Firmas de energía de EEUU contrataron con cuestionados empresarios de Panamá

En junio pasado el presidente de Panamá Laurentino Cortizo Cohen anunció con bombos y platillos un nuevo plan para el desarrollo del sector eléctrico del país centroamericano que incluye la construcción de una generadora de gas natural en consorcio con empresas líderes del sector energético de Estados Unidos y América Latina. El mandatario explicó que Panamá no tendrá que poner “ni un solo centavo’’ de los 1,000 millones de dólares de inversión en el proyecto en el que se asoció con InterEnergy Group y AES Panamá, filial de AES Corp, una gigantesca empresa de energía que cotiza en la Bolsa de Nueva York.
Pero en medio del ambiente de celebración del anuncio presidencial quedaron varios interrogantes en el aire. Una revisión de Univision Investiga del proceso de asociación entre el gobierno y las empresas, muestra que InterEnergy y AES Panamá, suscribieron un millonario contrato con una compañía cuyos principales accionistas son dos empresarios con un turbio pasado.

En el centro de los cuestionamientos están el magnate panameño de la construcción Mayor Alfredo Alemán y el ecuatoriano residenciado en Panamá, José Dapelo Benites. Ambos son dueños de Panamá NG Power. La empresa vendió a las multinacionales energéticas la concesión de un proyecto de generación de energía que está paralizado desde hace ocho años y que fue aprobado por el gobierno panameño en medio de denuncias de fraude en el proceso de adjudicación.

InterEnergy y AES Corp. dieron el visto bueno al negocio pese a que era de público conocimiento que una sociedad de Dapelo afrontaba una investigación por pagos no justificados a los padres de un ministro de la presidencia de Panamá y que ambas empresas sabían que Alemán no tiene visado para ingresar a Estados Unidos.

Alemán, quien a mediados de la década de los noventa debió renunciar a la presidencia de la junta directiva del banco central de Panamá por presiones del Departamento de Estado, es uno de los empresarios más cercanos al presidente Cortizo. Univision Investiga confirmó con cuatro fuentes que la embajada retiró la visa de Alemán hace más de un año. El Departamento de Estado se negó a dar información de los motivos por política de confidencialidad. Alemán no confirmó ni negó la remoción de su visa.

InterEnergy y AES Corp. respondieron a Univisión que habían realizado un detallado estudio de debida diligencia sobre los antecedentes del proyecto conocido como Generadora Gatún y de las personas involucradas en las negociaciones. El procedimiento se conoce como due diligence. En un correo electrónico la casa matriz de AES en Estados Unidos aseguró que aplicó “estrictos estándares de cumplimiento y diligencia debida para evaluar completamente el proyecto de gas natural Gatún para asegurar que estamos cumpliendo con las leyes de Estados Unidos y locales y satisfacer todos los requisitos de información’’.

En los mismos términos se pronunció InterEnergy. Pero ninguna de las compañías respondió preguntas específicas de Univision sobre los antecedentes de los empresarios y los cuestionamientos a la forma como el gobierno de Panamá adjudicó la concesión a Panama NG Power.

Univisión se enteró de que un bloque de accionistas minoritarios de AES está inconforme con la forma poco transparente, según ellos, como se ha manejado el proyecto Gatún. Los accionistas expresaron a la filial de AES en Panamá los riesgos reputacionales que podría generar el contrato, según una persona relacionada con ellos.

En su más reciente reporte trimestral a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) AES informó en forma general sobre el proyecto sin mencionar a Panamá NG Power, el valor del contrato ni la fecha exacta de su firma. Dos fuentes familiarizadas con el negocio dijeron que la venta se acordó en unos 300 millones de dólares.

“Básicamente lo que NG Power vendió fueron unos papeles que la acreditan como concesionaria porque el proyecto nunca se materializó, no hay una infraestructura de nada ’’, explicó el abogado Moisés Joel Bartlett Quiel, quien ha presentado quejas y denuncias contra el proyecto ante autoridades de Panamá y Estados Unidos en defensa de la ciudadanía panameña, según sus escritos.

Señalado en Andorra

En el cuestionario enviado en julio de 2021, Univisión preguntó a AES e InterEnergy Group si la diligencia de investigación reputacional de los empresarios había tenido en cuenta que la sociedad de Dapelo, Monteverde NG Power, fue mencionada en un escándalo de corrupción que estalló en 2018 a raíz de una investigación de autoridades del principado de Andorra, paraíso financiero de Europa.

