Cierran por 23 días el juzgado que sigue caso de los sobornos de Odebrecht #Panamá



 Un sorpresivo cambio de marcha por parte de la Corte Suprema de Justicia restó tres meses de funciones al Juzgado Duodécimo Penal –que sigue el caso Odebrecht–, por lo que este expediente iría otro juzgado aún sin definir.

Según el Acuerdo del Pleno de la Corte No. 89, del 6 de febrero de 2020, la mayoría de los juzgados de circuito Penal, incluyendo el Duodécimo, tenían como fecha de cierre el 31 de diciembre de 2020. Ahora, con el Acuerdo 322 del 13 de agosto pasado, este juzgado cerrará sus puertas el 30 de septiembre.

Esto representa una nueva peripecia en el polémico caso, que ya ha enfrentado el cambio de una fiscal, la recusación de otra y múltiples intentos de la defensa de las partes investigadas para anularlo o retrasarlo, más allá de los términos de la ley.

Según fuentes judiciales consultadas por La Prensa, el cambio del calendario busca terminar más rápidamente con el sistema inquisitivo mixto, sustituido por el sistema penal acusatorio, vigente en todo el país desde el 1 de septiembre de 2016.

Un sorpresivo cambio de marcha por parte de la Corte Suprema de Justicia restó tres meses de funciones al Juzgado Duodécimo Penal –que sigue el caso Odebrecht–, por lo que este expediente iría otro juzgado aún sin definir.

Según el Acuerdo del Pleno de la Corte No. 89, del 6 de febrero de 2020, la mayoría de los juzgados de circuito Penal, incluyendo el Duodécimo, tenían como fecha de cierre el 31 de diciembre de 2020. Ahora, con el Acuerdo 322 del 13 de agosto pasado, este juzgado cerrará sus puertas el 30 de septiembre.

Esto representa una nueva peripecia en el polémico caso, que ya ha enfrentado el cambio de una fiscal, la recusación de otra y múltiples intentos de la defensa de las partes investigadas para anularlo o retrasarlo, más allá de los términos de la ley.

Según fuentes judiciales consultadas por La Prensa, el cambio del calendario busca terminar más rápidamente con el sistema inquisitivo mixto, sustituido por el sistema penal acusatorio, vigente en todo el país desde el 1 de septiembre de 2016.

El caso Odebrecht cuenta con unas 100 mil páginas de información, incluyendo el intercambio judicial con múltiples jurisdicciones rastreando el flujo de los sobornos pagados por la constructora brasileña.

En octubre vence el plazo que tiene la Fiscalía Especial Anticorrupción para remitir su vista fiscal. Con el cronograma original, le hubiera correspondido al juez Óscar Carrasquilla evaluar el trabajo del Ministerio Público y llamar a juicio o sobreseer a los imputados. Ahora, no se sabe quién lo hará.

Corte apresura el cierre del juzgado del caso Odebrecht

El acuerdo 322 del pleno de la Corte Suprema de Justicia, fechado el 13 de agosto de 2020, acelera la fecha de cierre del Juzgado Duodécimo Penal del Primer Distrito Judicial, cuya fecha programada era el 31 de diciembre, y ahora es el 30 de septiembre próximo; es decir, cerrará definitivamente en 23 días: tres meses antes de lo previsto.

Este es el juzgado ante el cual se ventila la causa penal más importante de la justicia panameña actualmente: el caso Odebrecht.

La decisión de la Corte aparece publicada en la Gaceta Oficial N° 29103 del 1 de septiembre de 2020 y modifica, entre otros, el Acuerdo N° 89 del 6 de febrero de este año, que decía: “En tanto, se ordena el cierre de los Juzgados Primero, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Noveno, Decimoprimero, Decimosegundo, Decimotercero y Decimocuarto Penal, el 31 de diciembre de 2020”.

Este acuerdo es resultado del proceso de cierre de todos los juzgados penales que conocen casos del sistema inquisitivo mixto, que fue reemplazado por el sistema penal acusatorio.

Aunque desde que se implementó el nuevo modelo penal en el Primer Distrito Judicial –en septiembre de 2016– se sabía que este iba a ser el destino de todos los juzgados de circuito penal que conocían causas del sistema inquisitivo mixto, la sorpresa surge, precisamente, por el cambio de fecha para el cierre.

La importancia de los tiempos

Tres meses de diferencia no parece mucho tiempo ni que implique un impacto significativo en la vida de un proceso judicial. Sin embargo, el caso Odebrecht entra en su etapa crucial, ya que la fiscalía especial anticorrupción tiene hasta el mes de octubre para enviar al juzgado el voluminoso expediente, de unos 100 tomos, luego de lo cual el juez Óscar Carrasquilla debía emitir un pronunciamiento de llamamiento a juicio o de sobreseimiento de los investigados. Pero con el nuevo calendario, Carrasquilla sale de la escena antes de que el Ministerio Público termine su investigación.

“Causa suspicacia”, dijo la exprocuradora general de la Nación Ana Matilde Gómez al ser preguntada por este medio sobre el cierre del juzgado. Para Gómez, no hay justificación para que la Corte tome esta decisión, ya que esperar que este juzgado termine con el proceso Odebrecht, no representa mayor problema.

Según fuentes judiciales conocedoras del tema, la Corte decidió acelerar el cierre de los juzgados para disponer de más recursos y concentrar en tres juzgados liquidadores los casos del sistema inquisitivo mixto.

