Élites y crimen organizado en Nicaragua

En el proceso de expandir su influencia, las organizaciones criminales transnacionales usualmente desarrollan relaciones cercanas con las élites para obtener protección y acceso a recursos. Esta faceta llama la atención de los gobiernos y académicos debido a la amenaza que representa el crimen organizado transnacional para la seguridad y la economía.

El interés por comprender a las élites no es nuevo y se ha estudiado desde diferentes perspectivas. Para efectos de este estudio se define a las élites como grupos específicos con una posición privilegiada que les permite dirigir, influir o controlar aspectos de la organización social, tales como las relaciones y expresiones políticas, económicas, sociales y culturales.

Las formas en que se relacionan estas élites de poder y los grupos criminales implican en ocasiones la construcción de vínculos que benefician mutuamente a ambos grupos y les permiten promover sus propios intereses, tal y como se puede apreciar en Latinoamérica, especialmente en México y Colombia, donde se conocen casos emblemáticos que ilustran el alcance de estas relaciones.

*Este informe fue elaborado entre InSight Crime y Expediente Abierto y contó con la colaboración de periodistas nicaragüenses que, por la situación que pasa ese país, solicitaron que sus nombres fueran omitidos. El informe fue coordinado por Javier Meléndez. Steven Dudley y Hannah Stone contribuyeron también al reportaje y la edición.

Lo anterior se debe, en gran medida, a la ubicación geográfica de ambos países. México y Colombia están considerados como las puertas de entrada y salida de la producción y el tráfico de drogas que tienen como destino a Estados Unidos, el más grande consumidor de cocaína a nivel mundial y en el hemisferio. Centroamérica, la región intermedia, es utilizada por estos grupos criminales transnacionales como corredor de tránsito y para asegurar sus operaciones. Por tanto, requieren de la participación de los grupos de poder para proteger sus operaciones, lavar sus capitales y asegurar su impunidad.

Nicaragua, como otros países de la región, no es inmune a los grupos de crimen organizado, que han buscado cómo instalarse y penetrar las estructuras de poder, institucionales o fácticas, para asegurar sus actividades. ¿Qué nivel de penetración han alcanzado?, ¿cómo lo han hecho?, y ¿qué formas toma la relación entre élites de poder y crimen organizado?, son algunas de las preguntas que este estudio intenta responder. Para eso, describe cómo los intereses del grupo criminal se relacionan con los de las élites de poder y las burocracias estatales, cómo aprovechan los vacíos o déficits institucionales para sus actividades y cómo se construyen vínculos de beneficio mutuo recubiertos bajo la forma de relaciones de amistad o familiares. La investigación revela que no es un encuentro casual, sino el resultado de acciones premeditadas, buscadas por ambos actores aprovechando la ausencia institucional y la opacidad que prevalece en las instituciones estatales, así como las zonas grises que existen en los mecanismos de control y transparencia de la gestión pública. Vacíos y ausencias que funcionan como incentivos para este tipo de relaciones simbióticas, alimentándolas y potenciándolas.

Élites y poder en Nicaragua

En Nicaragua existe una escasa discusión acerca del papel que juegan las élites al respecto, aunque estos grupos son percibidos dentro de la cultura política nacional como factores importantes para explicar los procesos políticos del país y la corrupción que se relaciona con ellos. Algunas de las investigaciones más conocidas realizadas en el país durante las dos últimas décadas analizan el tema desde dos perspectivas: su cultura política y sus estructuras y procesos de conformación. Estos estudios permiten identificar élites de poder que por sus vínculos políticos, económicos o sociales tienen un claro interés en ocupar al Estado y sus recursos para consolidarse y, potencialmente, cometer actos de corrupción.

De 1979 a la fecha, diferentes élites de poder han competido por ocupar posiciones privilegiadas en el Estado para favorecer, desde allí, sus intereses. En ese proceso se pueden identificar dos momentos importantes: la Revolución Sandinista y el período de las democracias liberales que se instaló a partir de 1990. En ambos casos se produjo un cambio en el proyecto político y en el modelo económico que facilitó la competencia entre élites.

