5 años de cárcel deberá pagar representante de corregimiento #Panamá

El pasado 2 de agosto, el Ministerio Público dio a conocer a través de una nota de prensa la condena de 30 personas por la comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de diferentes formas de peculado, en perjuicio del Ministerio de Educación. Entre los condenados a 60 meses de cárcel en calidad de autores, figura la actual representante del corregimiento de Chilibre, Yoira Enith Perea Bermúdez Moreno. Además, están: Augusto García Castro, Betzi Gine Guzmán Muñoz, Cesar León Monroy, Teodoro Castillo Torres, Carlos Alberto Díaz, Iveth Marlene Arcia Ruiz, Pedro Pablo Sáenz y Mitzi Graciela Miranda.

En la nota de prensa, agrega que la Fiscalía de Descarga Anticorrupción, representada por el fiscal superior Adecio Mojica, logró que la Juez Liquidadora de Causas Penales, condenara a estas personas por la comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de diferentes formas de peculado.

En tanto que Francisco Zamora y Clarissa Zaiheth Vargas Hernández fueron condenados a 50 meses de prisión, respectivamente, como cómplices primarios.

A Eli Montero Espinosa, Alcibíades Antonio León, Dayanara Itzel Sansón Gallardo, Teodoro Castillo, Ricardo Jovanni Kangas Velarde, Félix Marcial González Valoys, Blanca Nayhalie Diez Abrego, Lilibeth Del Carmen Torres, Javier Durango Ruiz, Serafín Salcedo Barría, Ascanio Araúz Coronado, Ana Elizabeth Guerra Núñez, Edgardo Sevilla Sánchez, Víctor Modesto Bristán Ruiz, Esteban Antonio Lasso Vergara, José Manuel Henríquez, Marisol del Carmen Nuñez García , Carlos Vicente Díaz Rivera y Agustín Zuñiga Córdoba a la pena de 45 meses de prisión como cómplices primarios.

A todos los condenados se les impuso la multa de B/.1,500.00 pagaderos en 6 meses y la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual término de la pena de prisión impuesta a cada uno, una vez se cumpla con la pena principal.

El Ministerio Público pudo comprobar la malversación y apropiación de dineros pertenecientes al Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE), lo que ocasionó una lesión al Estado por la suma de B/.1,568,063.82.