Vuelven a la cárcel dos acusados en el caso más reciente de posible corrupción de obra pública en Costa Rica

El Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública de Costa Rica revocó este lunes la fianza otorgada por un tribunal penal a los empresarios Carlos Cerdas Araya y Mélida Solís Vargas, acusados de cohecho y otros delitos de corrupción en la obra pública. Ambos regresaron a la cárcel ese mismo día para cumplir prisión preventiva durante cuatro meses.

La decisión responde a la apelación presentada por la Fiscalía, que consideraba que las medidas sustitutivas impuestas inicialmente no mitigarían el peligro de fuga.

Araya y Solís son dueños de las constructoras MECO y H. Solís respectivamente, dos de las empresas señaladas en el caso más reciente de presunta corrupción en obra pública en Costa Rica.

La reacción de los empresarios acusados

El abogado de Carlos Cerdas, Erick Ramos, dijo a CNN que la decisión del Tribunal transgrede las garantías fundamentales del imputado y vulnera su estado de inocencia. Agregó que la jurisprudencia más añeja ha establecido los parámetros que fundamentan las medidas cautelares y que la prisión preventiva debe ser excepcional, además de “que su cliente ha demostrado arraigo en un proceso que tiene cuatro años y no dos, como sostienen las autoridades judiciales.”

Francisco Campos, del equipo defensor de Mélida Solís, dijo a CNN que les tomó por sorpresa la decisión del Tribunal, porque incluso habían ofrecido otras medidas sustitutivas más severas, pero la fianza impuesta era más favorable, por lo que no la apelaron. Insistió en que “Solís ha respondido a todo llamado de las autoridades judiciales en este y otros procesos, cumpliendo a cabalidad”.

Tanto Ramos como Campos dijeron que en estos momentos evalúan los “remedios constitucionales que el ordenamiento jurídico otorga” porque la decisión del Tribunal no tiene apelación. Campos dijo que analizan la opción de un habeas corpus, una medida que da la posibilidad de comparecer de forma inmediata ante un juez, para que este determine la legalidad o no de un arresto.

Más de 50 allanamientos, incluido el de la Casa Presidencial, en el marco del caso ‘Cochinilla’

Este caso es conocido como “Cochinilla”, en referencia al insecto cochinilla del carmín (Dactylopius coccus), que se alimenta de la savia de las plantas provocando gran debilidad, e implicó 57 allanamientos, incluidos la Casa Presidencial y otras 13 instituciones el 11 de junio.

Según el Organismo de Investigación Judicial, se investigan los delitos de cohecho, peculado, pagos irregulares de contratos administrativos, tráfico de influencias, malversación de fondos, asociación ilícita, estafas y falsedad ideológica.

El director del OIJ Walter Espinoza dijo, el día de los allanamientos, que desde 2019 recibieron denuncias “concretas y directas” sobre la existencia de un grupo de funcionarios públicos que presuntamente “estarían coludiendo con miembros, empleados, representantes y dueños de empresas privadas de muy alto nivel que usualmente ganaban las adjudicaciones”, y que supuestamente estarían malversando fondos, favoreciendo determinados proyectos y personas, además de afectar el erario público.

Agregó que hay una “laguna de naturaleza presupuestaria” generada por traslados irregulares que ronda el equivalente a US$ 126 millones entre 2018 y 2020. “No significa que ese dinero se haya sustraído, sino que fue malversado. Lo utilizaron para fines diferentes sin autorización y eso ha generado situaciones que se materializan en entrega de sobornos”, explicó Espinoza.

Tomado de CNN

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