Del círculo de poder de la dictadura a la alianza de la revolución

En sus años finales, la dictadura de los Somoza —que mantuvo la presidencia por más de tres décadas en el siglo XX— estaba conformada como una dinastía familiar, respaldada por la alta oficialidad de la Guardia Nacional. El control monopólico que los Somoza y sus allegados ejercían sobre el sistema político y sobre las principales actividades económicas del país generó un enorme malestar entre la sociedad nicaragüense, entre ellos, los dos grupos económicos más importantes del país: la oligarquía tradicional, vinculada a las actividades y la gran propiedad agropecuaria, y un joven empresariado vinculado a las actividades industriales y el comercio que buscaba nuevas oportunidades de inserción mundial. Ambos grupos se aliaron en el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP). El descontento de estos dos grupos era similar: no estaban conformes con la forma en que el monopolio de los Somoza sobre las actividades económicas del país no les permitía desarrollarse y expandirse.

Los líderes de partidos opositores —quienes tenían vínculos con los dos grupos económicos principales— así como intelectuales de clase media, tampoco estaban de acuerdo con el statu quo del país. Ninguno de estos grupos encontraba espacio en el sistema político ni en el Estado. Las organizaciones que los agruparon fueron el Frente Amplio Opositor (FAO), que reunía a empresarios, profesionales e intelectuales vinculados con la gran empresa privada; la Unión Nacional Opositora (UNO), conformada por líderes de partidos políticos, algunos empresarios privados y directivos de medios de comunicación; y el Grupo de los Doce, conformado por intelectuales y escritores reconocidos en el país —incluyendo a Carlos Tünnermann, Sergio Ramírez, Arturo Cruz, Miguel d’Escoto, Fernando Cardenal y Joaquín Cuadra Chamorro.

Entre los años de 1978 y 1979, el nivel de descontento facilitó el establecimiento de una alianza amplia entre distintos grupos de la sociedad civil y grupos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), la organización guerrillera que intentaba el derrocamiento de la dictadura. Además de los grupos económicos y la oposición política, la alianza incluía grupos provenientes de las comunidades cristianas, trabajadores, obreros, estudiantes, campesinos y sectores populares de zonas urbanas. Esta alianza fue definida como un frente amplio de oposición y estableció mecanismos de representación a nivel local y nacional; desde la dirección colegiada de las acciones insurreccionales y grupos de la sociedad civil, hasta la conformación de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN), instalada después de la caída de la dictadura.

Una vez que se alcanzó el objetivo principal y el régimen somocista fue derrumbado en 1979, la revolución y el frente amplio que se conformó alrededor del FSLN se enfrentaron a grandes retos, como la refundación del Estado, la reconstrucción luego de la guerra civil y la respuesta a las expectativas de los diferentes actores nacionales y externos respecto al futuro del país y la democracia.

La alianza se rompió tempranamente cuando la dirigencia del FSLN —bajo la presidencia de Daniel Ortega— definió al proceso como socialista, ocupó todos los espacios de poder dentro del Estado y comenzó a tomar decisiones que afectaban claramente los intereses del gran empresariado privado y la oligarquía terrateniente. Estas decisiones incluían la expropiación de latifundios y fábricas, así como la nacionalización de sectores clave de la economía, como la importación de combustibles, el sector energético, el sector minero, entre otros.

El régimen sandinista enfrentó otros problemas, entre ellos una confrontación con fuerzas contrarrevolucionarias apoyadas por Estados Unidos. Conocidos como los Contra, este grupo armado estaba conformado en sus inicios por miembros de la derrocada Guardia Nacional, pero poco tiempo después sus filas fueron engrosadas, en su mayor parte, por campesinos del país, fundamentalmente aquellos que residían en las zonas de guerra.

Los Contras fueron mantenidos por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA por sus iniciales en inglés) y operaban desde la remota frontera entre Honduras y Nicaragua. Este grupo acabó con recursos vitales para los sandinistas y desarrolló una guerra de desgaste que afectó psicológica y emocionalmente a la sociedad nicaragüense. Este conflicto prolongado también radicalizó al liderazgo sandinista, dándole voz y voto al sector más radical del partido.

