Imputan a exfuncionario de la Senniaf #Panamá

El juez de Garantías José Félix Sánchez imputó cargos por la presunta comisión del delito de maltrato a menores e impuso medidas cautelares de impedimento de salida del país y notificación semanal al excoordinador jurídico de la Dirección de Protección de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Michael Olson.

El caso data de mediados del año pasado y guarda relación con el traslado de menores de edad al Refugio Vida Libre, situado en las Garzas de Pacora, que atiende a adultos con adicciones a las drogas, uno de los cuales habría abusado sexualmente de un adolescente.

Olson, de 29 años, fue arrestado por agentes de la Policía Nacional la mañana del pasado lunes en su residencia de Villa Lucre, cuando se disponía a ir a trabajar en la Gobernación de Panamá, a cargo de Carla García, quien casualmente se desempeñó como subdirectora de la Senniaf desde comienzos de este gobierno y hasta el pasado 8 de febrero.

El juez Sánchez decidió sobre la aprehensión, imputación y medidas cautelares en tres audiencias distintas, aunque consecutivas.

En una primera audiencia, el juez concluyó que el arresto de Olson fue ilegal, ya que el Ministerio Público no lo notificó previamente sobre la investigación.

En relación con las medidas cautelares, la Fiscalía Superior de Familia –a cargo del fiscal Aurelio Vásquez– solicitó la detención provisional con el argumento de que Olson, en su condición de coordinador jurídico de la Dirección de Protección de la Senniaf, sabía de las irregularidades bajo investigación y podía representar un riesgo para el proceso al tener acceso a documentos relacionados con el caso.

Sin embargo, la defensa pública del acusado refutó tales argumentos y precisó que éste renunció a la Senniaf hace siete meses, por lo que no representa un riesgo para el proceso. La abogada fue quien reveló que Olson trabaja en la Gobernación de Panamá y, según el nodo de transparencia de la Presidencia, lo hace como coordinador de planes y programas, y gana $2 mil 800.

La defensora pública también rechazó los argumentos de la fiscalía respecto a que Olson tenía conocimiento sobre la existencia de informes previos sobre las irregularidades en el albergue.

En tal sentido, Vásquez admitió no estar seguro si Olson sabía sobre dichos documentos.

Al terminar la participación de las partes, el juez Sánchez rechazó la solicitud de la fiscalía de imponer una medida cautelar de detención provisional al acusado y, en cambio, le impuso medidas cautelares de impedimento de salida del país y de notificación los días viernes de cada semana.

Asimismo, le prohibió acercarse a cualquier instalación de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

En cuanto a la imputación, el juez de Garantías validó la petición de la fiscalía.

El juez de Garantías José Félix Sánchez imputó cargos por la presunta comisión del delito de maltrato a menores e impuso medidas cautelares de impedimento de salida del país y notificación semanal al excoordinador jurídico de la Dirección de Protección de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Michael Olson.

El caso data de mediados del año pasado y guarda relación con el traslado de menores de edad al Refugio Vida Libre, situado en las Garzas de Pacora, que atiende a adultos con adicciones a las drogas, uno de los cuales habría abusado sexualmente de un adolescente.

Olson, de 29 años, fue arrestado por agentes de la Policía Nacional la mañana del pasado lunes en su residencia de Villa Lucre, cuando se disponía a ir a trabajar en la Gobernación de Panamá, a cargo de Carla García, quien casualmente se desempeñó como subdirectora de la Senniaf desde comienzos de este gobierno y hasta el pasado 8 de febrero.

El juez Sánchez decidió sobre la aprehensión, imputación y medidas cautelares en tres audiencias distintas, aunque consecutivas.

En una primera audiencia, el juez concluyó que el arresto de Olson fue ilegal, ya que el Ministerio Público no lo notificó previamente sobre la investigación.

En relación con las medidas cautelares, la Fiscalía Superior de Familia –a cargo del fiscal Aurelio Vásquez– solicitó la detención provisional con el argumento de que Olson, en su condición de coordinador jurídico de la Dirección de Protección de la Senniaf, sabía de las irregularidades bajo investigación y podía representar un riesgo para el proceso al tener acceso a documentos relacionados con el caso.

Sin embargo, la defensa pública del acusado refutó tales argumentos y precisó que éste renunció a la Senniaf hace siete meses, por lo que no representa un riesgo para el proceso. La abogada fue quien reveló que Olson trabaja en la Gobernación de Panamá y, según el nodo de transparencia de la Presidencia, lo hace como coordinador de planes y programas, y gana $2 mil 800.

La defensora pública también rechazó los argumentos de la fiscalía respecto a que Olson tenía conocimiento sobre la existencia de informes previos sobre las irregularidades en el albergue.

En tal sentido, Vásquez admitió no estar seguro si Olson sabía sobre dichos documentos.

Al terminar la participación de las partes, el juez Sánchez rechazó la solicitud de la fiscalía de imponer una medida cautelar de detención provisional al acusado y, en cambio, le impuso medidas cautelares de impedimento de salida del país y de notificación los días viernes de cada semana.

Asimismo, le prohibió acercarse a cualquier instalación de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

En cuanto a la imputación, el juez de Garantías validó la petición de la fiscalía.

Al terminar las audiencias, el fiscal Vásquez explicó que Olson es investigado por tener conocimiento pleno de lo que estaba ocurriendo en los albergues, sobre todo lo relacionado con la disponibilidad de colocar a los menores dentro del albergue para adultos.

El fiscal detalló que el delito imputado, maltrato al menor, puede cometerse al causar, permitir o incluso aplicar tratos negligentes.

“En este caso, lo que se discute es la presencia de menores en centros que no necesariamente recibían a niños, niñas y adolescentes. Es decir, esa actuación de poner en riesgo a menores, quienes en su momento estuvieron mucho tiempo albergados en esos lugares […] Eso no era parte de las funciones que, como garante de la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, tenía que desempeñar [este funcionario]. Ese es el delito por el cual se le está imputando”, explicó Vásquez.

Por los abusos a los que fue sometido uno de los menores trasladados al refugio en Pacora, un Juzgado de Garantías dictó detención provisional a un hombre de 23 años en marzo pasado.

Este es uno de los 18 procesos que sigue el Ministerio Público por abusos cometidos contra niños, niñas y adolescentes en albergues que estaban bajo la tutela de la Senniaf.