‘Lavador’ mexicano vinculado a la mafia rumana se reunía en Panamá

El gabinete de seguridad del gobierno federal detectó una red de políticos de PVEM, PRI, PRD, PT y Morena (así como funcionarios de la Fiscalía de Quintana Roo) que presuntamente protegen y colaboran con la mafia rumana liderada por Florian Tudor, “El Tiburón”, dedicada a la clonación de tarjetas bancarias turísticas, trata de personas para explotación sexual y extorsión a comerciantes.

Información de inteligencia obtenida por Milenio indica que en esta red de protección se encontraban los exgobernadores priistas de Quintana Roo, Félix Arturo González Canto y Roberto Borge, así como diputados del Partido Verde y exalcaldes priistas y perredistas de la entidad, entre ellos Benito Juárez, cuya cabecera municipal es Cancún. También operadores y miembros de Morena y del Partido Laborista.

Grupo criminal

En un documento presentado en octubre de 2020 en el gabinete de seguridad, el líder del Movimiento Nacional por la Esperanza y exdiputado local en la Ciudad de México, René Bejarano, se destaca como uno de los principales eslabones de Tudor por parte de los servicios de inteligencia.

Se observa que, a través de varios colaboradores, Bejarano utilizó al Partido Morena e incluso actuó bajo el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador -AMLO- para defraudar a ciudadanos y empresarios de Cancún, según el documento.

Según un mapa confidencial de vínculos y colaboradores presentado el 29 de octubre en la reunión del gabinete de seguridad, “El Tiburón”, también conocido como “Rechinu”, logró tejer en 14 estados una red de funcionarios y empresas pantalla que, según información del FBI y la DEA, le permitieron operar en al menos 15 países. Pero el centro de sus operaciones es Cancún, Quintana Roo.

La red

En la red de contactos del jefe rumano destaca la presencia de políticos de todos los partidos. Del Partido Laborista y Morena, José Luis Jonathan Yong Mendoza, aspirante a diputado local de Quintana Roo, fue identificado por Morena e hijo de José Luis Yong Cruz, a quien las autoridades vinculan con la trata de cubanos indocumentados, y pareja sentimental de Silvia Susana. González Franco, quien trabajó en la Fiscalía General de la República de 2006 a 2011.

En la lista de conexiones es notoria la presencia de políticos emanados del Partido Verde Ecologista de México, por ejemplo, José de la Peña Ruiz de Chávez, actual diputado local en Quintana Roo por el PVEM (señalado por tráfico de influencias) y Laura Lynn Fernández. Peña, Presidente Municipal de Puerto Morelos por El Verde, es decir, El Partido Verde.

Asimismo, al menos dos exalcaldes de Cancún están en la mira de las autoridades federales. Es el caso del expresidente de Benito Juárez y diputado federal por Quintana Roo, Roberto Estrada Barba, de la alianza PRI-PVEM-Nueva Alianza, y Greg Sánchez, presidente municipal entre 2008 y 2010, y quien, según el informe al que tuvo acceso Milenio, “es acusado por el gobierno argentino de presuntos delitos de lavado de activos y evasión fiscal por la compra en efectivo de una finca cerca de Buenos Aires, valorada en $ 2 millones de dólares, Estados Unidos”.

El expediente de inteligencia cuenta con datos proporcionados por la DEA, que advirtió al gobierno mexicano que el inicio de operaciones de las células rumanas data del sexenio de Félix Arturo González Canto, gobernador de Quintana Roo entre 2005 y 2011, quien colaboró ​​en el establecimiento de estos grupos criminales.  

El exgobernador priista fue investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera del Ministerio de Hacienda por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Durante su gestión, la Auditoría detectó un desvío de fondos por 20 millones de pesos.

La conspiración policial

Junto a las conexiones políticas, el gabinete de seguridad ha documentado la existencia de un aparato de funcionarios de la Fiscalía de Quintana Roo y policías locales que ayudaron a proteger al jefe rumano.

Entre ellos se encuentra Pablo Mauricio Amezcua Dorador, exdirector de Inspección de Quintana Roo y detenido en 2019 en Miami por posesión de heroína y miles de dólares en efectivo.

Amezcua confesó en Panamá que se dedicaba al lavado de activos con inversión en desarrollo inmobiliario. La DEA lo identifica como el encargado de conectar vía Cancún-Rumanía el tráfico ilícito de sustancias y el tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual.

Asimismo, Jesús Aíza Kaluf, “El Sirio”, quien fue subdirector de operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública en Veracruz y secretario de Seguridad Pública en Benito Juárez, Quintana Roo, en 2014. Actualmente, según las investigaciones de inteligencia de la seguridad gabinete, es accionista de tres empresas y abogó ante la Fiscalía General a favor de Tudor y Adrián Cosmin, su principal socio.