A pesar de esas escisiones y retos presentados por la guerra, los sandinistas y otros grupos de oposición lograron conformar un bloque de poder integrado por: 1) la dirigencia revolucionaria, compuesta por personas provenientes de la clase media-alta, 2) el estamento militar, intelectuales y los llamados empresarios “patrióticos” y 3) personas provenientes de la oligarquía terrateniente vinculados con el proceso revolucionario. Esta alianza política también incluía sectores de la sociedad civil que se organizaron y participaron activamente en todo el proceso revolucionario. Ese bloque formó el centro de la coalición en el poder hasta la derrota electoral del FSLN en 1990.

La transición política y el intento por constituir una nueva élite de poder

En 1990, el proyecto revolucionario del FSLN fue derrotado por la alianza Unión Nacional Opositora (UNO), conformada por más de una decena de partidos y agrupaciones políticas de oposición, muchas de ellas vinculadas con la gran empresa privada. Violeta Barrios de Chamorro, candidata de la UNO, se convirtió en presidenta. Esta inesperada victoria electoral abrió un proceso sumamente complejo en el cual convergían al menos tres subprocesos distintos: el fin del conflicto armado con los Contras, el surgimiento de la democracia liberal, el cambio del modelo económico y la incorporación del país a la globalización. Estas fueron transiciones tumultuosas, ya que se dieron en un contexto de luchas por el poder entre diferentes fracciones de la clase política y capitalista del país.

Durante los primeros años de la llamada época democrática del país, la lucha por el poder provocó las escisiones tanto de la UNO como del FSLN. De acuerdo con los análisis Ángel Saldomando y David Close, estos grupos intentaban construir un “polo hegemónico” para liderar el proceso de transición democrática. Al menos tres fracciones provenientes de la UNO representaban al gran capital: 1) la oligarquía tradicional, 2) un nuevo grupo de empresarios privados y 3) líderes políticos; mientras que del lado del FSLN también se podían identificar otros tres grupos: uno, vinculado con la nomenclatura política y un grupo de grandes empresarios privados dentro del partido; otro, conformado principalmente por un grupo de militantes e intelectuales, y un tercer grupo conformado alrededor del alto mando militar.

Todos estos grupos entraron en un intenso proceso de negociaciones para constituir alianzas temporales que les permitieran ocupar espacios de poder estratégicos y acumular recursos económicos, principalmente a través del Estado, sus recursos y el amplio patrimonio estatal construido durante todo el período de la revolución. Esta primera lucha por el poder terminó cuando varias de las fracciones lograron reformar la Constitución en 1995. Sin embargo, las pugnas por el poder se reanudaron en 1996 cuando la coalición Alianza Liberal, encabezada por Arnoldo Alemán y su Partido Liberal Constitucionalista (PLC), llegó a la presidencia y desplazó a la UNO y al FSLN de sus posiciones.

Los integrantes de la Alianza Liberal provenían de sectores vinculados a la oligarquía tradicional: un grupo de políticos llamados “neosomocistas” y empresarios del sector financiero. Durante el período presidencial de Alemán, parte de esa élite económica y política, incluido el propio Alemán, se dedicó a constituir un grupo económico poderoso utilizando las instituciones estatales en su beneficio. Las principales acciones promovidas desde el Estado fueron la privatización de los servicios públicos, una acelerada restructuración de la tenencia de la tierra, y la apropiación de los fondos de cooperación externa recibidos para la reconstrucción del país luego del huracán Mitch en 1998. Aunque esta élite logró desplazar a las otras fracciones que luchaban por el poder, no pudo neutralizar por completo a la élite del FSLN. Encabezada por Daniel Ortega, la élite revolucionaria estaba conformada por la nomenclatura del partido y los empresarios sandinistas, la gran mayoría leales a Daniel Ortega.

