La caja de Pandora que expone al Ministerio Público #Panamá

El caso de violencia doméstica que interpuso la empresaria Rina Aswani contra su exesposo, Rajesh Mohinani, abre la caja de Pandora de la justicia. La Estrella de Panamá tuvo acceso a documentos reveladores que ponen en duda la transparencia, eficiencia y competencia de los agentes de instrucción del Ministerio Público que investigan este caso.

“Lucho contra fiscales que pierden pruebas, se niegan a practicarlas, se rehúsan a investigar y no nos creen… Confié, equivocadamente, en la justicia”, con estas palabras, que publicara en sus redes sociales la empresaria Rina Aswani el pasado 23 de noviembre del 2020, dio a conocer al país la pérdida de una prueba esencial para el proceso de violencia doméstica que ella había activado contra su exesposo.

Fueron muchas voces de la sociedad civil organizada y en defensa de los derechos humanos que se unieron a su lucha; hasta el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc se manifestó al respecto y es que las acusaciones de Aswani se dieron días antes del 25 de noviembre del 2020, Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, convirtiéndose en icono para las organizaciones que conmemoran esta fecha.

Las acusaciones de Aswani no quedaron en las redes sociales, la empresaria presentó una segunda denuncia por la pérdida de un video que debía estar bajo custodia en las oficinas de la Fiscalía Especializada de Familia donde se investiga la primera acción penal por los delitos contra el orden jurídico familiar en la modalidad de violencia doméstica.

En ese video, según la víctima, corrobora los maltratos que recibió de su exesposo. Los documentos, a los que accedió ‘La Decana’, muestran una serie de debilidades en los procesos de investigación, que van desde falta de pericia en las diligencias y hasta negligencias en la custodia de las pruebas.

En los documentos se muestra el escrito de la denuncia de la abogada, Ivonne Marie Peña González, quien representa a Aswani en estos procesos y quien manifiesta haber observado que las quejas de su cliente no estaban siendo correctamente instruidas.

La denuncia por violación de sellos públicos. Esta acción fue interpuesta en 2019 ante la Fiscalía Anticorrupción. En la misma establece que luego de una auditoría a los diferentes casos que adelanta la empresaria contra su exesposo constató irregularidades en las investigaciones de los diferentes fiscales y asistentes operativos.

Un ejemplo que anotó la abogada, fue que en una fiscalía de circuito se manifestó la necesidad de extraer información del celular de la víctima por medio de una solicitud de incautación de datos del 10 de enero de 2019, pero, cuatro meses después las conversaciones incautadas, que estaban en idioma inglés, no habían sido traducidas pese a que eran “urgentes” como elementos de convicción para una audiencia de imputación de cargos.

El celular reposaba en la cadena de custodia, que según un informe de funcionarios, tenía una irregularidad: “que si mal no recuerdo se encontraba con el sello violado”, contó a la fiscalía la abogada Ivonne Peña.

“Nadie responde por la prueba” Aswani

Aswani en sus redes sociales relató cómo se dio la pérdida de la evidencia: “Presenté la denuncia en la Fiscalía Anticorrupción. Han pasado más de dos (2) años y nadie en el Ministerio Público sabe que sucedió con el vídeo. Las versiones se contradicen y todos se esconden entre ellos”, aseguró.

Su mensaje se sustenta en entrevistas realizadas a testigos e imputados en la investigación que se sigue por la pérdida de la evidencia en el caso de violencia doméstica. En entrevista practicada por la fiscal Angie Gioconda Ostia a la asistente de la secretaría del PH Allure, el 15 de diciembre de 2020, en la que narra cómo funcionarios de instrucción y peritos participaron de la diligencia.

Cuenta la trabajadora que todo inicio entre las 9 y 10 de la mañana del 7 de octubre de 2018, cuando se presentó una operaria del Sistema Penal Acusatorio (SPA), con dos hombres solicitando los videos que registraba los supuestos hechos de violencia doméstica.

Hay una segunda entrevista que confirma que el video extraído de las cámaras del edificio fue entregado a los funcionarios de instrucción que participaron en la diligencia.

Un técnico independiente extrajo los videos, que fueron entregados en un dispositivo de almacenamiento de datos tipo ‘USB’, a la funcionaria, quien firmó de recibido en una nota, que forma parte de la investigación. Pero – según la testigo- no se firmó ninguna acta.

