¿Constituyente?



«No crea una Constitución los derechos y deberes sociales: no hace más que formularlos.”». Antonio Aparisi y Guijarro

El contundente triunfo de “Apruebo” en Chile para convocar a una Asamblea Constituyente, en la que se incluye que los políticos que actualmente integran el Congreso no pueden participar, ha renovado el entusiasmo de quienes ven en la Constituyente la vía para solucionar los problemas del país.

Los esfuerzos del año pasado para reformar la actual Constitución mediante la consulta en la Asamblea Nacional de Diputados, generó insatisfacción y el rechazo público debido a que, además de no cambiar lo que se considera importante, añadía más elementos de poder a los políticos elegidos.

Unos meses antes, durante las elecciones de 2019, el movimiento “No a la Reelección” tuvo el resultado que el 53% de los diputados que buscaban la reelección (26 de 49), no logró su propósito, de manera que 48 diputados (el 67%) no estaba en la anterior legislatura. Sin embargo, la percepción pública sobre la imagen de la Asamblea Nacional ha empeorado y genera mucha desconfianza. Las continuas denuncias de algunos diputados independientes sobre el actuar en las comisiones y el pleno de la Asamblea Nacional levanta profundas sospechas de corrupción o de encubrimiento de la corrupción. La percepción generalizada es que la Asamblea no responde a los intereses de la ciudadanía ni a los mejores intereses del país.

Pero ¿Quién eligió a los actuales diputados? Sabemos cómo fueron elegidos y aunque cambien las reglas de elección, no será posible asegurar la elección de diputados que ordenen el país y lo enrumben por la vía del progreso y prosperidad, con justicia social. La gran mayoría de los ciudadanos honestos siente repulsión por el actuar de los políticos y no se anima a participar, desalentados por el ambiente de descalificación y desconfianza reinante. Existe la sensación de que los políticos se burlan de nosotros y lo hacen con total impunidad.

Seamos honestos, necesitamos una Constitución nueva, pero el riesgo de elegir a constituyentes que salgan de las filas de los partidos políticos es garantía de que “todo cambia para que nadie cambie”. Y si elegimos empresarios, sindicalistas, gremialistas o cualquiera de nuestras figuras públicas, lo más posible es que obtendremos más de lo mismo.

Nos enfrentamos a una disyuntiva paralizante… El panorama se torna sobrio con la necesidad de cambios profundos en la Constitución y en la sociedad misma, y la cruda realidad de que somos una sociedad sin rumbo, sin objetivos claros, con intereses económicos disimiles y, lo peor, sin voluntad para ceder y lograr consensos, que necesariamente requerirán sacrificios.

Los problemas que enfrentamos tampoco nos dan tregua: El déficit actuarial del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) del Seguro Social, la educación en crisis, la informalidad laboral, la pobreza, la desigualdad y, como cereza del pastel, la pandemia del coronavirus.

Es evidente que necesitamos un proceso de consulta que establezca los objetivos de nuestro país para los siguientes 50 años, que requiere diálogo para establecer un consenso y sobre esta base, escribir una nueva Constitución. Este proceso requiere escuchar las opiniones de otros, ceder, estar dispuesto a sacrificarnos, acabar con los privilegios y apoyar a los más vulnerables. Es una carrera de obstáculos infranqueables que parecen imposibles. Y por más utópicos que parezca, es imprescindible ponernos de acuerdo. No hay otra opción.

La pandemia ha sido desafiante y muchos dicen que muchas cosas van a cambiar y ojalá que así sea. No obstante, el espíritu que se respira siete meses desde el inicio de la pandemia muestra que la gran mayoría piensa que todo va a volver a ser igual que antes. No será así… Nuevos retos deben ser enfrentados con consecuencias que es mejor no predecir…