Ambos grupos abrieron un proceso de negociaciones en 1998, el cual culminó con el llamado Pacto Alemán-Ortega un año después. Aunque los términos del pacto no fueron conocidos públicamente, tuvo efectos visibles en varias reformas a la Constitución Política relacionadas con las elecciones, la propiedad privada —en especial las pertenecientes a grandes empresarios y productores, así como las tierras adquiridas por los nuevos empresarios sandinistas y alemanistas durante el primer quinquenio de la década de 1990— y la distribución de las empresas surgidas de la privatización de los servicios públicos entre los empresarios de ambos grupos, principalmente en los sectores de las comunicaciones, la salud y la educación. El acuerdo entre ambas élites políticas y económicas se mantuvo hasta poco después del año 2007, cuando el líder del FSLN, Daniel Ortega, asumió nuevamente la presidencia del país y se deshizo de Arnoldo Alemán. Durante esos años, el país atravesó por varias crisis políticas que expusieron las contradicciones y las diferencias entre estas dos élites, además de otros grupos, que todavía disputaban el poder y los espacios estatales.

Desde el 2007 hasta abril de 2018, Daniel Ortega, su familia y empresarios prominentes del FSLN lograron consolidar su poder a través de dos vías: la construcción de alianzas con grupos estratégicos para insertarlos en los principales ejes de la economía nacional, tales como los grandes empresarios agroexportadores, inversionistas extranjeros —principalmente del sector de las telecomunicaciones y el turismo—, empresarios del sector financiero, así como el alto mando militar, y la “colonización” de todos los espacios de poder estatales, de tal manera que controla a la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el órgano electoral, los gobiernos locales (municipales y regionales) y los órganos del sistema de control de la administración pública. La fortaleza de esta élite se incrementó desde el 2007 y logró imponerse a las demás facciones opositoras mediante procesos privados de negociación, el establecimiento de alianzas económicas o la represión a sus competidores políticos para evitar que se convirtiera en una amenaza electoral.

Este grupo también ha cooptado a las fuerzas de seguridad para evitar amenazas externas a su proyecto político. Además, como lo demostraron las masivas protestas sociales iniciadas en abril de 2018, el despliegue de grupos parapoliciales y pandillas alentadas y apoyadas por el gobierno a través de la Policía Nacional evidencia que las élites en Nicaragua han transformado a las fuerzas de seguridad en policías clandestinas, cómplices y beneficiarias de la actividad criminal dentro del país.

La burocracia estatal y militar

El nivel de diferenciación y complejidad de las funciones de una sociedad se puede observar tanto en el nivel de desarrollo y especialización del Estado como en el de sus actividades económicas. De acuerdo con Max Weber y C. Wright Mills, las burocracias estatales se conforman de un grupo de personas con un cierto nivel de especialización. Esta burocracia crea, a su vez, élites burocráticas con poder sobre los recursos del Estado, incluidos los recursos políticos. Mills y Gaetano Mosca se concentran en analizar la conformación de las élites en Estados Unidos y Europa, respectivamente, explicando cómo se formó esta burocracia y se incorporó a las élites de poder mediante procesos en los que las élites burocráticas entretejieron relaciones y vínculos con las élites económicas y políticas hasta llegar a ser parte de ellas.

En Nicaragua el proceso de constitución de la burocracia estatal moderna comenzó durante la dictadura somocista con la especialización y profesionalización de los recursos humanos del Estado. A esta élite burocrática se sumó una casta militar proveniente de la Guardia Nacional. Esta Guardia Nacional eventualmente llegó a ser la institución de mayor poder de la dinastía Somoza; sin embargo, nunca rebasó su poder.

Con el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979, toda la institucionalidad estatal, incluidos sus recursos humanos, fueron sustituidos. En estos años se crearon nuevas jerarquías burocráticas donde miembros del FSLN tenían una fuerte influencia y discrecionalidad. Los principales cargos fueron ocupados por personas que, aunque poseían ciertos conocimientos técnicos, se encontraban en esos puestos debido a su cercanía con el régimen revolucionario y su trayectoria política en la lucha contra la dictadura somocista. Poco a poco se fue creando un estamento burocrático con acceso a los recursos del poder, especialmente las facultades para tomar decisiones de forma discrecional. Además, esta nueva burocracia estatal comenzó a construir lazos con miembros de la élite económica y figuras con gran reconocimiento entre las élites tradicionales. Algunos de estos lazos incluyeron familiares y descendientes de reconocidos somocistas.

