Cortizo frena con un ‘veto’ el pago de la ‘prima de antigüedad’ #Panamá

¿Otro veto? El presidente de la República, Laurentino Cortizo, devolvió a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley 726 que crea el certificado negociable para pago de prima de antigüedad de los servidores públicos por inconveniente e inexequible.

Se trata de una iniciativa de ley, presentada por el diputado perredista Leandro Ávilla, que propone que el pago de la prima de antigüedad a los servidores públicos se dé través de la creación de un Certificado Negociable (CEPPAN).

De acuerdo con el análisis enviado por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea, por la forma en que está redactado el contenido dispositivo de la propuesta, se imposibilita la aplicación del mismo porque hay condiciones, términos, requisitos y demás elementos que no se definen, lo que lo hace inexequible.

La nota, firmada por el presidente Cortizo, destaca que el proyecto «no cuenta con los valores numéricos sobre la cantidad estimada de beneficiarios por cada entidad y su costo, a efectos de poder realizar una corrida presupuestaria de tendencia estadística para el cálculo de este reconocimiento, y su programación financiera y presupuestaria».

Con respecto al Artículo 2 del proyecto, que establece que «se autoriza la creación del Certificado Negociable para Pago de Prima de Antigüedad de los Servidores Públicos, conocido como CEPPAN, en el Estado panameño, a fin de reconocer el derecho correspondiente a estos servidores y exservidores públicos», indican que podría presentarse un vacío legal en el caso de aquellas instituciones públicas que, conforme con sus previsiones presupuestarias, puedan efectuar el pago de la prima de antigüedad de forma inmediata y no mediante el denominado CEPPAN.

Por otro lado, en el artículo 4 se establece que «a la Contraloría General de la República le corresponderá habilitar una oficina responsable de cumplir con los objetivos de esta propuesta», sin embargo, para el Ejecutivo esto contradice lo previsto en el artículo 5 de la Ley 32 de 1984, que indica que esta institución estará integrada por un organismo central y por los departamentos u oficinas que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

Agregó que igual esto riñe con lo previsto en el artículo 6 de la citada ley, que «faculta al contralor general para establecer las subdivisiones de las distintas dependencias de la institución y para fusionar y suprimir dichas subdivisiones, fijándoles las atribuciones específicas que les correspondan, a través del Reglamento Interno».

Consideración

El mandatario además considera que la «propuesta se debió incluir la legitimación del tenedor en debida forma, como parte interesada para solicitar la anulación y reposición del CEPPAN, si fuere el caso, toda vez que, según 10 establecido en esta propuesta de ley, tal petición solo puede provenir del beneficiario».

La iniciativa enlista diversas causales de terminación laboral, dejando por fuera, por ejemplo, la pensión por vejez, lo cual, según el análisis jurídico hecho por el equipo de Cortizo, «limitaría el ejercicio de este derecho, pudiéndose presentar obstáculos para su reclamo».

El presidente Cortizo indica que es necesario considerar el impacto de la implementación de este proyecto en el financiamiento público y el Presupuesto General del Estado, para lo cual se deberán efectuar las consultas correspondientes, «toda vez que el país debe cumplir con los límites establecidos sobre el nivel de endeudamiento público y el déficit fiscal enmarcado en leyes ya existentes de carácter esencialmente regulatorios de esta materia», y que es deber de cada entidad pública, una vez definido el tema de los beneficiarios y su costo, coordinar con las autoridades reconocidas en el presente Proyecto de Ley para los efectos de su trámite y validación.