se tuvo en cuenta la distancia social decretada para evitar los contagios. Además, se ignoró la guía para el manejo de cadáveres en tiempos de la Covid-19: mientras dure el toque de queda, en la celebración de servicios funerarios sólo se autoriza la asistencia de cinco personas como máximo. Se violó la norma que impide las reuniones de más de 10 personas y se pasó por alto la disposición que le impide trabajar a los artistas locales: el funeral contó mariachis.

Acosada por los cuestionamientos en redes sociales, Ruiz emitió un comunicado, en el que expuso que acudió a la iglesia de Santa Ana para dar el pésame a la madre de su copartidaria y que en el templo se cumplió con lo establecido por el Minsa: toma de temperatura, desinfección de calzado, alcohol en las manos y mascarillas. “Por normas del Minsa, las iglesias pueden abrir sus puertas a los feligreses cumpliendo con albergar solo el 25% de su capacidad (…)”, sustento, y agregó que está dispuesta a someterse a cualquier investigación.

Pero su explicación no convenció. La frase #EyraRuizRenuncia se convirtió en tendencia en Twitter.



Le cuestionan su indiferencia ante la multitud que estaba fuera de la iglesia, pese a que el pasado domingo –al referirse al incidente en La Fragata– dijo en el programa Debate Abierto de Telemetro, en tono autoritario, lo siguiente: “aquí la ley se tiene que cumplir, no importa quiénes sean lo que estén reunidos y a dónde. El ministro de Salud [Luis Francisco Sucre] ha sido enfático en decir que hará las investigaciones hasta llegar hasta lo último y que todo el mundo pague de acuerdo a como dice la ley. Pero no solamente los que estaban dentro de ese restaurante […] también los que estaban afuera porque aquí no podemos permitir anarquías”.

“Por respeto a la ciudadanía renuncia. Si tuviese un mínimo de respeto no hubiese participado en un evento que sabe que incumple lo establecido. Muchos no hemos despedido a los familiares”, escribió el arquitecto José Isturaín en Twitter.

“¿Ustedes saben todas las veces que mi mamá me repite que mi abuela no tuvo una despedida que merecía? Se le salen las lágrimas en segundos…¿por qué su familia sí pudo tener un funeral? Han muerto ya 2000 personas por Covid, me pregunto cuántas pudieron tener un funeral así (…)”, publicó Olguita Reyna en la red social.

Ruiz no fue la única figura de alto perfil que asistió al funeral. En el acto también estuvieron los diputados Crispiano Adames y Zulay Rodríguez, entre otros.

Otros casos

El escandaloso funeral del PRD es otro más de los eventos en que se vincula a funcionarios con la violación de los decretos de la cuarentena. Por ejemplo, el pasado fin de semana, el alcalde de Colón, Alex Lee, desafió al menos cuatro cercos sanitarios (Colón, Panamá, Panamá Oeste y Coclé) para desplazarse a una casa de playa en El Decameron, Río Hato, Coclé, junto a su familia.

Hasta ahora, no hay investigación en firme contra este funcionario. Su copartidaria Iracema Dale, gobernadora de Colón, a quien le corresponde por ley abrir un proceso administrativo, dijo que ella tiene entendido que los cercos sanitarios “se suspendieron en esa área”.

Mientras, el propio presidente Laurentino Cortizo dijo que este era un tema que le compete al Minsa, pero el ministro del ramo aseguró a los medios que ya no había cercos sanitarios. “Lo que tenemos son puestos de vigilancia. Aún así nosotros le hemos solicitado al director de la región de Colón, y al de Coclé, que hagan la investigación pertinente”.

Lo dicho por el ministro contradice el comunicado número 183 del pasado 25 de agosto, que advierte que los cercos sanitarios se “levantarán” a partir del próximo 14 de septiembre. De hecho, varias personas que viajaron el pasado fin de semana hacia áreas cercanas a las playas les solicitaron salvoconducto para poder transitar.

El Minsa también investiga a por lo menos siete funcionarios que se habrían congregado la noche del pasado miércoles en el restaurante bar La Fragata.

El evento se dio solo días después de que se detectara una fiesta en la casa de Pedro Ortiz en Dorado Lakes, (sábado 15 de agosto), quien incluso usó un vehículo oficial para transportar a gente que participó del convivio. Ortiz se vio obligado a renunciar como asesor en la Autoridad de Aseo en medio de la indignación ciudadana.



Agosto inició precisamente con otra controversia vinculada a la violación del confinamiento: el sábado 1 se descubrió al alcalde de Panamá en la playa de Coronado, área que está prohibido visitar. Aunque pidió disculpas, el Minsa le puso una multa de $5 mil.

El primer evento de esta naturaleza que se hizo público fue la reunión que celebró la cúpula del PRD, junto a su bancada de diputados, en la Parrillada Jimmy’s, en la tarde del 18 de junio pasado. El tema hizo más ruido porque la convocatoria la hicieron dos funcionarias responsables de la estrategia contra la pandemia: Rosario Turner, en ese momento ministra de Salud; y Eyra Ruiz, ministra consejera de Salud. En el acto también participó la ministra de Trabajo, Doris Zapata. Las tres funcionarias pertenecen a la directiva del PRD. Aunque el restaurante y el PRD fueron multados con $50 mil, no pasó nada con las funcionarias.

¿Y a los ciudadanos?

El tratamiento que le dan las autoridades al personal del PRD que ha ignorado la cuarentena es opuesto al que recibe la ciudadanía por hechos menos relevantes.

Solo el pasado sábado 29 de agosto, el Servicio de Protección Institucional detuvo a una mujer que caminaba con su hermano con síndrome de down en la cinta costera. Días antes, habían retenido a un grupo de ciclistas que se desplazaban en la vía por circular en horas que no les correspondían.

Pero también han apresado a hombres y mujeres que paseaban perros en días prohibidos, y así hay múltiples casos parecidos.

“Vendo banderas del PRD. Incluye permiso del Minsa para: aglomeraciones en sepelios, idas al Decameron, cenas en restaurantes, fiestas y ‘guarachas’ en casas. Único requisito es dar like a todos los tweets del ministro y a los del ‘señor’ presidente”, tuiteó Cristian Ábrego, de la agrupación Conciencia Ciudadana.

¿Habrá castigo por el multitudinario funeral de la dirigente del PRD? Este medio contactó al Minsa para saber si se adelanta alguna investigación y hasta el cierre de esta edición no respondió.

También se le preguntó a la Policía Nacional sobre el tema y respondió que había que dirigirse al Juzgado de Paz o al Minsa, pues “son las autoridades competentes”.

Sin embargo, el pasado 14 de agosto, cuando se celebró un sepelio en Pacora que congregó decenas de personas, la Policía actuó de inmediato. Incluso, el Minsa enseguida comunicó que impondría sanciones a los responsables.

Tomado de La Prensa

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