Esta nueva élite de poder se conformó de una mezcla de personas de la clase media y alta que se habían involucrado en el proceso revolucionario, los empresarios patrióticos, la vieja oligarquía terrateniente en alianza con la revolución y el estamento militar que se formó con la sustitución de la Guardia Nacional por el Ejército Popular Sandinista (además, una buena parte de la oligarquía conservadora del país se vinculó con el proceso revolucionario y se ubicó en dos instituciones clave: el ejército y las finanzas). La importancia del ejército se derivó no solamente del poder que tenían por ser depositarios de la fuerza estatal y de las armas, sino también por la situación de guerra civil que se desencadenó durante los años ochenta entre el régimen sandinista y los Contras. Durante la década de los ochenta, el ejército logró ubicarse como un tomador de decisiones privilegiado en todos los ámbitos, desde el local hasta el nacional. Al ejército se subordinaban todas las demás autoridades estatales, especialmente en las zonas de guerra.

Por lo anterior, no es extraño que las más importantes negociaciones y decisiones políticas tuvieran como protagonistas a la jefatura del ejército. En este sentido destacan dos ejemplos: las negociaciones de Sapoá para el desarme de la contrarrevolución en 1989 y las negociaciones del Protocolo de Transición que aseguró el traspaso ordenado de gobierno en 1990. En ambos casos, las negociaciones estuvieron encabezadas por el General Humberto Ortega, hermano de Daniel Ortega y líder del ejército. El protagonismo del estamento militar en Nicaragua no se redujo a los aspectos políticos y de la guerra. Los miembros de la milicia nicaragüense también se constituyeron como empresarios, con una diversa red de compañías y negocios, de manera que, al producirse la derrota electoral de la revolución, el ejército tenía en sus manos un significativo poder económico.

Con la llegada de Chamorro a la presidencia en 1990, una buena parte de la burocracia estatal constituida durante la revolución salió del Estado y se trasladó a los espacios de la sociedad civil, principalmente como funcionarios en ONG nacionales e internacionales. Pocos miembros de la antigua burocracia permanecieron dentro de las instituciones del Estado. Nuevamente, tanto nuevos como antiguos funcionarios se fusionaron en una simbiosis, constituyendo una nueva élite de entretejidos vínculos laborales, políticos y familiares. La permanencia del Ejército aseguró la continuidad de la élite castrense y su protagonismo político, menos público, pero igualmente poderoso.

Un grupo de funcionarios allegados a la presidenta Chamorro, incluido su yerno y ministro de la presidencia, Antonio Lacayo, se alió con la cúpula militar, encabezada por Humberto Ortega, buscando constituirse en el polo hegemónico de la llamada transición política. Sin embargo, este grupo enfrentó oposición. Ortega fue forzado a retirarse de la jefatura militar y fue sustituido por el general Joaquín Cuadra, descendiente de uno de los grupos oligárquicos más antiguos y tradicionales del país. Además, la llegada de un nuevo gobierno de tendencia liberal, con Arnoldo Alemán al frente, significó una rotación importante en el funcionariado estatal y obligó a rehacer los vínculos entre las élites burocráticas y las cúpulas políticas.

Durante el período de gobierno de Chamorro, la élite burocrática instalada en el Estado incluía personas provenientes de grupos vinculados con la oposición política que permaneció dentro del país durante la década de los ochenta, empresarios privados, líderes de la oposición y de los Contra que regresaron al país en 1990 y jóvenes profesionales que habían sido educados fuera del país. El mando del ejército se renovó luego de la salida de Humberto Ortega con una nueva generación de oficiales que compartían las metas políticas del FSLN durante la clandestinidad. Sin embargo, durante los primeros años de los noventa, el tamaño del ejército se redujo de manera significativa, dejando espacio para que la élite militar se reafirmara en la cumbre de la pirámide estamental.

