La CIDH instó a la dictadura venezolana a garantizar los derechos de la comunidad LGBTI

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó este miércoles a la dictadura venezolana a garantizar los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, pansexuales, trans, no binarias, de género diverso e intersex (LGBTI) en el país.

El organismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó su preocupación a las autoridades venezolanas “por la ausencia de políticas públicas y legislación que garanticen los derechos” de esa población.

En ese sentido, la CIDH llamó al régimen a tomar “medidas efectivas para el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI y erradicar la discriminación, violencia y situaciones de vulnerabilidad a las que están expuestas”.

“La CIDH recibió información de la sociedad civil sobre la ausencia de políticas estatales para recopilar datos sobre actos de violencia contra personas LGBTI. Al respecto, en su Informe Anual 2020 había advertido que esta labor ha quedado en manos de organizaciones de la sociedad civil; por lo que, reitera que los Estados deben recolectar y analizar datos estadísticos de manera sistemática respecto de la prevalencia y naturaleza de la violencia y discriminación por prejuicio contra las personas LGBTI, o aquellas percibidas como tales”, señala en un comunicado.

La Comisión Interamericana también manifestó su preocupación por la vigencia del artículo 565 del Código Orgánico de Justicia militar, que establece una pena de 1 a 3 años de prisión a la persona militar que “cometa actos sexuales contra natura”. Es decir, criminaliza las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo género dentro del servicio militar.

Al respecto, la CIDH “recuerda al Estado de Venezuela el deber de derogar esta disposición por ser contraria al derecho a la igualdad y no discriminación”. Y agrega: “La existencia de leyes que criminalizan las relaciones consensuales puede contribuir a un entorno social en el que se entiende que la discriminación y la violencia contra las personas LGBTI es tácitamente permitida o tolerada”.

El organismo señala, además, que en Venezuela “no existe legislación que garantice el acceso de figuras jurídicas para asegurar la protección de los derechos de las familias diversas, en un plano de igualdad y sin discriminación como el matrimonio”: “Los Estados deben reconocer legalmente las uniones o el matrimonio sin discriminación por orientación sexual o identidad de género, otorgando todos los derechos que deriven de esa relación”.

La CIDH indicó haber recibido información de la sociedad civil sobre la falta de procedimientos que garanticen el derecho a la identidad de género de las personas trans, no binarias y de género diverso.

Por último, llamó a Venezuela “a promover leyes y políticas públicas que garanticen los derechos humanos a la igualdad y no discriminación de las personas LGBTI, avanzando en la construcción de un cambio cultural que fomente una sociedad más inclusiva, igualitaria y libre de todo tipo de discriminación”.

La semana pasada la comunidad LGBTI de Venezuela exhortó a la Defensoría del Pueblo a reforzar su estructura en todo el país para que pongan soluciones a las problemáticas actuales, como los crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género.

“Una de las propuestas que queremos realizar es que esas defensorías tengan mayor fuerza en los diferentes estados (…) donde se puedan atender los diferentes casos que hay de discriminación por orientación, identidad y expresión de género”, explicó el presidente de la Fundación Rompiendo la Norma, Alexis Bolívar a las afueras de la Defensoría en Caracas.

Varias decenas de ciudadanos, miembros de la comunidad LGBTIQ+, se concentraron en las afueras de la institución donde entregaron una serie de propuestas y, posteriormente, marcharon hasta el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) chavista.

El coordinador en Caracas de la ONG Somos, Yendri Velásquez, aseguró que, mientras en otros países de la región se hicieron las “reivindicaciones necesarias”, en Venezuela “nos encontramos en un estancamiento estructural en lo social, político y económico”.

Los activistas exigieron debatir temas como el matrimonio igualitario civil, reconocimiento legal de las personas trans ante el cambio de identidad, reconocimiento de las familias homoparentales, lesbomaternales y transfiliables, entre otros.

“Asimismo, los delitos de odio, por violencia de género, agresiones físicas y verbales, acoso sexual y muchos más, constituyen violaciones a los derechos humanos por ser o parecer LGBTI y los mismos no son condenados de acuerdo a la legislación venezolana y atendidos en sus procedimientos cuando las personas acuden a los entes para su proceso”, agregó Velásquez.

Indicó que, en las instituciones del Estado, los miembros de la comunidad LGBTI sufren discriminación por su orientación sexual, identidad y expresión de género.

“Agradecemos la creación de la Defensoría Especial, pero vamos a seguir requiriendo mucho más de la Defensoría del Pueblo y de todas las instituciones del Estado”, sostuvo.

El defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, recibió al grupo que se concentró a las afueras de su despacho, recibió el documento y aseguró que la institución estudiará los planteamientos hechos por los activistas, aunque advirtió que no es una tarea fácil.

“La Defensoría es una institución muy pequeña; dedicarse especialmente a cada uno de los sectores de la población es complejo, pero vamos a estudiar la propuesta para ver si avanzamos”, señaló.

Ruiz dijo que desde la Defensoría Delegada Especial para los Derechos de la Sexodiversidad seguirán estudiando planteamientos, “no esperando al año que viene, sino cotidianamente, acompañado siempre con la formación en materia de derechos humanos”.

Según datos recogidos por Transgender Europa en su Observatorio de Personas Trans Asesinadas, entre 2008 y septiembre de 2020, 3.664 personas transexuales en el mundo fueron asesinadas por prejuicios discriminatorios, de los que 126 se produjeron en Venezuela en 2017, de acuerdo a datos de la ONG Acción Ciudadana contra el Sida (ACCSI).

Venezuela está a la cola de Sudamérica en materia de avances para la población LGBTI; además de estar prohibida la unión civil entre personas del mismo sexo, tampoco es posible el cambio de identidad a personas trans o no existen mecanismos para la protección de familias homoparentales.

Tomado de Infobae /EFE