De acuerdo con documentos obtenidos por Univision y publicados originalmente en febrero de 2018 por el diario El País de España, la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra estableció que Monteverde NG Power, de la cual Dapelo es socio, hizo transferencias sospechosas a los padres de Demetrio Jimmy Papadimitriu cuando este se desempeñaba como ministro de la presidencia de Panamá (2009-2012).

La intervención de Banca Privada D’Andorra se realizó bajo sospechas de que este pequeño banco del principado había sido usado por la multinacional de la construcción Odebrecht para pagar sobornos a funcionarios públicos de América Latina. La juez andorrana Canolich Mingorance restreó transferencias sospechosas que sumaban más de 200 millones de dólares.

Pagos de Monteverde NG Power a Malena Investments S.A de acuedo con autoridades de AndorraCrédito: Expediente judicial Andorra

Univision investiga tuvo acceso al Tomo XIX de pruebas presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra a la justicia de ese principado. Allí aparecen cinco transferencias de Monteverde NG Power SA de Panamá a Malena Investments S.A. Los socios de Malena eran entonces Diamantis Papadimitriu y Maria Bagatelas, padres del ministro. Las transferencias de Monteverde NG Power a Malena Investments suman 630 mil dólares.

Al momento de la apertura de la cuenta, la pareja explicó al banco que depositaría allí dineros producto de “ahorros acumulados, herencia familiar de la señora y rentas de trabajo’’. El motivo para abrirla: “diversificar el riesgo país’’. Una casilla del formulario advertía que “el hijo de los Srs Papadimitriu ostenta un alto cargo político en Panamá’’. Diamantis Papadimitriu falleció. Su esposa fue imputada.

Los padres del ministro recibieron sumas millonarias de otras empresas y personas que habrían actuado como intermediarias de Odebrecht, según la investigación. La firma Odebrecht fue acusada en varias partes del mundo, incluyendo Estados Unidos, de pagar millonarios sobornos a altos funcionarios públicos entre quienes se encuentran presidentes y ministros. Papadimitriu fue detenido en septiembre de 2017 acusado de cargos de corrupción. Luego obtuvo libertad bajo medidas cautelares.

La vocera del Ministerio Público de Panamá Magda Maxwell informó a Univision que los pagos de la firma de Dapelo a los padres del exministro están bajo investigación aunque no se han formulado cargos al empresario ni a la sociedad. Papadimitriu fue imputado en abril de cargos de lavado de capitales y corrupción de servidor público junto con cincuenta personas más y Odebrecht.

Las revelaciones de El País causaron un terremoto político en América Latina. Los medios panameños hicieron eco de la publicación española. El diario La Prensa explicó que la “gran novedad’’ de los papeles de Andorra “es que las cuentas [de los padres de Papadimitriu] fueron receptoras de dineros de una sociedad que pertenece a José Dapelo, presidente de Panamá NG Power, que en 2013 fue favorecida en una licitación en la que el único oferente fue esa empresa’’.

En 2018 al conocer los señalamientos de las autoridades antilavado de Andorra, Dapelo explicó en un comunicado que las transferencias de su empresa a los padres de Papadimitriu, correspondían al pago por la construcción de un depósito de combustible en Vacamonte, al occidente de Panamá. Dapelo no anexó pruebas de esa transacción, según uno de los periodistas que recibió el comunicado.
El empresario no respondió mensajes ni llamadas de Univision.

El abogado de Papadimitriu, Nicolás Brea, pidió un plazo para obtener autorización de su cliente y responder preguntas en relación con los pagos de la sociedad de Dapelo, pero Brea no volvió a comunicarse con Univision. La investigación en Andorra continua.

Un mes antes de que se revelaran las cuentas de Andorra, los medios panameños informaron que el gobierno había prohibido el ingreso de Dapelo a Panamá. Según le dijo a Univision una fuente del alto gobierno de ese momento, la medida se tomó al establecerse que Dapelo, ciudadano extranjero, estaba financiando una campaña de desprestigio contra el entonces presidente Juan Carlos Varela.