La operaria del sistema tiene su propia versión del caso. En su declaración del 28 de enero de 2021 dijo que no tiene nada que ocultar porque jamás haría algo en contra de las normas. Pero, está convencida de que hay que investigar quién está ocultando algo.

La diligencia sobre la extracción del video fue autorizada por correo electrónico institucional. La información que entregó el técnico en el usb fue verificada en una computadora portátil y entregada a dos peritos para continuar el trámite. “Era un video que demoraba un minuto y medio”, contó la operaria a la fiscalía.

“No consta ni acta ni informe de secretaría porque me dijeron que como era una diligencia con peritos solamente había que asistir …”, aclaró la entonces operaria del sistema.

Tras este trámite no se realizó ninguna diligencia en la carpetilla salvo una llamada al empresario para que se notificara de la medida de protección de la víctima. En la jefatura de los peritos no hay constancia de la diligencia a pesar de que fue coordinada por correo electrónico.

“Cree el imperio de joyas más grande y mi esposo me robó todo. Publico esto preocupada por la corrupción que impera en nuestro sistema judicial”, escribió la empresaria cuando se enteró que el sistema presuntamente había perdido las evidencias con las que podía corroborar el maltrato que sufrió de su esposo.

La defensora también notó la falta del video y preguntó si había constancia de la perdida de la evidencia. Pero, la respuesta de la fiscalía fue que si no estaba allí era porque no existía.

Pero tras buscar página por página entre tres tomos, la fiscalía se sorprendió al encontrar un email que coordinaba la diligencia. En el mensaje la operaria del sistema dice a los peritos que lo pasará a recoger para realizar el trámite. En una subcarpeta está estampada la firma del fiscal de circuito para realizar la extracción del video. No hay, sin embargo, cadena de custodia del video ni ningún otro documento que dé cuenta de la diligencia, explicó el abogado en la denuncia.

La fiscalía pidió tiempo para encontrar el video y proporcionar los nombres de las personas que tenían relación con la carpeta, pero hasta el momento la evidencia continúa extraviada.

Este es un claro ejemplo de que no existe seguridad jurídica por el manejo irresponsable de algunos despachos judiciales, la falta de una adecuada supervisión y de mecanismos de control, advierte Carlos Lee, miembro del Pacto de Estado por la Justicia, al conocer los detalles de este caso.

Lee está convencido de que el sistema requiere mecanismos confiables de rendición de cuentas y controles que no permitan que los funcionarios manipulen los procesos.

La pérdida de evidencias, por negligencia o corrupción, es “grave” porque un juez condena o absuelve en base a pruebas válidas. El juez requiere tener la certeza de que las pruebas no han sido manipuladas, alteradas o desaparecidas” para tomar una decisión en derecho, explicó el exfiscal, Roberto Moreno Obando.

Este tipo de situaciones implica que en los casos no se llegue a una decisión en justicia, admite el exfiscal. Lo peor es que hechos similares son mas comunes de lo que se cree pues casi nadie los confiesa y mucho menos se detectan. “Reitero que puede ser por negligencia o por un acto de corrupción en el que se le paga al custodio para que desaparezca o altere la prueba”, concluyó el exfiscal.

Las investigaciones que han instruido los fiscales del Ministerio Público (MP) en los diferentes casos que ha interpuesto la empresaria contra su esposo, demuestran manejos irregulares.

Para Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), los señalamientos públicos de la víctima ameritan una respuesta de la institución porque la sociedad requiere tener la certeza del funcionamiento correcto del sistema de justicia.

El 2 de septiembre de 2018, Aswani interpuso una denuncia contra su esposo por violencia doméstica, que la dejó incapacitada por 10 días. La empresaria emprendió la batalla legal para recuperar el 50% de la compañía Mohinani Group, que representa la marca Pandora y de las tiendas Tomás Sabo, Hearts On Fire y MG Joyeros, que factura más de 15 millones anuales.

El 2 de diciembre del 2020 la justicia panameña disolvió el vínculo matrimonial entre los empresarios Rajesh Mohinani y Rina Aswani, argumentando trato cruel, físico o psíquico por parte del esposo. Ambos empresarios se disputan las tiendas Pandora, una marca que irónicamente se inspira en el respeto a la mujer, pero que en este caso se registra un claro conflicto en ese aspecto.

Tomado de La Estrella