Austria suspenderá por tres meses el uso obligatorio de mascarillas en el transporte público y en espacios cerrados

Austria suspenderá a partir del próximo 1 de junio, por tres meses, la obligatoriedad de usar mascarillas en el transporte público y en todos los espacios cerrados salvo hospitales y residencias de ancianos.

Así lo anunció este martes el ministro austríaco de Sanidad, el ecologista Johannes Rauch, en una rueda de prensa en Viena donde destacó el “desarrollo positivo” de la pandemia que registra la república alpina, con cifras descendentes de nuevos contagios y hospitalizados.

“El número de nuevos casos diarios ha bajado de unos 16.000 a menos de 2.000″, mientras que en los hospitales austríacos hay actualmente “unos 600 pacientes con COVID, cinco veces menos que hace dos meses”, señaló el ministro.

No obstante, llamó la atención sobre el hecho de que el Gobierno “no ha decidido levantar, sino meramente suspender” la obligación de usar mascarilla FFP2, ya que “todos los expertos suponen que tendremos (en otoño boreal) alguna nueva variante, y también una nueva oleada” de contagios.

“No es el fin de la pandemia de COVID. La pandemia nos da un respiro: tenemos una súper pausa desde el 1 de junio durante tres meses, pero estamos asumiendo que la mascarilla vendrá de nuevo”, declaró.

Tras varias flexibilizaciones de las restricciones impuestas para frenar los contagios por coronavirus, la obligación de usar mascarilla FFP2 rige en Austria actualmente en el transporte público, los taxis y en los comercios esenciales, como supermercados y farmacias, así como en todas las instituciones sanitarias.

También a partir del 1 de junio se suspenderán los test de COVID obligatorios para los alumnos de los colegios.

Asimismo, el Gobierno ha decidido prorrogar por tres meses más la suspensión vigente de la ley que obliga a los mayores de 18 años a vacunarse contra el coronavirus.

Tras ser adoptada en febrero, esa ley fue suspendida en marzo, sin que se llegara hasta ahora a aplicar las multas previstas para los no vacunados en la normativa, de 600 euros (642 dólares) hasta cuatro veces por año.

La ministra de Asuntos Constitucionales, la conservadora Karoline Edtstadler, señaló que actualmente esa ley no responde al principio de “proporcionalidad” entre los beneficios que aporta a la sociedad y las limitaciones a las libertades individuales que supone.

“La situación actual (de la pandemia) es diferente a la que había cuando se aprobó la ley”, subrayó la ministra.

(Con información de EFE)