Univision tampoco recibió respuesta de las empresas del consorcio a la pregunta de si sus directivos consideraron relevante el retiro de la visa estadounidense de Alemán. En un correo electrónico enviado a Univision, el empresario no negó que se le hubiera revocado la visa y declinó responder sobre las razones por las que cree que Estados Unido tomó esa medida. Solamente invitó a Univision a que confirmara la información con la embajada.

Fiscal “Hay un exembajador panameño que según VarelaLeaks tiene mucho poder, que se jacta públicamente de revocar y restituir visas de USA’’, respondió Alemán. Los VarelaLeaks son filtraciones de conversaciones telefónicas del presidente Varela cuando estaba en el poder.

Un funcionario del Departamento de Estado respondió a Univision que los documentos relacionados con las visas son confidenciales bajo las leyes de Estados Unidos. “No discutimos detalles de casos individuales’’, agregó el funcionario.

Problemas en Estados Unidos

Alemán tenía otra mancha en su pasado que fue parte de los antecedentes que conocieron las empresas energéticas de Estados Unidos, según lo estableció Univision. En 1994 una compañía de carga de la que Alemán era accionista fue acusada de narcotráfico en una corte federal de Illinois. La fiscalía federal formuló cargos a Trans Latin Airways (TLA) de venta y distribución de narcóticos y violación de la ley de comercio interestatal.

En la operación también fueron encausadas aerolíneas colombianas ligadas al transporte de toneladas de cocaína del Cartel de Cali. En enero de 1997 la fiscalía retiró varios cargos contra Trans Latin Airways. Alemán no figura como acusado en la imputación.
La operación antinarcóticos no pasó inadvertida para los medios estadounidenses.

El periódico The New York Times se refirió a ella en un artículo publicado a mediados de 1996 y que aparece en los primeros resultados de una búsqueda sencilla de Google. El artículo presentaba un balance desolador de cómo el gobierno del entonces presidente Ernesto Pérez
Balladares (1994-1999) estaba rodeado de escándalos de narcotráfico y lavado de dinero de la droga. El diario citó a Alemán como accionista de la empresa acusada en Chicago.

Alemán explicó a Univision que la acusación en la corte federal no fue en su contra. Dijo que existe en el expediente un memorando de sus abogados “donde se presenta evidencia contundente de que mi persona en ningún momento fue sujeto de esta investigación ni de ninguna otra’’. En el mismo expediente, agregó, “también puede confirmar que las acusaciones contra la aerolínea que menciona fueron desestimadas por el mismo fiscal’’. Según el memorándum, agregó Alemán, el fiscal del caso halló que “la empresa se encontraba ‘remota’ del objeto de la investigación’’.

En el expediente por narcotráfico hay en efecto constancia de la presentación de un memorando del abogado de Alemán, pero su contenido no aparece en la base de datos de procesos federales PACER. Alemán no envió a Univision copia del documento. De acuerdo con PACER, la fiscalía desestimó cuatro cargos contra Trans Latin Air en enero de 1997, entre ellos el de venta y distribución de narcóticos.

Un banco “enmascarado’’

La red implicada en el caso de narcotráfico de la corte de Illinois estaba liderada por Luis Carlos Herrera Lizcano, un piloto colombiano que se declaró culpable de un cargo de importación de cocaína en la corte federal de Chicago. Fue condenado a ocho años de prisión. Herrera salió libre anticipadamente y en una conferencia de prensa en Panamá anunció una demanda civil contra Alemán por la presunta desaparición de 1.6 millones de dólares que una sociedad suya había depositado en el Banco Agroindustrial de Panamá, Banaico, del cual Alemán era vicepresidente.

La demanda en poder de Univision alega que Alemán “mantenía una relación comercial y personal de vieja data con Luis Carlos Herrera Liscano (sic) y Juan Manuel Posada, preso en Europa por blanqueo de capitales’’.
Alemán respondió que no ha tenido negocios con Herrera.

Herrera no respondió llamadas ni mensajes de Univision Investiga. El abogado Sidney Sitton, quien lo representó en un caso penal por lavado de dinero en Panamá informó que Herrera desistió de la acción civil por falta de recursos para pagar los costes legales. Herrera fue exonerado de los cargos de lavado por la justicia de este país.

