Aumentan las multas para los funcionarios que hagan mal uso de los vehículos del Estado #Panamá

En la Gaceta Oficial de Panamá ya aparece el Decreto Ejecutivo N°167 de 22 de julio de 2021 que modifica el artículo octavo del Decreto N°124 de 27 de noviembre de 1996, que reglamenta el Decreto de Gabinete N°46 de 24 de febrero de 1972, que regula el movimiento de los vehículos de propiedad del Estado.

La modificación del artículo octavo quedará así:

  1.  El servidor público que conduzca el vehículo será sancionado con multa de doscientos balboas con 00/100 (B/.200.00).
  2. El jefe inmediato del servidor público que conduzca el vehículo y que lo utilice, autorice o consienta su uso fuera de horas laborales o para uso distinto al servicio público al que está destinado, será sancionado con multa de trescientos balboas con 00/100 (B/.300.00).
  3. El jefe de transporte o el director Administrativo o la autoridad institucional que utilice, autorice o consienta el uso de un vehículo de propiedad estatal, fuera de horas laborales o para uso distinto al servicio público al que está destinado, será sancionado con multa de quinientos balboas con 00/100 (B/.500.00).

La modificación establece además que cuando la Contraloría General de la República tenga conocimiento de algún hecho que configure alguna de las infracciones descritas en este artículo, lo pondrá en conocimiento del Ministerio de Economía y Finanzas.

En este caso le compete al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la imposición de la multa correspondiente, la cual admite recurso de reconsideración.

Agrega el decreto que “una vez en firme, las multas impuestas deberán ser canceladas en un término de quince días hábiles, en la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas o en el Banco Nacional de Panamá a nombre del Tesoro Nacional”.

La reincidencia en alguna de las conductas en el periodo de seis meses, contados a partir de la fecha de la sanción, dará lugar con la destitución de él o de los funcionarios responsables, luego del cumplimiento del procedimiento administrativo pertinente, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o disciplinaria que establezcan la Ley o el reglamento interno de la Institución.

Además se establece que la Contraloría queda facultada para retener los vehículos oficiales cuyos conductores infrinjan las normas administrativas que regulen la materia y llevará un registro anual de los servidores públicos que sean sancionados por incumplimiento del presente Decreto Ejecutivo, para comprobar la reincidencia en el mal uso de los vehículos estatales.