Confirman sanción a los exgobernadores del Magdalena Rosa Cotes y Luis Miguel Cotes

En fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación ratificó la suspensión por 12 meses a los exgobernadores del Magdalena Rosa Cotes y Luis Miguel Cotes, conocido como El Mello, por irregularidades en la ejecución del proyecto de la vía de la prosperidad, que comprometió recursos por más de 466.000 millones de pesos de la nación y del Sistema General de Regalías.

Debido a que los dos exmandatarios departamentales actualmente no están ejerciendo un cargo público, la sanción se convertirá en una multa superior a 100 millones de pesos.

Rosa Cotes y Luis Miguel Cotes son investigados por irregularidades en la ejecución del proyecto de la vía de la Prosperidad, que comprometió recursos por más de $466.000 millones.


Además, determinó que hubo una reducción del alcance de la obra, teniendo en cuenta que el proyecto inicial era de 52.6 kilómetros y llegó a 18.3 kilómetros como consecuencia de las deficiencias en la planeación, la falta de definición, existencia y validación de canteras o fuentes de materiales viables técnica y jurídicamente para el momento del inicio de la obra, disminución que generó la exclusión de variantes importantes para la funcionalidad de la obra.

“La Gobernación de Magdalena entrega una vía que no es funcional, un proyecto que no fue finalizado, la ausencia de procesos contractuales en curso para continuar la vía, tanto en diseños como en obra, y acorde con los términos del acta de liquidación del 10 de diciembre de 2019, se deduce que la obra empleó el doble de tiempo al inicialmente pactado, para entregar solamente 18 kilómetros de los 52 inicialmente planeados, todo ello a causa de la deficiente planeación en la dirección de la actividad contractual”.

“Adicionalmente, se observa que la vulneración de los citados principios de la función pública por parte del servidor público no solo compromete los fines públicos perseguidos por la contratación, atados al bienestar colectivo de las personas y de la región que se buscaba impactar favorablemente con el proyecto, sino que de paso se lesionan los derechos, intereses y expectativas de esas comunidades”. 

A juicio de la Procuraduría la falta de diligencia quedó también acreditada con los múltiples modificatorios y adiciones que tuvo el contrato 617 de 2013, luego de la denominada “regulación” de la ejecución de la obra, la cual fue suscrita por la gobernadora Rosa Cotes, esperando la finalización de la obra el 15 de julio de 2018, lo que ocurrió el 10 de diciembre de 2019, con lo que se evidenció falta de cuidado en la estructuración y definición de los acuerdos establecidos, generando más demoras en la ejecución del negocio jurídico.

Tomado de https://www.wradio.com.co/