La policía nicaragüense también es parte esencial de la élite burocrática que se ha convertido en operador central del poder, tal como se ha podido comprobar en otros países, de acuerdo con nuestros estudios de caso. La policía nació en un vínculo estrecho con el FSLN. Tanto el ejército como la policía fueron creadas luego de la revolución de 1979, como el Ejército Popular Sandinista (EPS) y la Policía Sandinista (PS); mantuvieron sus nexos con el partido aun después de que Ortega perdió el poder en 1990, y los renovaron cuando regresó a la presidencia en el 2007, de tal manera que la policía se convirtió en la institución operadora de la represión y el asesinato de centenares de nicaragüenses a lo largo de diez años de gobierno Ortega, y especialmente durante las protestas iniciadas en abril de 2018.

Desde mediados de los noventa, cuando inició su proceso de profesionalización y modernización, hasta la llegada de Daniel Ortega a la presidencia en 2007, la policía ganó elogios internacionales por mantener controlada la delincuencia y la criminalidad, lo que se atribuye en gran medida a su estrategia comunitaria. La entonces directora, Aminta Granera, es uno de los mejores ejemplos de la construcción de nuevas élites y sus mezclas entre ellas durante las últimas décadas. Proveniente de una familia antigua y adinerada, se vinculó muy joven con el movimiento revolucionario, y luego del derrocamiento de la dictadura somocista se integró plenamente al gobierno sandinista.

Permaneció en la institución policial cuando inició la transición en los noventa, y durante los primeros años de su jefatura alcanzó un enorme reconocimiento y prestigio. De hecho, durante varios años mantuvo altos índices de aprobación para una figura pública. Una encuesta Gallup publicada en 2014 le daba un índice de aprobación de 79 por ciento. Ortega la siguió de cerca con 78 por ciento, pero sondeos anteriores también la habían puesto muy por delante del presidente, tal como una encuesta realizada en el 2012 que le dio una aprobación de 79 por ciento frente a 49 de Ortega. También tenía un alto perfil en la comunidad internacional, y era una invitada frecuente para explicar la estrategia de orden público en Nicaragua en foros y espacios públicos en el exterior.

Durante su primer período presidencial, la relación entre Ortega y Granera fue difícil de descifrar. Era evidente que dependía de ella para mantener la buena imagen del país en materia de seguridad, pero en cierta ocasión un cable diplomático estadounidense filtrado por WikiLeaks indicaba que Ortega sentía temor de que ella se convirtiera en una rival política y le disputara el poder. El cable también citaba a Granera, quien describía a Ortega frente al embajador de Estados Unidos como “un completo loco” y afirmaba que “lo único que la mantenía a salvo de la hostilidad de Ortega era su popularidad y su condición de figura pública de alto perfil”.

La policía, mientras tanto, se ha convertido en una institución dedicada al servicio de los intereses políticos de Ortega, manchada constantemente por diversos hechos de represión violenta contra cualquier manifestación de protesta o descontento contra el gobierno, así como por su complacencia y omisión en la contención e investigación de ataques por parte de los partidarios del gobierno (el caso más conocido es el de Ocupa INSS, en junio de 2013, cuando manifestantes que demandaban mayor acceso a pensiones de la tercera edad fueron golpeados por miembros del movimiento de Juventudes Sandinistas, vinculado al FSLN, mientras la policía se quedaba al margen. Un año después, no había ningún capturado por el ataque), incluso lo que se llaman “parapolicías”.

Hasta el 2018, y después de once años ininterrumpidos en el poder, Ortega ha concentrado en su persona todo el control sobre la policía, formalizado con la aprobación de una nueva ley de policía en julio de 2014, que designa al presidente como Jefe Supremo de la institución, lo que le permitía designar y remover a sus mandos.

Crimen organizado en Nicaragua

Según las estadísticas oficiales, Nicaragua experimenta menos violencia criminal que sus vecinos centroamericanos. Aparentemente ha logrado controlar el crimen organizado y la actividad de pandillas, a pesar de que en el país existen expresiones de ambos tipos de actividad delictiva. Las organizaciones criminales más prominentes transportan drogas ilícitas a lo largo de las costas y a través de las arterias más importantes del país. Estos grupos operan principalmente en áreas remotas; sin embargo, como lo ilustran nuestros casos de estudio, también han logrado penetrar de forma significativa algunas de las instituciones más importantes en la capital, Managua.

