Los gobernadores del presidente Cortizo, entre reciclajes y escándalos

Escándalos, renuncias, cambios y delitos flagrantes. Son los tropiezos de algunos de los gobernadores designados por el presidente Laurentino Cortizo, en el año y medio que lleva frente del Ejecutivo.

Los gobernadores son el brazo del Ejecutivo o la representación más cercana del mandatario en las 10 provincias y las tres comarcas del país.

La semana pasada, Cortizo hizo su tercera designación en la gobernación de Panamá. Reemplazó a Judy Meana, figura de su aliado Molirena, por la perredista Carla García, quien salió de la subdirección de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), en medio del escándalo de abusos a menores en albergues. Antes de Meana, el puesto fue ocupado por Sheyla Grajales, también del Molirena, quien más tarde fue designada ministra de Gobierno, cargo del que renunció. Ahora las 13 gobernaciones del país son ocupadas por miembros del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Hay desde exdiputados hasta miembros del Consejo Directivo Nacional del PRD.

Los casos

El 15 de septiembre de 2020 fue detenido con 79 paquetes de droga en Las Garzas de Pacora el entonces gobernador de Guna Yala, Martelo Robinson. La droga la transportaba en un carro oficial. En su lugar, Cortizo designó a Alexis Alvarado.

En los casos de renuncias para ocupar otros puestos dentro del gobierno, el mandatario ha hecho movimientos en la gobernación de Panamá Oeste, Veraguas y Coclé.

Los salarios de un gobernador oscilan entre $3 mil 500 y $4 mil 500, y tienen gastos de representación entre $500 y $1,000; todo depende del área donde sean designados. Además, tienen derecho a suministro de combustible y placa oficial. En el caso de la provincia de Panamá, quien ocupe el cargo también cobrará un beneficio, que pasa de los $100 por sorteo, por abrir las balotas de la Lotería Nacional de Beneficencia. Este pago puede aumentar y disminuir, dependiendo del gobierno de turno, confirmó una fuente de la Lotería.

La Ley 2 de 1987, que desarrolla el artículo 249 de la Constitución, establece las 33 funciones de un gobernador. Entre ellas, fiscalizar los proyectos del Ejecutivo y asistir con derecho a voz a las reuniones del Consejo Provincial.

Cristian Ábrego, de Conciencia Ciudadana, señaló que esta es una figura irrelevante que se usa para acomodos políticos. Aboga por que se elimine este cargo, lo cual implicaría una reforma constitucional.

Tomado de La Prensa