3 servidores públicos en la mira de la Fiscalía por el escándalo de las más de 500 bolsas de comida de Panamá Solidario

Tres funcionarios. Dos del Ministerio de Obras Públicas y uno del Ministerio de la Presidencia, serían las tres personas que son buscadas por el Ministerio Público. Uno de los señalados sería el hijo del Gobernador de Coclé.

La Fiscalía Anticorrupción ordenó la aprehensión de tres funcionarios por su presunta vinculación con el hallazgo de 509 bolsas de comida del plan Panamá Solidario en una residencia de San Francisco, informó el Ministerio Público ayer a través de un comunicado.

Se trata de dos funcionarios del Ministerio de Obras Públicas (MOP), mientras que el tercero labora en la Presidencia de la República.

De acuerdo con las pesquisas, los tres funcionarios son sospechosos de haber cometido delitos contra la administración pública.

En el comunicado, el Ministerio Público precisó que la orden de aprehensión fue librada “luego de realizadas múltiples diligencias que han permitido establecer la posible vinculación de estas personas”.

Precisamente, funcionarios de la fiscalía realizaron una inspección la semana pasada en el Centro de Convenciones Atlapa, donde opera el plan Panamá Solidario y se se confeccionan las bolsas de comida. Asimismo, se presentaron en la Presidencia de la República con la intención de recabar pruebas relacionadas con los hechos investigados.

El proceso se originó el pasado sábado 12 de junio, a partir de una denuncia pública del medio digital Foco Panamá.

Al día siguiente, la fiscal Anticorrupción Ruth Morcillo allanó la residencia de Julio Caballero en San Francisco, donde fueron localizadas las bolsas de comida.

Caballero, voluntario del programa Panamá Solidario, fue aprehendido ese día y dejado en libertad el miércoles 16 de junio, porque debía ser presentado ante un juez de garantías en las siguientes 48 horas después de su captura, a fin de legalizar su aprehensión, pero esto no ocurrió.

De acuerdo con fuentes ligadas al proceso, ese trámite no se cumplió porque las autoridades no tenían claro el alcance de la participación de Caballero y, por tanto, correspondía dejarlo en libertad.

Paralelamente con la pesquisa que sigue el Ministerio Público, la Fiscalía General Electoral también abrió una investigación de oficio relacionada con las anomalías en el manejo de las bolsas de comida.