Panamá vuelve a sacar mala calificación en el combate a la #Corrupción

Un informe publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos (EEUU) sobre prácticas de derechos humanos, reveló que durante el 2020 la corrupción continuó siendo un problema grave en los poderes del Estado en Panamá.

“La ley establece sanciones penales por corrupción de funcionarios, pero el gobierno generalmente no implementó la ley de manera efectiva. La corrupción siguió siendo un problema grave en los poderes ejecutivo, judicial y legislativo, así como en las fuerzas de seguridad“, señala el documento.

En los últimos dos años han sido pocas las leyes que ha promovido el Gobierno y los diputados para combatir la corrupción en Panamá.

El documento hace referencia a las investigaciones que ha continuado realizando el Ministerio Público de Panamá sobre las denuncias de corrupción contra funcionarios públicos, pero los tribunales desestimaron casos de corrupción de alto perfil debido a la “falta de pruebas” o los “errores de procedimiento” de los fiscales.

Asimismo se refiere a las investigaciones realizadas a dos expresidentes, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, y dos ex ministros, Demetrio “Jimmy” Papadimitriu y Jaime Ford, por corrupción relacionada con el caso Odebrecht. Martinelli también fue acusado de utilizar B/.43 millones en fondos públicos para comprar el grupo de periódicos pro Martinelli Editora Panamá América.

De igual forma se refiere a las denuncias de corrupción por parte de la administración en ejercicio durante el año 2020, producto de varios escándalos de alto perfil relacionados con adquisiciones para combatir la pandemia de coronavirus, ante lo cual en los meses abril y septiembre, el Ministerio Público abrió investigaciones separadas contra instituciones del gobierno central por presuntamente pagar en exceso por ventiladores y comprar ventiladores usados.

Sobre la corrupción y la falta de rendición de cuentas entre la policía, señala que en julio, las autoridades presentaron cargos por tráfico de armas y armas contra más de 25 personas, la mayoría de las cuales eran funcionarios de seguridad de alto nivel durante el gobierno anterior y los cargos involucraban la distribución ilegal a los funcionarios de armas importadas legalmente, algunas designadas como “armas de guerra”; añadiendo que la Dirección de Asuntos de Seguridad Pública, la oficina dentro del Ministerio de Seguridad que regula y licencia las armas de fuego, estuvo asociada con la corrupción en el pasado, y al menos dos exdirectores de oficiales enfrentaron cargos, uno de ellos implicado en el caso de tráfico de armas de julio.

En cuanto al tema sobre discriminación, abusos sociales y trata de personas, el informe arroja que las violaciones continuaron constituyendo la mayoría de los delitos sexuales investigados por la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional; mientras que hasta el mes de octubre de 2020, el Ministerio Público había reportado 12.540 nuevos casos de violencia doméstica en todo el país, incluidos tres intentos de feminicidio y 24 feminicidios, un aumento de casi el 50 % en los feminicidios desde julio de 2019, siendo la provincia de Colón y la Comarca Ngäbe Bugle las regiones que lideraron las cifras con seis feminicidios cada uno, seguido por el distrito de San Miguelito con cinco casos.

Sin embargo, durante el período de cierre tras la declaración de emergencia ante la pandemia de coronavirus, los casos denunciados de violencia doméstica se desplomaron, lo cual algunos funcionarios del gobierno atribuyeron a la “ley seca” del gobierno, que prohibía la venta de alcohol del 25 de marzo al 22 de junio, en tanto las organizaciones de derechos de la mujer consideraron que las oficinas gubernamentales cerradas y el acceso limitado al sistema de justicia eran las principales razones de la reducción de los casos denunciados.

Añade que el Departamento de Estado publicará un anexo a este informe a mediados de 2021 que amplía la subsección sobre Mujeres en la Sección 6 para incluir una gama más amplia de cuestiones relacionadas con los derechos reproductivos.

Con relación al abuso infantil, las estadísticas del Ministerio Público a julio informaron que 2,887 niños fueron víctimas de diferentes tipos de abuso; y consideró que esta cifra no se informó; además funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública procesaron casos de abuso sexual de niños, incluso dentro de las comunidades indígenas; creían que se producía explotación sexual comercial de niños, incluso en zonas turísticas de la ciudad de Panamá y en comunidades playeras, aunque no mantuvieron estadísticas separadas, y  hasta julio solo se reportó un caso de turismo sexual infantil.

Sobre el tema de las condiciones de las prisiones y centros de detención, el informe indica que a octubre el sistema penitenciario tenía 17.895 reclusos en instalaciones con una capacidad prevista de 14.591 reclusos; los detenidos en prisión preventiva compartían celdas con los presos condenados debido a limitaciones de espacio. Las condiciones carcelarias para las mujeres eran en general mejores que para los hombres, pero las condiciones para ambas poblaciones eran malas, con algunas instalaciones superpobladas, seguridad y atención médica inadecuadas para los reclusos y falta de suministros básicos para la higiene personal.