¿Otro conflicto de interés? Cannabis, el viaje secreto de cinco funcionarios a Estados Unidos #Panamá

Una empresa de origen canadiense —Canna Med Panama, S.A.— no sólo estuvo atenta a los debates en la Asamblea Nacional (AN) para aprobar el proyecto de ley 153, que busca regular el uso del cannabis medicinal, sino que patrocinó un viaje a Luisiana, Estados Unidos (EU), a cinco funcionarios, algunos claves en la toma de decisiones del futuro negocio del uso del cannabis con fines medicinales.

La comitiva la integraron la directora nacional de Farmacias y Drogas, Elvia Lau, y la jefa de la Sección de Sustancias Controladas, Elsa Jara, ambas del Ministerio de Salud; así como tres miembros del personal de apoyo de la Comisión de Salud de la AN, encargada de las modificaciones al proyecto de ley.

La Prensa preguntó a Lau quién patrocinó el viaje. Respondió que la Universidad Estatal de Luisiana, pero Rubén Arosemena, de Canna Med Panama, confirmó que los funcionarios sabían quién los llevó y pagó su viaje.

Cannabis, la hoja de ruta que atrae a la Asamblea y al Minsa

La discusión en la Asamblea Nacional (AN) del proyecto de ley sobre el uso medicinal del cannabis estaba suspendida desde junio pasado. Pero ese mes, tres miembros del personal de apoyo de la Comisión de Salud de la AN, así como la directora nacional de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud (Minsa), Elvia Lau, y otra funcionaria de esa entidad, viajaron –con gastos pagados por la empresa Canna Med Panamá– al sureño estado de Luisiana (Estados Unidos) para conocer el procesamiento y comercialización de este producto.

Lau fue abordada por este medio para conocer detalles del periplo. Por ejemplo, si alguna empresa en Panamá, interesada en la aprobación del proyecto de ley, participó en la gira. “No”, fue la respuesta de la funcionaria, que luego trató de evitar dar a conocer algún otro pormenor, pese a que, según su oficina, ella estaba en “misión oficial” durante su viaje a Luisiana, según reportó a La Prensa su propio personal.

Este medio insistió. Lau afirmó que participó en la gira porque la Universidad Estatal de Luisiana la invitó. “La universidad me invitó como autoridad regulatoria, para que viéramos el tema del cannabis y ver si es probable su uso en Panamá”.

¿Quién pagó el viaje y la estadía?, preguntó La Prensa. “Eso lo pagó la Universidad de Luisiana. Ellos pagaron todo”, dijo Lau.

Y ¿por qué la universidad estaría patrocinando un viaje sobre cannabis? “Porque el decano de la Facultad de Agronomía de Luisiana es el que está al frente de todo eso”, respondió la funcionaria.

Lau dijo que el periplo duró tres días, pero La Prensa supo que el viaje se realizó del domingo 20 al jueves 24 de junio pasado. Este medio le preguntó a Lau si esa gira no le generaba un conflicto de interés. No respondió. Dijo que los detalles lo recibiría el medio del vocero del Minsa. Pero, desde el pasado 28 de junio, tras la entrevista, no hubo más comunicación.

Sin embargo, ese mismo día, sin informar a La Prensa, medio que cuestionó sobre los motivos del viaje, el Minsa envió una nota de prensa a otros medios indicando que Lau “participó” por “invitación de la Universidad de Lousiana”, a conocer los procedimientos de control de calidad del cannabis sativa. La nota se ilustra con una foto de Lau posando junto a un sembradío de cannabis.

El comunicado omite información sobre el patrocinio del viaje a Luisiana de cinco servidores públicos panameños, incluida Lau.

Como directora nacional de Farmacias y Drogas del Minsa, Lau se encarga de la expedición, suspensión, renovación y cancelación de los registros sanitarios. Desde ese cargo, sería pieza clave si se aprueba el proyecto de ley 153, que regulará el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados.

