¿Otra paila de grillos en la Caja de Seguro Social con otros funcionarios en conflicto de interés? #Panamá

Después que en el Ministerio de Salud se destapara una paila de grillo con lo de los hisopados para las islas y que tiene en apuros al jefe de epidemiología, Leonardo Labrador  y a la jefa de Salud Pública, Ana Lorena Chang, la Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer que adelanta una investigación interna para determinar la posible comisión de faltas a la ética por parte de funcionarios de la institución.

Esto, luego de que se conociera que Iván Israel Ibarra Soto, funcionario de la entidad desde 2007, sería uno de los directivos de la sociedad Jers Medical contratista estatal e integrante del Consorcio PTY Covid Free, que administra las pruebas rápidas de detección de la Covid-19 en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Ibarra Soto aparece en el nodo de transparencia de la Defensoría del Pueblo, bajo el cargo de planificador y gestor de la capacitación II, con un salario de mil 928 dólares. No obstante, la propia CSS detalló luego, en un informe actualizado sobre los avances de la investigación, que Ibarra Soto solicitó una licencia sin sueldo (por un año) en enero de 2021, la cual le fue concedida en febrero pasado. Posteriormente −informó la CSS− Ibarra Soto presentó su renuncia al cargo en el que se desempeñaba el 21 de julio de 2021.

El primer comunicado. Y casi 13 horas después emite el segundo comunicado (abajo) 👇👇👇

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer que adelanta una investigación interna para determinar la posible comisión de faltas a la ética por parte de funcionarios de la institución. Esto, luego de que se conociera que Iván Israel Ibarra Soto, funcionario de la entidad desde 2007, sería uno de los directivos de la sociedad Jers Medical, contratista estatal e integrante del Consorcio PTY Covid Free, que administra las pruebas rápidas de detección de la Covid-19 en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Ibarra Soto aparece en el nodo de transparencia de la Defensoría del Pueblo, bajo el cargo de planificador y gestor de la capacitación II, con un salario de mil 928 dólares. No obstante, la propia CSS detalló luego, en un informe actualizado sobre los avances de la investigación, que Ibarra Soto solicitó una licencia sin sueldo (por un año) en enero de 2021, la cual le fue concedida en febrero pasado. Posteriormente −informó la CSS− Ibarra Soto presentó su renuncia al cargo en el que se desempeñaba el 21 de julio de 2021.

Jers Medical, de acuerdo con su aviso de operación, tiene como representante a Ibarra Soto e inició operaciones el 1 de enero de 2014. La empresa relacionada con la investigación recibió contratos, en un proceso de adquisición en el año 2020, para el suministro de insumos de laboratorios, tras presentar su oferta a las entidades como lo establece la ley.

“Al momento de la licitación, la empresa mantenía otra junta directiva, distinta a la que hacen referencia actualmente”, señaló también la CSS en el segundo comunicado emitido en torno a este caso. “El exfuncionario aparece como directivo de Jers Medical, en agosto de 2021, posterior a su renuncia”, agregó el reporte.

La CSS comunicó que las personas investigadas no participaron ni tienen relación directa ni indirecta con la mesa conjunta CSS-Minsa para la adquisición de insumos médicos en medio de la pandemia.

En un primer comunicado donde se informó sobre el inicio de la investigación, la CSS advirtió que se estaría frente a “un posible incumplimiento a las normativas establecidas concernientes al conflicto de interés”. La entidad recordó que cualquier servidor público de la CSS que incurra en faltas a la ética será investigado y la entidad tomará en contra de ellos las sanciones correspondientes.

El inicio de esta investigación en la CSS se conoce días después de que dos altos funcionarios del Ministerio de Salud (Minsa) fueron separados de sus cargos por un posible conflicto de interés.

Leonardo Labrador, quien fungía como director de Epidemiología, y de Ana Lorena Chang, exjefa regional de Salud Pública, están bajo investigación luego que se detectara que están ligados a Sermedic Panamá, empresa que realizaba los hisopados a los viajeros a la islas del Pacífico.

El caso es investigado por el Minsa, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) y la Fiscalía Anticorrupción.

La Antai emitió el 20 de agosto de 2021 una resolución en donde hace de obligatorio cumplimiento los cursos de la Academia Virtual de Ética y Transparencia para todos los servidores públicos del país. Esto, con el propósito de crear conciencia sobre la importancia de la ética y la transparencia como indicadores fundamentales de un buen gobierno, señaló la entidad.