Interpol, ¿un arma para los opresores?: la lista de los más buscados ahora incluye refugiados políticos y disidentes

Alexey Kharis, un hombre de negocios con sede en California y padre de dos hijos, se enteró en 2015 de que Rusia había hecho un llamado global para su arresto a través de la Organización Internacional de Policía Criminal, conocida como Interpol.

Había dirigido una gran empresa de construcción en Rusia, ZAO Rosdorsnabzhenie, que tenía un contrato con el gobierno en 2010 para renovar los astilleros cerca de la ciudad de Vladivostok, en el extremo oriental. Su socio comercial, Igor Borbot, le contó que funcionarios de alto nivel malversaron dinero del proyecto. Kharis fue amenazado luego de que dijera que iba a hablar públicamente sobre la corrupción ministerial.

Según reveló en una investigación del periodista Josh Jacobs para The Guardian, los agentes de la Oficina Federal de Seguridad de Rusia le dijeron durante el interrogatorio en 2013: “Tu compañero está cayendo, puedes ayudarnos o puedes caer con él”.

Ted Bromund, un especialista en asuntos internacionales con un grupo de expertos de derecha estadounidense, la Heritage Foundation, concluyó que esta estrategia era parte de un patrón de intentos rusos de convertir la Interpol en un arma contra sus opositores: creaba solicitudes inventadas para arrestar a sus ciudadanos.

Según la organización estadounidense de derechos humanos Freedom House, Rusia es responsable del 38% de todas las notificaciones rojas públicas en Interpol. El mensaje parece ser éste: puedes irte del país, pero aún podemos castigarte.

Interpol se estableció en 1923. Según se revela en el informe de The Guardianla agencia ha sido mal utilizada por regímenes opresores en el pasado. Un ejemplo claro es el de 1938, cuando los nazis derrocaron al presidente de Interpol y luego trasladaron la organización a Berlín. La mayoría de los países se retiraron y dejó de existir como organización internacional hasta después de la Segunda Guerra Mundial.

“Una notificación roja es una solicitud a fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición, entrega o acción judicial similar”, reza la página web de la organización intergubernamental que cuenta con 194 países miembros.

“Ayudamos a la policía de estos países a colaborar entre sí para hacer del mundo un lugar más seguro. Para ello, les facilitamos el intercambio y acceso a información sobre delitos y delincuentes. También les ofrecemos apoyo técnico y operativo de diversa índole”.

En las notificaciones rojas han figurado criminales como Osama bin Laden Saadi Gaddafi, el hijo del ex dictador de Libia. En las últimas dos décadas, las notificaciones rojas se multiplicaron por diez, de unas 1.200 en 2000 a casi 12.000 el año pasado. Junto con este crecimiento, los expertos legales internacionales dicen que también ha habido un fenómeno alarmante de países que utilizan Interpol para obtener ganancias políticas o venganza, apuntando a ciudadanos en el extranjero como rivales políticos, críticos, activistas y refugiados.

A principios de este mes se restableció el acceso de Siria a las bases de datos de la organización, lo que fue fuertemente criticado por activistas. Anas al-Abdah, jefe del órgano de negociación de la oposición siria, dijo que la decisión de Interpol le había dado al régimen de Bashar al-Assad los medios basados en datos para librar otra guerra contra el pueblo sirio.

Toby Cadman, un abogado británico que trabaja en enjuiciamientos por crímenes de guerra relacionados con Siria, dijo en respuesta a la decisión: “Los sistemas de Interpol son opacos, sin supervisión ni rendición de cuentas reales, y estados como Siria abusan habitualmente de ellos.

Una notificación roja puede tener varias consecuencias para los sujetos sobre los que se alerta; algunos países las tratan como órdenes de arresto, encarcelamiento de personas o cooperación con los procedimientos de extradición en su contra. Así, los individuos pueden tener sus activos congelados, sus pasaportes confiscados y sus movimientos restringidos, sin mencionar el irreparable daño a la reputación.

Hakeem al-Araibi, un futbolista de Bahrein que vive como refugiado político en Australia, huyó de su país después de que los atletas que participaron en protestas a favor de la democracia fueran arrestados, golpeados y supuestamente torturados mientras estaban detenidos. Se enteró de su estatus de buscado en su luna de miel en Tailandia en 2018. Fue arrestado con su esposa después de que Bahrein emitiera un aviso de Interpol acusándolo de vandalismo.

Otro caso fue el de Petr Silaev, un ambientalista y antifascista ruso que fue acusado de “vandalismo” después de manifestarse en 2010 contra los planes para construir una autopista a través del bosque de Khimki en las afueras de Moscú. Huyó del país cuando las autoridades reunieron a otros manifestantes y se le concedió asilo político en Finlandia. En 2012, sin embargo, fue detenido en España tras una alerta de Interpol y detenido en una prisión de alta seguridad. Pasó meses luchando contra la extradición a Rusia.

