Narcos fundan 3 compañías para lavar dinero en Costa Rica

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó 37 allanamientos en diferentes localidades de Puntarenas, Cartago, Alajuela, San José, San Isidro del General, Esparza, Orotina, San Mateo y Pérez Zeledón, para detener a 27 personas ligadas al caso Azteca.

Esta investigación desarticuló una banda narco internacional, liderada por dos colombianos y un mexicano que creó empresas legales, bajo la modalidad de sociedades anónimas, con el objetivo de ganar licitaciones de obra pública en Acueductos y Alcantarillados, cuya intención final era legitimar capitales provenientes de su ilícito negocio mediante estas compañías.

En apariencia, una abogada, identificada como Shirley Ávila Cortés, era su asesora legal para todos los trámites necesarios en el camino que debían tomar para llegar a los concursos públicos.

A su vez, se descubrió que la abogada era quien ayudaba con el traspaso de propiedades y de vehículos. 

Mientras tanto, contaban con el apoyo de un hombre de apellidos Villalobos Zúñiga, jefe del Banco Nacional en la región porteña, quien, según el OIJ, les brindaba asesoría para evadir controles y mover bienes inmuebles y dinero a sus cuentas sin ser detectados por la vigilancia del banco.

Además, compraron a 14 funcionarios públicos del AyA para amarrar contratos en la institución y otras labores a lo interno que ayudaban al desarrollo de la operación.

Se presume que las licitaciones ganadas por las empresas de esta organización alcanzaron sumas entre los ¢700 y ¢800 millones desde el 2020 a la fecha.

Walter Espinoza, director del OIJ, explicó que, como parte de esta causa, se investigan los delitos de narcotráfico, legitimación de capitales, enriquecimiento ilícito y corrupción.

PUNTO FUERTE: ESPARZA

El epicentro de los allanamientos tuvo lugar en Esparza y una pequeña parte de Miramar, donde se logró detener a los cabecillas de la banda, quienes fueron identificados como Abelardo García (mexicano), Hébert López Cobo (colombiano) y Héctor Camelo Méndez (colombiano).

Trascendió que los agentes judiciales, en un trabajo de investigación que comenzó hace dos años, concluyeron que estos criminales cuentan con múltiples propiedades y vehículos producto de estos negocios ligados al lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Espinoza explicó que el clan creaba empresas dedicadas a la construcción, con sociedades bien conformadas, de las cuales fueron allanadas La Constructora Del Valle Sociedad Anónima, Fluvial Construcciones e Inversiones Sociedad de Responsabilidad Limitada, Mc Cotter Realty Sociedad de Responsabilidad Limitada y Rincón Bohemio del 

Pacífico L & C, las cuales tenían a Ávila como agente residente.

“Cuando iniciamos la investigación nos percatamos de que tenían empresas fachadas, que tenían una alta disponibilidad de dinero en efectivo que no tenía origen licito conocido.

Además, descubrimos que habían constituido empresas para participar en la licitación de obra pública y que, para ese efecto, habían contactado a funcionarios para que les dieran facilidades en la adjudicación de las licitaciones. 

De esa manera, el dinero en efectivo sucio e ilegitimo y de origen oscuro se mezcla con un dinero bancarizado del estado y eso les permite dar una apariencia de legalidad e insertarlo en el sistema financiero”, declaró. 

Los judiciales llegaron a la conclusión de que este método de trabajo les permite a los criminales legitimar eficientemente el dinero que ganaban ilícitamente.

“En primer lugar, esta forma de trabajar permite, mucho dinero en efectivo; segundo, colocarlo en el sistema financiero; tercero, bancarizarlo y cuarto, darle usos como si fuera legal, ya que los fondos que ellos recibían eran del propio Estado, el origen estaba debidamente justificado”, agregó Espinoza.

AVISABAN DE CONCURSOS

Luego de explicar el modo de trabajar de esta banda de crimen organizado, don Walter explicó la labor de los funcionarios públicos, quienes cumplían un rol muy importante en toda la organización. 

“¿Que hacían los funcionarios? Les avisaban cuándo eran las licitaciones, les indicaban los momentos, maneras y montos que debían licitar y, además, les ayudaban a inspeccionar las ofertas. 

Adicionalmente, les brindaban criterios jurídicos que les favorecían y, al mismo tiempo, les indicaban cuáles eran los proyectos y cuáles eran los presupuestos asignados. 

En un periodo de aproximadamente ocho meses consiguieron 17 licitaciones que son cercanas a ¢700 millones de colones”, manifestó Espinoza.

BN ESTABA AL TANTO

Por otra parte, sabiendo que en la Agencia del Banco Nacional en Esparza, Puntarenas, se realizó uno de los allanamientos en el que, aparentemente se detuvo al funcionario, la entidad bancaria se pronunció y mencionó que hace meses se encontraban trabajando en conjunto con los oficiales del OIJ, ya que conocían sobre el caso, por lo que, en forma secreta colaboraron en la investigación de los funcionarios para encontrar las irregularidades. 

“El BN es una institución que trabaja con transparencia y reitera su absoluto respeto por las acciones de las autoridades judiciales y su disposición a brindar toda la colaboración que requieran para esclarecer los hechos. Incluso, desde meses atrás, nuestra Dirección de Cumplimiento se encontraba trabajando en conjunto con el OIJ sobre este caso en particular”, informó en un comunicado de prensa. 

AYA 

Por su parte, Edwin Marín Bonilla, presidente de la Seccional ANEP-AyA, manifestó que este acto de corrupción se veía venir y que dicha institución había puesto las respectivas denuncias en su momento, por la cantidad de contrataciones millonarias innecesarias que se han hecho.

“Esto es algo que se veía venir, pues este sindicato ha venido denunciando a lo largo de mucho tiempo las contrataciones millonarias que, a la postre, no han generado ningún beneficio para esta institución. 

Al parecer aquí lo que está prevaleciendo es el enriquecimiento ilícito con un supuesto lavado de dinero. 

Por esta razón, había que darle rostro a esta red de cuido que está desangrando esta institución de los y las costarricenses” declaró. 

De esta forma, las instituciones involucradas han dejado claro que se mantienen anuentes a colaborar con los investigadores con el fin de que se esclarezca el asunto en el cual se han visto involucrados algunos de sus funcionarios. 

DECOMISO

Por su parte, las autoridades judiciales finalizaron las labores en los diferentes puntos allanados con el decomiso de las evidencias, las cuales son importantes en la investigación del caso. 

El OIJ decomisó maquinaria perteneciente a las supuestas empresas constructoras, documentación, archivos de las bases de datos de la institución pública y otros indicios que son importantes para la investigación, además de grandes cantidades de dinero en efectivo, tanto en colones como en dólares. 

Según los agentes, en el sector de Cartago se decomisó un total de 19 mil dólares. 

Al cierre de esta edición, trascendió que los efectivos seguirán trabajando en los próximos días para detener a las demás personas que están involucradas con la banda, por lo cual no descartan que se sumen cada vez más sujetos a la investigación, ya que se sabe que en esta red criminal hay muchas personas involucradas que fueron ingresando de apoco y durante este mismo año.

Tomado del diario Extra de Costa Rica