El artículo 6 del proyecto de ley indica que el Minsa, a través de Farmacias y Drogas, será “la autoridad competente para expedir la licencia para la importación, exportación y reexportación para la comercialización de derivados de cannabis”.

También expediría las licencias para la fabricación de los derivados del cannabis para uso medicinal y “ejerce el control administrativo y operativo a las actividades relacionadas con el manejo de derivado de cannabis para uso medicinal”, resalta.

A la gira a Luisiana, Lau fue acompañada por la jefa de la Sección de Sustancias Controladas del Minsa, Elsa Jara, cuyas funciones en el Minsa son “autorizar la comercialización de sustancias controladas en todo el país, tanto de la empresa privada como del área estatal”. También es la encargada de “analizar, evaluar, dar trámite o rechazar las solicitudes de licencias para manejar las sustancias controladas”.

Pero su alcance se extendería al convertirse en dirección, a fin de dar trámite o rechazar solicitudes de licencias de importación con fines de comercialización y fabricación de derivados de cannabis medicinal. También desarrollaría procedimientos administrativos, registros y la coordinación para vigilar y controlar las licencias.

En el ya referido comunicado del Minsa, Jara afirmó que buscarían crear una plataforma digital para “poder llevar controles adecuados” del cannabis y otras sustancias.

La patrocinadora

Aunque Lau aseguró a este medio que la Universidad de Luisiana corrió con todos los gastos, el decano vicepresidente de la facultad de Agricultura de esa universidad, William Richardson –contactado por correo por La Prensa–, lo negó. Reveló que la empresa Canna Med Panama, S.A. pagó el periplo.

“Cannamed Panamá [sic] me pidió que organizara un seminario informativo y educativo sobre los programas de marihuana medicinal y cáñamo industrial de Luisiana. Hice esto en mi calidad de consultor agrícola y experto en la industria y fui remunerado por mi tiempo”, afirmó Richardson.

Aunque el seminario se dictó en las instalaciones de la universidad, Richardson aseguró que no se utilizaron recursos de ese centro educativo. Confirmó haber entregado un certificado de “agradecimiento” a los funcionarios. El certificado se emitió con el nombre de la universidad, confirmaron los entrevistados por este medio.

Canna Med Panama, S.A. –inscrita en el Registro Público en febrero de 2020– está integrada por el canadiense Jed Morgan Wood (presidente) y los panameños Rubén Arosemena (secretario-suscriptor) y George Novey Castro (tesorero). Arosemena, incluso, hizo lobby con el hoy expresidente de la AN Marcos Castillero (PRD), sobre el proyecto de ley.

La Prensa preguntó a Arosemena si había informado a los funcionarios invitados a Luisiana sobre las razones del viaje y que, además, la empresa sufragaría los gastos de su viaje. Su respuesta fue contundente: “Por supuesto. Lo primero que dijeron [los funcionarios] es que quién paga, porque nosotros no podemos sufragar los costos. Entonces se les dijo que eso se les iba a resolver”.

Los funcionarios –que se alojaron en un hotel de la cadena Hilton– realizaron recorridos por centros de producción y comercialización de cannabis, así como a farmacias con licencia para la venta de sus derivados.

Arosemena –exvicepresidente de la República (2004-2009)– confirmó que Canna Med también invitó a funcionarios de los ministerios de Seguridad (Minseg) y de Desarrollo Agropecuario, pero que no participaron, pues en el primero hubo cambio de directores y el segundo declinó la invitación.

El Minseg tendría un rol muy importante, según el proyecto de ley aprobado en segundo debate, ya que, a través de la Oficina de Estrategias y Seguimiento a la Seguridad Nacional, tendría la responsabilidad de expedir licencias de importación, exportación, reexportación y uso de semillas para siembra y cultivo de cannabis, así como de “ejercer el control administrativo y operativo a las actividades relacionadas con el manejo de las semillas para siembra y cultivo de cannabis para uso medicinal”.