“No debemos abusar de organizaciones internacionales como Interpol para tales fines”, había dicho la entonces canciller alemana Angela Merkel, después de que un escritor alemán de origen turco, Doğan Akhanli, fuera arrestado en 2017 mientras estaba de vacaciones en España.

La constitución de Interpol prohíbe el uso de la organización para asuntos políticos y anunció en 2015 que eliminaría una notificación roja si esa persona hubiera sido reconocida como refugiada. Además, debe guiarse por la Declaración Universal de Derechos Humanos, que exige juicios justos y libertad de expresión, y prohíbe las detenciones arbitrarias.

Eliminar las solicitudes cuestionables de arrestos internacionales recae en un equipo especializado en la sede de Interpol en Lyon, creado en 2016. Turquía dice que Interpol ha rechazado 773 solicitudes para detener a personas por presuntos vínculos con el movimiento popular Hizmet. Las intervenciones de la Interpol contra Turquía se encuentran entre una serie de ejemplos conocidos públicamente de los esfuerzos de la organización para detener los avisos de motivación política en los últimos años. Sin embargo, algunos temen que la Interpol crea con demasiada frecuencia que sus miembros están trabajando de buena fe y le proporcionan información precisa.

“La Interpol está ahí para ayudar a la policía a hacer su trabajo bajo el supuesto de que la policía hace su trabajo con honestidad”, dijo a The Guardian Rutsel Martha, ex jefe legal holandés de Interpol y autor de un estudio de la organización. “Ese es el sistema, por lo que la primera reacción tiene que ver con la situación inmediata, luego los controles legales se activan más adelante en el proceso”.

“Es muy fácil fabricar o manipular información para crear una acusación de malversación o apropiación indebida o de obtener ganancias injustas”, asegura Estlund. Una de las formas más fáciles de elaborar solicitudes de arresto engañosas es acusar a las personas de delitos financieros como el lavado de dinero, mientras que un cargo de asesinato requiere evidencia de un cadáver y los cargos políticos pueden violar las reglas de Interpol.

Lo que los críticos consideran un bajo nivel de prueba requerido para una notificación roja se puede ver en el caso de un activista turcomano de derechos humanos, Annadurdy Khadzhiev, que fue detenido en Bulgaria en 2002 por un aviso de Interpol que lo acusaba de malversar USD 40 millones del banco central de Turkmenistán. Sin embargo, el presunto robo tuvo lugar cuatro años después de que Khadzhiev dejara de trabajar allí.

Jürgen Stock, el secretario general de Interpol durante los últimos siete años, le resulta frustrante que a veces se entera por los medios, en lugar de su organización, sobre solicitudes de arresto indebidas, como las que involucran a refugiados. Dice que los países no siempre notifican a Interpol sobre el estatus de refugiado de una persona, que él considera como una “responsabilidad compartida”.

Sin embargo, insiste en que estos avisos son un “pequeño número de casos” en comparación con la “abrumadora mayoría” de los legítimos. Pero incluso su estimación aproximada de que no más del 5% de las notificaciones se aplican incorrectamente cada año podría significar cientos de solicitudes de arresto potencialmente ilícitas.

Bajo Stock, Interpol ha reforzado su organismo de supervisión -la Comisión para el Control de los Archivos de Interpol (CCF, por sus siglas en inglés). Los que critican a la agencia han acogido con satisfacción los cambios, pero algunos dicen que el sistema aún no es lo suficientemente robusto. Stock reconoce que hay más trabajo por hacer.

El CCF está compuesto por ocho especialistas que suelen reunirse cada pocos meses. En 2018, el año más reciente para el que hay datos disponibles, dictaminó que el 48% de las 346 quejas que presentó habían infringido las reglas de Interpol.

Las sanciones de Interpol para los miembros que incumplen sus reglas incluyen bloquear a los países para que no accedan a sus bases de datos y supervisar el uso de sus sistemas hasta por tres meses. Dice que estas son “medidas correctivas”, no castigos, y han estado en vigor desde al menos 2011.

Algunos países están tomando cartas en el asunto. En Estados Unidos, un grupo bipartidista en el Congreso basado en la Comisión de Helsinki está tratando de aprobar la Ley de Rendición de Cuentas y Prevención de la Represión Transnacional (Trampa), que se propuso en 2019 para restringir los arrestos basados en avisos rojos de Interpol y evitar que gobiernos extranjeros persigan a ciudadanos en el extranjero.

El próximo mes, los representantes de los estados miembros se reunirán en Estambul para elegir al próximo presidente de la organización. Entre los que compiten por el puesto, y al parecer uno de los favoritos, se encuentra un candidato controvertido: Ahmed Naser al-Raisi, un alto funcionario de seguridad de los Emiratos Árabes Unidos que forma parte del comité ejecutivo de Interpol.

Las organizaciones de derechos humanos y los abogados acusan a Raisi de supervisar un aparato de seguridad estatal “notoriamente abusivo” que ha encarcelado a disidentes y utilizado indebidamente las notificaciones rojas de Interpol.

Tomado de Infobae