La tarea de las organizaciones criminales en Nicaragua es simplemente proveer un puente entre puntos estratégicos para el movimiento de drogas ilícitas. Esto requiere una gran cantidad de infraestructura y apoyo logístico en una parte amplia del territorio: desde pescadores comerciales hasta estaciones para abastecimiento de combustibles, pasando por despachos legales, hoteles y otros negocios de la industria turística, y policías y jueces. El negocio involucra numerosas personas de todas las etnias y clases sociales. En ocasiones, comunidades de escasos recursos que levantan el cargamento tirado al mar desde aviones o botes se han vuelto dependientes de las ganancias derivadas.

Estos grupos trabajan de cerca con organizaciones criminales extranjeras, a saber, mexicanos y colombianos. Varios operativos policiacos han ilustrado su tamaño y potencia. Tan solo en 2012, la policía desmanteló 15 organizaciones criminales e incautó ocho toneladas de cocaína y US$13 millones. Estos arrestos incluyen, por ejemplo, a 18 ciudadanos mexicanos que se hicieron pasar por personal de una cadena televisiva mexicana, los cuales fueron capturados con US$9.2 millones. El grupo fue enjuiciado y posteriormente repatriado a México en diciembre de 2013.

Tradicionalmente, los colombianos habían sido los extranjeros más relevantes, en parte por la proximidad de las islas colombianas de San Andrés y Providencia, que han sido usadas como punto de tránsito de mercancía ilegal. De acuerdo con exfuncionarios y oficiales en retiro de la Policía Nacional que fueron entrevistados para este reporte bajo petición de confidencialidad, grupos mexicanos también comenzaron a operar en Nicaragua a inicios de la década del 2000.

“Nosotros notamos el cambio de los narcotraficantes mexicanos por colombianos en 2004 cuando se hacían operativos en el Caribe”, dijo para este informe un alto oficial en retiro de la Fuerza Naval. “Los narcos mexicanos eran mucho más agresivos. En ese momento fue el instante de la ruptura. Los carteles colombianos habían sido golpeados y estaban perdiendo mucho en la captura que les estaban haciendo. Los colombianos llegaron a plantearles a los mexicanos que ‘yo les vendo la droga en Colombia, y ustedes se encargan de la comercialización’”.

Parte del dinero que se acumula por mover cocaína a través de Nicaragua es lavada dentro del mismo país, aun cuando no es uno de los puntos estratégicos para tal actividad. Más por presiones internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI) que por iniciativa propia, el gobierno de Nicaragua estableció un mecanismo contra el lavado de dinero en el año 2012, cuando creó la Unidad de Análisis Financiero (UAF). De acuerdo con diversas opiniones calificadas, desde su creación la UAF responde a una lógica de vigilancia política más que de control de los activos ilícitos por parte del gobierno. Tiene que trabajar en estrecha coordinación con la Superintendencia de Bancos, y Ortega nombró al frente de ella a dos leales oficiales en retiro del ejército y la policía.

De acuerdo con el último informe sobre el país, elaborado por el GAFI en 2017, a pesar de los avances, Nicaragua cuenta con un marco normativo insuficiente para controlar las actividades de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. De más de 40 recomendaciones formuladas con anterioridad, el nivel de cumplimiento es bajo, pues solamente se han alcanzado niveles de cumplimiento moderado en algunas de las recomendaciones básicas.

Como lo muestra nuestro primer caso de estudio, la corrupción llega aparentemente a los niveles más altos del gobierno; por su lado, el segundo caso de estudio ilustra cómo las actividades ilícitas están íntimamente relacionadas con el poder político.

*Este informe fue elaborado entre InSight Crime y Expediente Abierto y contó con la colaboración de periodistas nicaragüenses que, por la situación que pasa ese país, solicitaron que sus nombres fueran omitidos. El informe fue coordinado por Javier Meléndez. Steven Dudley y Hannah Stone contribuyeron también al reportaje y la edición.

Tomado de https://es.insightcrime.org/