A partir del 29 de octubre de 2020, el gabinete de seguridad acordó reforzar la investigación contra esta red, con la que la Unidad de Finanzas logró congelar 79 cuentas la semana pasada, incluidas las del rumano Florian Tudor, sus empresas financieras y operadores.

Entre el lunes y martes de la semana pasada, 140 ciudadanos rumanos que arribaron a Cancún en vuelos de Lufthansa y Airfrance fueron detenidos por las autoridades migratorias, luego de que se sospechara que algunos estaban relacionados con Tudor.

El miércoles 3 de febrero, el cónsul honorario de Rumania en Quintana Roo informó que de las 140 personas detenidas, 136 lograron ser admitidas para ingresar al país, mientras que otras cuatro fueron repatriadas.

Desde el 30 de enero, más de un centenar de personas de origen rumano han sido detenidas por autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo, bajo la justificación de que algunos de los detenidos cuentan con alerta de viaje. 

En concreto, varios de estos turistas están supuestamente relacionados con delitos como la clonación de tarjetas y la trata de personas:

Durante poco más de un año, las autoridades del gobierno mexicano han apuntado a un grupo de rumanos presuntamente relacionados con estos delitos, y la retención ha provocado denuncias de las autoridades rumanas.  

Cabe recordar que a fines de marzo de 2019 Milenio informó que el Ejército Mexicano detuvo a dos rumanos en Cancún: “Florian” T “y Adrián” C “; en ese momento portaban un arma de uso reservado, varios cartuchos útiles, un vehículo de lujo y alrededor de $ 26,000 en efectivo. 

Si bien fueron liberados por falta de pruebas, posteriormente, mediante orden de aprehensión, fueron detenidas otras dos personas de la misma nacionalidad. El nombre de “Florian” T “llamó la atención internacional, ya que en Rumania es buscado por fraude cibernético, robo de información y clonación de tarjetas bancarias, aunque en México es el principal socio de Intacash, empresa de cajeros automáticos con gran presencia en Cancún, Isla. Mujeres y Playa del Carmen. 

En septiembre de 2015, el diario británico Daily Mail publicó una extensa investigación realizada en Cancún por un experto en ciberseguridad que detectó que al menos 19 cajeros automáticos ubicados en la Riviera Maya habían sido intervenidos. Según la publicación, la clonación de tarjetas en el Caribe mexicano, frecuentado por millones de turistas cada año, rinde más de $ 5,000,000 USD mensuales. 

Debido a la retención de ciudadanos rumanos que arribaron a Cancún en un vuelo de Lufthansa, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió una denuncia de las autoridades rumanas, que fue remitida al INM. En un comunicado, las autoridades rumanas indicaron que “entre el 30 y 31 de enero de 2021, la embajada de Rumania en la Ciudad de México recibió una serie de solicitudes de asistencia consular de ciudadanos rumanos a quienes no se les permitió ingresar a los Estados Unidos Mexicanos, a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México y Cancún”.

Vinculan a los ex gobernadores de Quintana Roo Félix Arturo González Canto y Roberto Borge Angulo, respectivamente, con la mafia rumana liderada por Florian Tudor.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rumanía, las autoridades mexicanas indicaron diversos motivos para detener a las personas, entre ellas que el propósito del viaje no estaba justificado y que otros tenían alertas de viaje que se activaban al revisar sus documentos. 

Los tentáculos de la Drug Enforcement Administration (DEA, por sus siglas en inglés) establecieron una conexión Cancún-Rumanía en materia de tráfico ilícito de drogas y trata de personas con fines de explotación sexual, luego de la detención en Miami, Florida, de la pareja del exgobernador. Félix González Canto y el ex funcionario municipal de Benito Juárez, Pablo Mauricio Amezcua Dorador.

Fuentes de la DEA revelaron que la captura en Miami, Florida, de Amezcua Dorador, luego de aterrizar a bordo de una aeronave privada procedente de Panamá en septiembre de 2019, las investigaciones llegaron a Cancún, Quintana Roo, donde el exdirector de Inspección en tiempos del expresidente de Benito Juárez, Gregorio “Greg” Sánchez, quien permaneció en el cargo durante la presidencia interina de la fallecida Latifa Muza Simón, es dueño de una empresa en sociedad con Laurentiu Manea, un mexicano de origen rumano.

