Educación para todos


 «La educación ha producido una vasta población capaz de leer, pero incapaz de distinguir lo que merece la pena leer». G. M. Trevelyan

La situación económica de los colegios particulares y de muchos padres de familia que se han visto con dificultades para cubrir las mensualidades pactadas, ha puesto en la palestra pública diversas opiniones controversiales y diametralmente opuestas, impregnadas de pasiones y de intereses.

La educación es un derecho proclamado por el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Título III, capítulo 5to de la Constitución Nacional donde aseguran que la educación es gratuita (en los colegios públicos) y obligatoria hasta el nivel de la educación básica general (hasta el nivel conocido como premedia).

En Panamá, hay unos 725,000 estudiantes (625,000 colegios oficiales y 100,000 en colegios particulares) en los niveles de primaria, premedia y media, según datos de la Contraloría General del año 2017. El presupuesto del Ministerio de Educación del 2020 asciende a 1,797 millones de dólares, un promedio de unos $2,500.00 por estudiante. El costo es cubierto por los impuestos de todos los ciudadanos. En la educación particular los padres pagan entre $1,500 y $6,000 anuales por la educación de cada uno de sus hijos, además de los impuestos que cubren la educación pública.

Lo cierto es que todos los estudiantes, tanto de colegios particulares como oficiales, son panameños, y es el deber del Estado asegurar su educación. Este un principio sobre el cual debe basarse la discusión planteada, es decir el derecho del estudiante de recibir educación. El Estado deberá asegurar el acceso a la educación a todos, para lo cual deberá usar diferentes estrategias.

Si el gobierno decide no apoyar a las escuelas particular y todos los estudiantes deben ser aceptados en los colegios oficiales significaría unos $250 millones adicionales en el presupuesto del Ministerio de Educación. Bajo esta perspectiva los $80 millones solicitados por los colegios particulares no suena tan descabellado.

Muchos aspectos se deben considerar tales como evitar la especulación y abuso de quienes ven en la educación un negocio muy lucrativo y quieren asegurar ganancias desproporcionadas, pero al mismo tiempo es imprescindible enfocarse en el estudiante, como objeto y sujeto de la educación. La educación tanto pública como particular tiene un costo que el Estado asume. Sostener que no es posible apoyar, subsidiar a la educación particular, es negar el derecho de los estudiantes a la educación “gratuita” que el Estado está obligado a ofrecer como lo hace con los estudiantes de los colegios públicos.

Esta discusión plantea extremismos que causan división en nuestra sociedad. Se requiere dejar a un lado los intereses tanto de los gremios de los colegios públicos como los intereses de los dueños de las escuelas particulares y centrarse en la pregunta verdaderamente importante: ¿Cómo aseguramos a todos los niños y jóvenes de este país acceso a una educación de calidad y continua?

La historia de los últimos 40 años y la reciente no da margen para el optimismo, debido a que ha sido caracterizada por los intereses gremiales, confusión, falta de voluntad. La educación en Panamá no pinta bien… La incapacidad de nuestro gobierno para liderar la transformación de la educación para asegurar lo plasmado en el artículo 92 de la Constitución Nacional «La educación debe atender el desarrollo armónico e integral del educando dentro de la convivencia social, en los aspectos físico, intelectual, moral, estético y cívico y debe procurar su capacitación para el trabajo útil en interés propio y en beneficio colectivo», no parece que será viable a corto y mediano plazo.