La Asamblea

Luego de posar al costado de un sembradío de cannabis en Luisiana, La Prensa abordó a la odontóloga Ingrid Pardo, asignada por el Minsa a la Comisión de Salud de la AN. Pardo, con salario de $5 mil 700 mensuales en el Minsa, dijo a este medio: “Yo no soy funcionaria, sino dizque asesora técnica [en la Asamblea]. Por eso la entrevista tienes que hacerla al Minsa y también directo al proponente de la ley [el diputado Crispiano Adames]”.

Pardo indicó que, aunque estaba de vacaciones, recibió invitación de la Comisión de Salud de la AN para viajar y observar cómo se cultiva el cannabis. Pardo dijo no saber quién pagó el viaje y estadía. Pero, para que se viera que habían participado, dijo que “la Universidad nos entregó un certificado”.

Tras el viaje, Pardo quedó convencida de que este sistema “funcionará”, y así, al parecer, lo recomendó en un informe que entregó a la Comisión de Salud. “Lo interesante de producirla y nacionalizarla es que se bajan los costos del producto”, resaltó.

A su juicio, nadie podría aprovecharse de esta apertura para sus siembras, ya que “antes de aprobarse una autorización a una empresa, esta debe tener espacio con cámaras de vigilancia para contar la cantidad de potes que tiene. Se pueden tener en un invernadero o en un edificio”.

En cuanto a las licencias, Pardo aseguró que “podríamos dar hasta tres licencias por país a empresas con capacidad para todo el proceso de inversión”. Pero, tras el viaje, Lau confirmó que no serán tres, sino siete licencias para comercializar cannabis en Panamá. De esta forma, añadió, se puede “tener una mejor fiscalización”.

Pardo dijo no recordar los nombres de las empresas participantes en la reunión, sólo que una era de Canadá, “con interés de entrar [en este negocio] a Panamá”. Precisamente, Canadá controla el ahora llamado “oro verde” del mercado del cannabis, el cual promete millones de dólares en esta nueva industria que se expande con rapidez y de manera simultánea en varios países de América Latina, incluida Panamá.

Contrario a lo que dijo Lau a La Prensa –que no hubo participación de empresa alguna en la gira–, el presidente de Canna Med, Jed Wood, así como el gerente de operaciones de su empresa, participaron del seminario, confirmó Arosemena. También, de la Comisión de Salud de la AN, viajaron los abogados Álvaro Céspedes y Ruth Ábrego.

Céspedes dijo que el hasta hace poco presidente de la Comisión de Salud de la AN, el diputado Víctor Castillo (PRD), autorizó el viaje de los tres integrantes de esta comisión. “Él no fue porque somos nosotros los que estamos trabajando el proyecto de ley”, indicó. Sin embargo, Arosemena tiene otra versión. Dijo que Castillo no viajó porque “en ese momento estaban en el proceso de elección del candidato PRD a presidente de la Asamblea”. Incluso, resaltó que hasta el entonces presidente de la AN, Marcos Castillero, sabía del viaje.

En octubre de 2019, Adames, junto a Castillero, propusieron el proyecto de ley del cannabis, aprobado ayer en segundo debate.

Céspedes dijo que el viaje “no se pagó con fondos públicos, todo lo pagó la universidad [de Luisiana]”. Al tiempo que cuestionaba el interés de este medio por conocer los detalles de su viaje a Estados Unidos, se negó a decir dónde se alojaron y detalles del recorrido. Y, como algunos más de los que fueron a ese viaje, dijo que “no hubo” participación de empresas.

La Prensa también se comunicó con Ruth Ábrego, pero, pese a haber prometido una entrevista, no respondió las llamadas subsiguientes de este medio. En su perfil de teléfono también se observó que visitó el Centro Agrocultural John M. Parker, en Luisiana.

Este medio intentó obtener la versión de los diputados Crispiano Adames y Víctor Castillo, pero no respondieron los mensajes ni llamadas a sus celulares.

Tomado de La Prensa