Según Sol Quintana Roo, la investigación de las autoridades estadounidenses se centra en Pablo Mauricio Amezcua Dorador y Laurentiu Manea, ambos socios de la empresa “Party Brothers SA de CV” creada en abril de 2018 y dedicada a la apertura de clubes nocturnos y restaurantes en Cancún. Playa del Carmen y en Mérida, Yucatán. Pablo Mauricio Amezcua Dorador, fue Director de Inspección, durante el trienio presidencial compartido por los alcaldes cuestionados Gregorio Sánchez Martínez y la difunta Latifa Muza Simón en el municipio de Benito Juárez.

Desde aquella época dorada de la corrupción en el municipio de Benito Juárez, Amezcua Dorador fue señalada por cometer actos indebidos en la función pública.

Este exfuncionario apareció en las investigaciones de la Auditoría Superior del Estado en el año fiscal de la cuenta pública 2009 del Ayuntamiento Benito Juárez en la administración 2008-2011 donde hubo una malversación de 18 millones de pesos.

De acuerdo a las investigaciones del órgano de auditoría, estos fueron recursos por conceptos de anticipos salariales, gastos a verificar, viáticos, entre otros, los cuales no han sido pagados o verificados al cierre del ejercicio fiscal correspondiente, sin embargo, son actos. que violó la función pública.

Además, durante el tiempo de Amezcua Dorador como Directora de Inspección en el municipio de Benito Juárez, comerciantes y empresarios fueron víctimas de un verdadero terrorismo de cierres y extorsiones para quienes no cumplieron con los sobornos comandados por este personaje hoy acusado de narcotráfico.

No fue hasta 2019 que fue detenido en Miami, Florida, en compañía del empresario Guillermo Barrera Lara, arresto que se produjo por elementos de la DEA cuando ambos aterrizaron a bordo de un vuelo privado procedente de Panamá.

Además de llevar grandes cantidades de dólares en el avión y también llevar consigo una cantidad considerable de heroína. Los dos sujetos fueron puestos a disposición del Juzgado del Distrito Sur de Florida, del Juzgado de Distrito de Estados Unidos, a cargo de la Jueza Lissette Marie Reid, hecho que se integró con el número de control 19-3350-MJ-REID en Estados Unidos. Tribunal de los Estados.

Cabe señalar que las fundadas sospechas de la DEA con respecto a la trata de personas con fines de explotación sexual se deben a que “Party Brothers SA de CV” podría ser una empresa tapadera dedicada a la captación de mujeres de origen extranjero introducidas a México para realizar en varias actividades poco claras.

En los estatutos sociales de “Party Brothers SA de CV” se indica que sus principales actividades son la realización de todo tipo de contratación, comercialización, promoción, producción, distribución y organización de actividades artísticas, culturales, sociales, deportivas, educativas, turísticas y actividades políticas.

Asimismo, “Party Brothers SA de CV” está facultada para realizar conciertos, exposiciones, seminarios, paneles, eventos, ferias, convenciones, funciones, concursos, torneos, campeonatos, concursos, festivales, espectáculos, giras, fiestas, festivales, excursiones, charreadas. , bailes populares, exhibiciones artísticas, subastas, bazares, exhibiciones gastronómicas, concursos, foros, pasarelas, sorteos, loterías, peleas y otros eventos y actividades similares tanto a nivel local, regional, nacional e internacional, como también, la comercialización, compra y venta de cualquier tipo de equipos y productos relacionados con esta actividad.

Además, tiene como objetivo promover, organizar y realizar todo tipo de eventos artísticos, conciertos, espectáculos, fiestas y actividades recreativas, tanto locales como al aire libre, organización de festivales, eventos y conciertos. También tiene entre sus activos la promoción y organización de espectáculos y eventos de carácter artístico, (malabaristas, magos, payasos, actividades musicales, cantantes, animación infantil, talleres lúdicos, fiestas populares y temáticas), entre otros.

El dúo Pablo Mauricio Amezcua Dorador y Guillermo Barrera Lara realizó negocios con el exgobernador de Quintana Roo Félix González Canto mediante la compra y venta de terrenos propiedad del patrimonio estatal. Como se dijo, ambos personajes fueron detenidos en Miami, Florida, en posesión de dinero de origen ilícito y drogas, por lo que no solo son socios sino también cómplices de actos que violan las leyes mexicanas y estadounidenses.

Guillermo Barrera Lara es propietario de la empresa “IPIC Tulum, SAPI DE CV”, con la que comercializa terrenos e inmuebles de origen sospechoso, en sociedad con Francisco Alfaro Gallaga, Marco Vinicio Javier Gallardo Espinoza, Mario Ramos Catala y Gerardo Miguel Gómez Nieto. Pero los negocios de Barrera Lara que ofenden a la gente de Quintana Roo y que fueron ampliamente documentados y denunciados fueron realizados con el ex gobernador Félix González Canto. Este personaje está vinculado al escándalo de operaciones sospechosas de inmuebles adquiridos a precios irrisorios ante el Instituto de Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública (IPAE) de Quintana Roo, precisamente por lo que se denunció al entonces gobernador, Félix González Canto.