Banaico fue intervenido por autoridades financieras de Panamá al descubrirse una quiebra fraudulenta en medio de señalamiento de que se había convertido en el banco de confianza del Cartel de Cali. Algunos de sus directivos fueron acusados de estafa, asociación ilícita para delinquir y falsedad de documentos. Alemán no fue acusado. Un artículo de The Washington Post de agosto de 1996 citó a una fuente federal afirmando que “Banaico era una operación de lavado con máscara de banco’’. Otras fuentes oficiales le dijeron al diario que durante años el banco mantuvo lazos con el Cartel de Cali.

A raíz de los escándalos de Banaico y la acusación a la compañía de carga aérea en Chicago, el Departamento de Estado pidió al entonces presidente Pérez Balladares que removiera a Alemán como presidente de la junta directiva del Banco Nacional, la institución bancaria central de Panamá, según lo reportó The Miami Herald.

“Los funcionarios del Departamento de Estado advirtieron a sus contrapartes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá que la presencia de Alemán en el gobierno era inaceptable para Washington’’, agregó la nota del corresponsal Glenn Garvin. De no cumplir con la petición el gobierno de Estados Unidos se negaría a certificar los esfuerzos de Panamá contra el narcotráfico, reveló el diario. Alemán salió del cargo en febrero de 1995. El empresario le dijo a The Miami Herald que lo hizo a raíz de la acusación en Chicago contra su compañía pero no por las presiones de Washington.

“Resultado incuestionable’’

Alemán reconoció a Univision que fue objeto de una investigación reputacional por parte de las dos empresas energéticas que participan en el Proyecto Gatún.

“Es evidente que el resultado de las mismas (due diligence) es incuestionable’’, dijo.

No opinan lo mismo algunas personas que han seguido la transacción. En una queja dirigida a la SEC de Estados Unidos, en nombre de la ciudadanía panameña, el abogado Bartlett advirtió que las decisiones de AES Corp en Panamá podrían configurar “el quebrantamiento de principios éticos y acciones potencialmente ilegales’’.

“Es de suma importancia anotar que los patrocinadores originales de este proyecto incluye a hombres de negocio cuyas empresas han estado inmersas en alegaciones de acuerdos dudosos y cuya visa de viaje a Estados Unidos ha sido revocada, como ha sido documentado en la prensa local’’, expresó Bartlett.

La SEC notificó al abogado del recibo de la queja en julio 13 de 2021, según un documento conocido por Univision Investiga.
Una fuente panameña familiarizada con la operación y que pidió no ser identificada para no poner sus negocios en peligro, compartió con Univision un correo electrónico enviado a la alta gerencia de AES Corp en Estados Unidos. En el mensaje la fuente expresa su extrema sorpresa por la decisión de AES de adquirir un proyecto que “nació amañado’’ y recordó que Alemán perdió su visado estadounidense. La fuente dijo que no recibió respuesta de AES.

Dapelo denunció penalmente a Barlett por extorsión el pasado dos de septiembre. Lo acusó de promover “acciones mediáticas jurídicas […] sin ningún sentido y de forma sospechosa’’ en contra de Panamá NG Power, su imagen y sus directivos.

Barlett dijo a Univisión que la denuncia “tiene la intención directa de intimidarme para que cese en el ejercicio de mis derechos ciudadanos y peor aún, se valen de una información perteneciente a la privacidad de mi familia’’.

El escándalo de la licitación

Panamá NG Power fue favorecida en enero de 2014 por el gobierno panameño con contratos de suministro de energía a base de gas natural (670 megavatios). Se trata de la concesión más importante en la historia energética reciente del país. La planta operaría en la provincia de Colón.

La decisión de adjudicar el contrato a esta empresa desató un escándalo nacional al revelarse que el organismo oficial a cargo del proceso de licitación cambió a último momento los requisitos de los oferentes. A solo dos semanas de adjudicarse la concesión, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) exigió a las empresas participantes licencia definitiva o temporal, según una denuncia penal por fraude en contratación pública presentada por el abogado Juan Antonio Tejada, de la firma Tejada Abogados de Panamá. ASEP también introdujo cambios en la metodología para la evaluación de la propuesta económica, agrega la denuncia.