Una de esas fuentes manifestó que el presupuesto del Órgano Judicial está muy presionado y que todo ahorro ayuda.

Para Carlos Lee, presidente de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, las consecuencias de la decisión de la Corte son de mucho impacto. “Casos como el de Odebrecht, sumamente complejos no solo por el número de sindicados, sino particularmente por las acciones criminales tan sofisticadas, así como por el volumen de documentación, pueden verse afectados con la decisión de la Corte de pasar el conocimiento de este caso a los jueces de liquidación”, opinó

Un caso singular

La célebre causa de Odebrecht se inició en Panamá en 2015 a partir de una denuncia del abogado Alvin Weeden, pero fue interrumpido hasta que el 21 de diciembre de 2016 se concretó el acuerdo de colaboración de la constructora brasileña con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El 28 de diciembre de ese año, el Ministerio Público creó una superfiscalía denominada Fiscalía Especial Anticorrupción, conformada por cuatro fiscales superiores: Tania Sterling, Zuleyka Moore, Ruth Morcillo y Vielka Broce.

Más tarde, Broce se acogería a la jubilación, Moore apartada del caso por el procurador general de la Nación, Eduardo Ulloa, y Sterling recusada por el expresidente Ricardo Martinelli, señalado en el proceso. Pero, luego de dos meses de no poder actuar en el expediente y después de que Carrasquilla negó la semana pasada dicha recusación, Sterling podrá volver al caso desde esta semana.

Más tiempo

El 13 de julio de 2017, el Juzgado Duódecimo Penal declaró el proceso como causa compleja y dio una prórroga a la fiscalía hasta tanto se agotara la investigación, y siempre y cuando no existiera persona detenida.

Pero, dado que en las semanas sucesivas la fiscalía impuso una medida cautelar de arresto domiciliario a Amado Barahona, exdirector de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el 26 de septiembre solicitó una nueva prórroga al juzgado que, sin embargo, fue negada por la jueza suplente Lania Batista –en fallo del 25 de octubre de 2017–, quien entró a reemplazar a Carrasquilla luego de que este fuera enviado a actuar como juez de garantías en el Segundo Distrito Judicial.

Batista alegó entonces que, tras el arresto de Barahona, la fiscalía tenía hasta el 17 de octubre para actuar y por ende negó la prórroga y le ordenó remitir la vista fiscal del proceso, pese a que el Ministerio Público sustentaba la petición en que había aumentado el número de imputados, así como la información a cotejar.

El 7 de noviembre de 2017, la fiscalía apeló y Carrasquilla envió el expediente al Segundo Tribunal Penal para su conocimiento. No obstante, uno de los imputados en el proceso, Humberto De León, interpuso un recurso de amparo ante el Primer Tribunal Superior, que lo negó el 5 de enero de 2018. De León recurrió ante la Corte y esta ratificó el fallo del Primer Tribunal cuatro meses más tarde, es decir, en abril de 2018.

Con ello, el Segundo Tribunal Superior tuvo vía libre para conocer la apelación de la fiscalía y la negó el 2 de agosto de 2019.

Un mes después, la fiscalía presentó un recurso de amparo ante el Primer Tribunal Superior, que falló a favor del Ministerio Público en enero de este año. El plazo para concluir las pesquisas vence la segunda semana de octubre próximo.

Lo que viene

Con la nueva situación planteada, el 30 de este mes el juez Carrasquilla debe remitir todo lo relacionado con el caso Odebrecht al Registro Único de Entrada (RUE) del Órgano Judicial y será por vía de este sistema que se asignará el expediente a una de las tres juezas de liquidación: Zaida Cárdenas, Baloisa Marquínez o Lorena Hernández (esta última tiene el mismo nombre que una jueza de La Chorrera).

Y, como se dijo, una de estas tres juezas, quienes desconocen los pormenores de este complejo proceso de investigación, cuya instrucción lleva ya casi cuatro años, será la que decida su futuro.

Según una fuente judicial, el caso no peligra, porque es probable que parte del personal del juez Carrasquilla sea asignado al despacho que reciba el sumario. Pero, a juicio, de la exprocuradora Ana Matilde Gómez esto no es suficiente, ya que el conocimiento de un asunto tan importante “no se puede improvisar”.

Toda esta situación revela una Corte Suprema de Justicia que parece indiferente ante el escándalo mundial que ha producido el caso Odebrecht.

Panamá queda nuevamente bajo la duda con este movimiento, debido a que países como Suiza, Andorra, España y Estados Unidos han actuado contundentemente contra las coimas pagadas por Odebrecht a funcionarios y comisionistas en este país.

De acuerdo con juristas consultados, mantener el Juzgado Duodécimo Penal funcionando hasta el fin natural del caso Odebrecht ayudaría a evitar cualquier duda que el cambo del juez natural pueda causar.

Según Carlos Lee, el problema que enfrenta el país se reduce de la siguiente manera: “tanto a fiscales como a jueces les ha tocado dedicar tiempo para fortalecer sus capacidades, de tal manera que puedan estar a la altura de una sociedad que exige castigo para los responsables y que se termine con la impunidad”.

Ir en dirección contraria parece ilógico. ¿No?

Tomado de La Prensa

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Publicado por Panama Times PTY

Periodistas y comunicadores.

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