Verdades y mentiras sobre el Clan del Golfo, las disidencias, los Caparros y los Pelusos

Casi diez días después del anuncio que hizo el Alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos sobre la entrega de cien integrantes del Clan del Golfo en Chocó, se conocen muy pocos detalles sobre esta desmovilización individual con la que arranca una nueva y polémica política del gobierno frente a las bandas criminales.

Una política que, paradójicamente por las críticas que ha hecho el uribismo al Acuerdo de Paz con las Farc, promete a los desmovilizados de estos grupos iguales beneficios económicos, sino mejores, que a los guerrilleros que firmaron la paz; y, en la práctica, similar impunidad y ningún beneficio real para sus víctimas.

La desmovilización de los 100 integrantes del Clan es el resultado del decreto 965 de 2020, expedido por el gobierno Duque en julio, para promover la desmovilización individual de Grupos Armados Organizados (GAO) reconocidos por el Consejo Nacional de Seguridad como el Clan del Golfo, las disidencias, los Caparros y los Pelusos.

En 2018, el gobierno Santos impulsó una ley de sometimiento, enmarcada en los compromisos del acuerdo de La Habana, que le ofrecía a este mismo grupo una entrega grupal con rebajas de pena de hasta el 50 por ciento con la idea de que su jefe ‘Otoniel’ se entregara y desmantelara su poderoso grupo dedicado al narcotráfico. Pero, al final, el Clan no encontró la oferta suficientemente atractiva y siguió en armas.

Ahora, la estrategia de este gobierno es promover la desmovilización individual con jugosos beneficios para ‘desgranar’ la mazorca, uno a uno, y contar con la información que aporten para darle jaque mate al Grupo.

Sin embargo, más allá del anuncio, el gobierno ha sido poco transparente con los detalles de esta operación.

Lo que no cuenta el Gobierno

El Ministerio de Defensa, que está a cargo de la primera etapa del sometimiento, se negó a darnos detalles sobre la entrega.

Por su parte, Ceballos, quien anunció la entrega, nos dijo que no tenía más datos y que en todo caso, eran reservados porque “se necesita proteger a los que están dejando los grupos” porque “esto es toda una estrategia que los grupos armados quieren contrarrestar”.

El director de la Agencia de Reincorporación, Andrés Stapper, le explicó a La Silla que algunos se han entregado desde hace dos meses.

Pero no se sabe de qué región específicamente, qué cargos tenían dentro del Clan, cómo fue exactamente la entrega, cuántos han dejado las armas, quién y en dónde los recibieron, y tampoco si se trató de una entrega individual o si llegaron en grupo.

Según Ceballos, el coronel Salomón Carvajal, del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado, emitió una circular en octubre para que todos los destacamentos tuvieran los lineamientos para recibir a quiénes se sometan, y así los ilegales ya pueden entregarse a cualquier unidad militar del país.

Los beneficios que recibirán son múltiples.

Mismos beneficios, igual impunidad

Luego de presentarse ante una autoridad militar, los desmovilizados del Clan recibirán una ayuda inmediata para ellos y su familia que incluye alimentación, alojamiento, transporte, atención en salud, reubicación en otro lugar del país, ropa, protección y atención psicológica. En esta etapa no hay entrega de plata.

Esto durará tres meses, mientras un Comité Interinstitucional de Sometimiento Individual a la Legalidad, Cisil, integrado por el Ministerio de Justicia, Ministerio de Defensa, la ARN, Fiscalía y Defensoría, Bienestar Familiar, verifica la pertenencia de los ilegales al grupo armado y su voluntad de entregarse.

El costo para el Estado de esta etapa para cada sometido será de 12 millones de pesos, que cubrirá el Ministerio de Defensa, según explicó Ceballos.

“Ellos dicen si esto es un sometimiento y no un acuerdo de paz, si me meten a la cárcel, que al menos mi familia tenga beneficios económicos”

Con la certificación de la Cisil los sometidos podrán acceder a los beneficios jurídicos, económicos y la ruta de atención de la ARN.

Esta ruta es nueva y exclusiva para los GAO, pero muy similar a la que ya existe desde 2003, y que ha permitido la desmovilización individual de 4500 integrantes del ELN y 19 mil de las Farc desde 2003, según cifras de la ARN.

Incluye apoyo para estudio y formación para el trabajo. También la entrega de 480 mil pesos mensuales, mientras dure su proceso de reintegración, que puede durar entre cinco a seis años.

Entre los beneficios económicos están una bonificación económica que puede llegar a ser de hasta cuatro millones de pesos por una vez a cambio de la colaboración con la Fuerza Pública y la justicia “que ayude a la desvinculación de menores de edad, entrega de armas y munición y el sometimiento de más integrantes de los grupos”.

El monto depende, por ejemplo, de la calidad del arma o de la calidad de la información.

También está la entrega de un pago único de ocho millones por cumplir la ruta con la ARN, para un proyecto productivo, o apoyo para compra de vivienda, aparte de los cuatro que reciben por dar información.

La nueva ruta de atención ya está construida, pero no se ha hecho pública hasta que no esté aprobada por todas las instancias del Gobierno, según Stapper. Hasta ahora, ningún sometido ha llegado a esta etapa. Todos siguen a cargo del Ministerio de Defensa.

Adicionalmente, y este es un beneficio del que también gozaron los desmovilizados de las Farc, aunque no estaba contemplado en el Acuerdo, está un seguro de vida con una cobertura de 15 salarios mínimos mensuales por un año, contado a partir de la fecha en que sean certificados por la Cisil.

Si los matan, las familias pueden hacer efectiva la póliza.

Ceballos dijo a La Silla que la diferencia con los beneficios del Acuerdo con las Farc, al que el presidente Iván Duque y el uribismo se han opuesto y criticado duramente, es que este no acarrea impunidad puesto que se trata de un sometimiento a la justicia y no una negociación.

Sin embargo, en la práctica, posiblemente haya más impunidad que justicia.

Dentro de los beneficios jurídicos, están la excarcelación por delitos menores como la extorsión, concierto para delinquir y porte de armas. Es decir aquellos que tendrán que confesar para demostrar que pertenecían al Clan del Golfo y obtener los demás beneficios.

Si cometieron delitos más graves como secuestro y homicidios tendrán que ir a la cárcel. Pero esto solo sucederá si la Fiscalía tiene alguna investigación abierta en su contra, algo improbable a juzgar por el escaso número de procesos y condenas que tenían los guerrilleros de las Farc en la justicia ordinaria cuando se desmovilizaron, y eso que la guerrilla llevaba 40 años siendo el enemigo número uno del Estado.

Incluso, a muchos de los de la cúpula guerrillera, que llevaban décadas en armas, les abrieron investigaciones solo en los años previos a firmar el Acuerdo Final.

El decreto no menciona la palabra narcotráfico, a pesar de que busca desmovilizar a los miembros de grupos que están esencialmente dedicados al narcotráfico y que esa es su única motivación pues carecen de móviles políticos.

Los beneficios económicos sólo aplicarán para quienes estén libres o cuando hayan cumplido su pena. Aunque un gran incentivo para que los ilegales colaboren con la justicia es que el pago a cambio de información, que puede llegar a 4 millones, podrá ser recibido por sus familiares incluso si son detenidos.

“Porque ellos dicen si esto es un sometimiento y no un acuerdo de paz, si me meten a la cárcel, que al menos mi familia tenga beneficios económicos”, le dijo a La Silla Miguel Ceballos, quien reconoce que hay que dar incentivos para que dejen las armas.

Tomado de Antilavadodedinero / LinternaInfo