Una veintena de potenciales oferentes que no estaban en capacidad de cumplir con las nuevas condiciones desistieron de participar en la licitación, según las denuncias legales y periodísticas. Al final, el único licitante que se presentó fue Panamá NG Power. Entre las empresas que se quedaron por fuera estaba AES Panamá. En su calidad de presidente de esta firma Miguel Bolinaga criticó públicamente el contrato. El portal de noticias El Capital Financiero lo citó afirmando que si la planta de Panamá NG Power se llegara a construir, “el país enfrentará una situación que hasta la fecha no se ha visto en el mercado, pues habría más energía contratada que la que necesitarán las empresas distribuidoras para suplir la demanda de los consumidores’’.

Este pronunciamiento se produjo a mediados de 2018 a raíz de una decisión favorable a Panamá NG Power de la Corte Suprema de Justicia. Dos años después el mismo Bolinaga participaría, como presidente de AES Panamá, en la adquisición del proyecto criticado por él mismo.
AES de Estados Unidos no respondió a la pregunta de Univision sobre este cambio de postura de la empresa.

Los cuestionamientos a la licitación en la que salió ganadora Panamá NG Power así como un largo historial de incumplimientos en la puesta en marcha de la planta son motivo de varios litigios en Panamá. En el campo administrativo, Panamá NG Power ganó la batalla legal para lograr las prórrogas que solicitó a fin de presentar un plan de financiación. Sin embargo el proyecto nunca arrancó. En una de las demandas administrativas el abogado Barlett Quiel señaló que el gobierno se ha negado a publicar las prórrogas concedidas a la firma lo cual “afecta la transparencia’’ del proceso. El gobierno ha respondido que esa información solo se la entrega a las compañías.

Alemán respondió a Univision que los cuestionamientos a la transparencia de la licitación no tienen sustento. Según él “no hubo ninguna crítica en su momento ya que se presentó la oferta con el precio más bajo de la historia del mercado energético de Panamá’’. En su opinión, “ninguna compañía se retiró ya que ninguna otra compañía presentó propuesta’’.

En cuanto a los problemas para poner en funcionamiento el proyecto, Alemán culpó al gobierno del presidente Varela que “buscó impedir el inicio de operaciones de NG Power incurriendo en múltiples ilegalidades y causando enormes daños a la empresa y asimismo al país’’. Y como prueba de la campaña en su contra, el empresario envió a Univision la transcripción de las interceptaciones clandestinas de conversaciones telefónicas privadas de Varela. Los diálogos, que fueron revelados en Panamá en 2019 por un portal de “ciudadanos comprometido con la democracia y hastiados con la corrupción’’ contienen referencias negativas a Alemán.

El expresidente Varela dijo a Univision que no va a responder a los ataques de Alemán.

Los gremios protestan

En el proyecto Gatún anunciado por el presidente de Panamá participa InterEnergy con el 51 por ciento, el gobierno panameño con el 25 por ciento y AES Corporation con 24 por ciento. InterEnergy es una empresa privada registrada en Cayman Islands con inversiones en República Dominicana, Chile, Jamaica y Uruguay. Su presidente es el argentino Rolando González-Bunster, compañero de universidad del expresidente Bill Clinton y director de la Fundación Clinton. En febrero de 2019 Clinton asistió a la inauguración de un proyecto de energía eólica en Panamá liderado por InterEnergy.

“Como lo hacemos con todas nuestras inversiones, realizamos extensas diligencias requeridas y hemos aplicado y lo continuaremos haciendo los más altos estándares a nuestra propiedad en este proyecto’’, afirmó la compañía en un comunicado enviado a Univision.

AES es una de las empresas líderes a nivel mundial en el sector energético con ingresos de más de 10,000 millones de dólares anuales. Tiene presencia en 14 países y opera en Panamá desde hace más de 20 años. Se precia de haber sido designada desde 2014 como una de las empresas más éticas del mundo según el Ethisphere Institute. Su presidente es el venezolano Andrés Gluski.

Tras el anuncio del presidente panameño de la conformación del consorcio con las empresas de Estados Unidos, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá expresó su desacuerdo con la cesión del contrato de NG Power al proyecto Gatún. En un comunicado el gremio afirmó que ese contrato fue resultado “de una cuestionada licitación… bajo condiciones desfavorables en cuanto al precio del mercado spot y precio de gas natural’’.

La Cámara Panameña de Generadores Hidroeléctricos también protestó al afirmar que “han transcurrido ocho años desde que se adjudicó el contrato, sin que a la fecha la empresa contratada haya hecho ninguna obra significativa, incumpliendo claramente los términos establecidos en el contrato’’.

Tomado de Univision