EEUU repudió la represión en Nicaragua e instó a Daniel Ortega a cambiar de rumbo

Washington señaló que el líder sandinista está llevando al país “a una dictadura

Estados Unidos se declaró el lunes “profundamente preocupado por la creciente represión” en Nicaragua, advirtió que el régimen sandinista está llevando al país a una dictadura e instó a su líder Daniel Ortega a cambiar de rumbo ahora.

La posición de Washington está plasmada en un comunicado del Departamento de Estado, el primero que emite el gobierno del presidente demócrata Joe Biden sobre la grave crisis política y económica que enfrenta el país centroamericano desde abril de 2018.

Daniel Ortega creó un ejército paramilitar para sofocar la rebelión ciudadana que inició en abril del 2018 en Nicaragua. Inicialmente negó su existencia y la atribuyó a montajes, luego dijo que eran ciudadanos sandinistas armados para defenderse y finalmente aseguró que era “policías voluntarios”.

En esa fecha estallaron protestas estudiantiles que fueron sofocadas con violencia por la policía y paramilitares, lo cual dejó 328 muertos, cientos de detenidos y 100.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Estados Unidos está profundamente preocupado por la creciente represión del gobierno del presidente Ortega en Nicaragua”, señala el texto de Washington, en el que cuestionó la polémica Ley de Agentes Extranjeros que llevó al cierre, la semana pasada, de la filial local del centro de escritores PEN Internacional y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

El Departamento de Estado se refirió a ambos organismos como “dos bastiones de la libre expresión”, que fueron obligados a suspender operaciones en Nicaragua debido a las restricciones que impone la referida ley para controlar el financiamiento externo a las organizaciones no gubernamentales.

Estos acontecimientos sofocan aún más a la sociedad civil nicaragüense y alejan aún más al país de la realización de elecciones libres y justas en noviembre” próximo, alertó el informe.

La Policía de Nicaragua se convirtió en la primera institución estatal sancionada por Estados Unidos, quien la considera responsable de impulsar escuadrones de la muerte y participar en ejecuciones extrajudiciales. (Cortesía La Prensa)

El régimen de Daniel Ortega no reaccionó de inmediato a la declaración del Departamento de Estado. La AP solicitó un comentario oficial sobre el tema, pero no obtuvo respuesta.

La rebelión de 2018 los dejó traumatizados (al gobierno), porque ellos creían que tenían el país a sus pies”, dijo el lunes la poeta Gioconda Belli, presidenta de PEN Nicaragua, al rechazar “todas las acciones represivas” de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, para acallar a la disidencia.

Washington señaló que Ortega está llevando al país “a una dictadura”, y advirtió que ello aislará más a su régimen de la comunidad internacional. El gobierno de Biden, añadió, tiene el compromiso de apoyar al pueblo de Nicaragua y su demanda de democracia.

El gobierno estadounidense dijo estar enfocado en fortalecer a la sociedad civil y mejorar el respeto a los derechos humanos en el país, e instó a Ortega a que “cambie de rumbo ahora”.

Por otra parte, la Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, de mayoría absoluta sandinista, aprobó una reforma a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, que es rechazada por la banca privada con el argumento de que pone en riesgo al país de pasar de la lista gris a la lista negra que impone el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La enmienda, que prohíbe a la banca cerrar cuentas a los usuarios de manera unilateral o sin notificar la causa, fue aprobada con el voto de 74 diputados del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y sus aliados, frente a 14 que votaron en contra, dijo en el pleno el titular del Parlamento, el oficialista Gustavo Porras.

Según la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), esa norma viola el derecho a la libre empresa, promueve prácticas que incitan al lavado de dinero, y expone a Nicaragua a quedarse fuera del sistema financiero global.

Tomado de AP