Los hechos fueron documentados y denunciados por la asociación ‘Somos tus Ojos’, que preside la activista Fabiola Cortés. Informó que, en noviembre de 2007, Barrera Lara compró al IPAE, mediante el pago de 1,785,000 996 MD Pesos, un terreno con una superficie de 29,000,766 m2. Ese terreno multiplicó su valor cuando Barrera Lara lo vendió por casi cinco millones un año después a un empresario italiano, quien a su vez lo traspasó a la empresa Somix en 2008.

Para entonces el valor de la propiedad y la operación alcanzaba los 13 millones de pesos. Está ubicado sobre la Carretera Federal 307 con Carretera Boca Paila, Lote 001, Mz 007, Sm 001, Subdivisión de TULUM oficio DC1115 / 07 (Catastro). En ese momento y desde el inicio, el valor real de la propiedad era de 5 millones 953 mil 320 pesos.

Se sabe que el exgobernador González Canto ha referido que esta operación, junto a otras que suman más de cincuenta ventas de propiedades, habrían sido preescritas en caso de que se hubiera cometido un delito. Actualmente, la empresa de Guillermo Barrera Lara, inscrita en el Registro Público de la Propiedad es “IPIC Tulum, SAPI DE CV”, y fue creada en 2017 y está integrada por otros socios. Se trata de Francisco Alfaro Gallaga, presidente; Guillermo Barrera Lara, tesorero, Marco Vinicio Javier Gallardo Espinoza, Mario Ramos Catalá y Gerardo Miguel Gómez Nieto, secretarios, A, B y C, respectivamente.

Esta empresa se dedica a la captación, selección, contratación o dotación de recursos humanos y personales, ya sea por cuenta propia o por medio de terceros, para ofrecer servicios personales en diferentes áreas operativas, técnicas, administrativas y de negocio, de acuerdo a las necesidades de terceros. que lo requieran. 

Su objeto social es también la compra, venta, arrendamiento y subarrendamiento de todo tipo de inmuebles para establecer, instalar, operar, alquilar, alquilar, administrar y explotar hoteles, moteles, desarrollos o complejos turísticos, centros vacacionales, cabañas turísticas, hospitales, clínicas médicas, establecimientos comerciales en general, centros de entretenimiento, clubes sociales y deportivos, centros comerciales, cafeterías, restaurantes, bares, discotecas, clubes nocturnos y todas aquellas actividades relacionadas con la industria turística, gastronómica y de salud; alimentos naturales y procesados, materias primas, maquinaria y, en general, todo tipo de mobiliario, equipo y mercadería, así como el establecimiento de almacenes y comercios para estos artículos.

De acuerdo con la anotación ante el Registro Público de la Propiedad, también está facultado para organizar, administrar, operar, promover, representar, difundir y operar todo tipo de eventos públicos o privados, parques temáticos y de diversiones, así como restaurantes, bares, discotecas, hoteles, moteles, condominios, tiendas, show rooms, discotecas, resorts, centros de masajes, centros recreativos, de entretenimiento y hospedaje, así como la compra, venta, distribución y comercialización de vinos, licores, refrescos, cervezas; comprar, arrendar, vender, administrar, utilizar, operar y realizar todo tipo de operaciones con inflables publicitarios, neveras portátiles y, en general, cualquier producto utilizado para publicitar; ser agente, comisionista y mediador entre personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras;

El diseño, construcción, supervisión, subdivisión, subdivisión, constitución en régimen de condominio y remodelación de todo tipo de inmuebles, tales como terrenos, casas, condominios, hoteles, moteles, cabañas, locales comerciales, plazas comerciales, departamentos, restaurantes, bares, cafeterías, discotecas, locales nocturnos, sin contravenir lo dispuesto en la Ley de Inversión Extranjera.

Es de destacar que las empresas de los dos presuntos delincuentes dedicados al narcotráfico y trata de personas con fines sexuales, según la DEA, tienen actividades similares, es decir, “Party Brothers SA de CV” (de Pablo Mauricio Amezcua Dorador) y ” IPIC Tulum, SAPI DE CV “(de Guillermo Barrera Lara) tienen actividades coincidentes.

Llama la atención este hecho, por lo que son investigados por la DEA por las mismas razones, por lo que se estableció la conexión Cancún-Rumanía, en la que no escapa el ex gobernador Félix González Canto.

Tomado de http://www.borderlandbeat.com/  👉 👉Más detalles