El Estado chileno se sumó como querellante en la causa que investiga a una jueza que ayudó a un hijastro narco

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se sumó a la querella presentada contra de la jueza de garantía de Coyhaique, Cecilia Urbina Pinto, quien aprovechaba información privilegiada a la que tenía acceso para proteger a su hijastro, quien era buscado por la policía por narcotráfico. Los hechos estaban siendo investigados desde principios de año en la región de Aysén (a unos 1.500 kilómetros al sur de Santiago), donde la acusada entregaba datos para que el hijo de su esposo pudiera eludir a sus persecutores. “Siempre contaba que lo andaban buscando y le llegaba la información porque su madrastra era jueza, por eso no lo detenían nunca”, contó en el proceso uno de sus cómplices.

La acción del CDE acusa a la magistrada de haber entregado información a su hijastro vinculado al narcotráfico, a quien daba detalles sobre la indagatoria que seguía en su contra el Ministerio Público y así eludir la justicia. La presentación legal recoge los antecedentes aportados por el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma Guerra, en la querella que dio inicio al proceso judicial en contra de Urbina.

La investigación comenzó a principios de este año, cuando personal de la Policía de Investigaciones (PDI) se encontraba realizando escuchas a un grupo de la zona que se dedicaba al tráfico de drogas, donde daba las órdenes Jorge Cáceres Vásquez, apodado “El Matanga”. Éste se encontraba coordinando una entrega de estupefacientes por lo que se comunicó telefónicamente con sus compañeros de crimen. Lo que no se sabía hasta ese minuto, es que “El Matanga” es hijo biológico de Jorge Cáceres Osses, marido de la magistrada Cecilia Urbina.

En el Ministerio Público se dieron cuenta de un gran detalle: las diligencias encargadas durante la investigación eran precisamente resueltas por la magistrada Urbina, por lo que tenía acceso a información clave que era usada por su hijastro para burlar a la policía.

Por lo mismo, la fiscal a cargo de la causa, María Inés Núñez, solicitó nuevas diligencias a otro magistrado para evitar la filtración junto con lo cual pidió que la tramitación fuera secreta. En teoría la medida era la correcta, pero el nuevo ministro se inhabilitó en el caso porque a mediados de agosto de este año prestó declaración en la causa. Se trata del magistrado Mario Devaud Ojeda, quien aportó antecedentes sobre el acceso de los jueces al sistema informático del Poder Judicial, hechos que están relacionados justamente con la indagatoria contra Urbina, lo que le impide seguir tramitando el caso. Por lo mismo, se declaró inhabilitado y solicitó que los antecedentes pasen “a juez no inhabilitado que corresponda”.

La presentación del juez se produce luego de que la Corte Suprema en Santiago confirmara la legalidad de la querella interpuesta por la Fiscalía de Aysén contra Cecilia Urbina, por los delitos de prevaricación y revelación de secreto.

Sistema Informático

La fiscal del caso buscaba que la querellada no tuviera acceso a la información sobre la causa de su hijastro, pero no se logró dicho efecto. De hecho, Urbina continuó ingresando al sistema informático del Poder Judicial y revisó el expediente del caso, donde estaban las medidas que se habían tomado y que afectaban a su hijastro.

Según los antecedentes obtenidos por la fiscalía, los datos que encontró fueron transmitidos a su pareja. Así, el padre de “El Matanga” se reunió con su hijo en una estación de servicios a principios de febrero de 2021, donde le informó que su celular estaba intervenido por la PDI, por lo que escuchaban sus conversaciones. Así, el hijastro de la magistrada se deshizo de su teléfono al igual que sus cómplices, perdiéndose así una importante fuente de información para la policía.

En declaraciones, los cómplices del hijastro en cuestión señalaron que conocían la fuente de la información que le permitía a Cáceres permanecer fuera del foco policial. Uno de ellos, Diego Araneda, declaró el pasado 16 de abril que él “siempre contaba que lo andaban buscando y le llegaba la información porque su madrastra era jueza. Nunca me dijo cuál era el nombre de la jueza ni tampoco el nombre de su papá. Decía que le daban información a su madrastra, la jueza. No me dijo quién era la persona que le daba la información, y la jueza se lo contaba al papá de Cáceres, que es su pareja, y el papá de Cáceres le avisaba y por eso no lo detenían nunca”.

Lo propio ocurrió con Alexis Barría, quien declaró en esta causa que “en casa de su madrastra, que tengo entendido es jueza, en un computador había leído que había un seguimiento. Me dijo que él se había metido al computador”.

Con estos antecedentes y para acreditar que la magistrada filtraba información de la causa, la fiscalía solicitó al tribunal de garantía de Coyhaique la interceptación de su teléfono móvil y el de su marido. Así, la PDI realizó escuchas a ambos aparatos, donde fue captada una conversación que Urbina sostuvo con una funcionaria judicial, en la que reconoce que ingresaba a buscar datos en el sistema del Poder Judicial. En el audio, también afirmó que aun cuando el expediente digital era secreto, a su juicio ese hecho no aplicaba para los funcionarios de la judicatura: “Aunque yo me hubiese inhabilitado, igual uno puede seguir mirando las causas”, afirmó.

Implicancias de la querella del CDE

Una serie de nuevas diligencias fueron solicitadas por el Consejo de Defesa en la querella elevada ante el Ministerio Público. Entre ellas, requirió que se instruya a la PDI tomar declaración a funcionarios del Juzgado de Garantía local de Coyhaique, pues sus nombres figuran en varias de las escuchas obtenidas durante la investigación.

Tomado de Infobae