El régimen de Ortega prepara una nueva embestida contra las ONG: tiene más de 100 organizaciones en la mira

El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que gobierna Nicaragua ha presentadoun proyecto de ley para anular la personalidad jurídica de 101 organizaciones civiles, incluida la Asociación Misioneras de la Caridad de la Orden de la Madre Teresa de Calcuta.

La propuesta ha sido presentada por el diputado Filiberto Rodríguez, quien registró el pasado 22 de junio un proyecto de decreto que será debatido en el pleno el próximo martes 28 de junio en la Asamblea Nacional, según recoge la prensa nicaragüense.

En la exposición de motivos se señala al incumplimiento de tres leyes: la Ley sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro (Ley 147), la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua o Ley 606, y la Ley Contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o ley 977.

Rodríguez ha explicado que estas ONG no han presentado sus estados financieros, tampoco han informado de quiénes integran sus juntas directivas, de las donaciones previas provenientes del exterior, documentos de identidad de sus proveedores de fondos, y no han cumplido con la inscripción como “agentes extranjeros”.

La lista comprende asociaciones y organismos civiles de todo tipo: agropecuarias, medioambientales, de apoyo a la juventud, desarrollo comunitario, religiosas, médicas, labores de caridad, derechos humanos o atención a la infancia.

En cuanto a la Asociación Misioneras de la Caridad, la publicación Aleteia denunció el pasado 18 de junio que el régimen clausuró las obras de caridad de dicha organización después de más de cuarenta años de servicio a los más pobres “como parte de la intensa cacería que ha emprendido el régimen en contra de la Iglesia católica por considerarla opositora y golpista”, según Aleteia.

También están en la lista la Asociación Misioneras de la Caridad, Fundación para el Desarrollo Integral del Río San Juan, la Asociación Instituto de Mediación Laboral, la Asociación Nicaragüense de Apoyo a Pequeños Agricultores, la Asociación para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos o la Fundación Nicaragua Aid Fundation.

De aprobarse esta iniciativa, el número de asociaciones y organismos civiles clausurados desde el 29 de noviembre de 2018 sería de 770.

Cada vez más represión

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que ha dejado centenares de muertos en protestas populares tildadas de intento de golpe de Estado por Ortega, que lleva 15 años y cinco meses consecutivos en el poder en medio de denuncias de autoritarismo y fraude electoral.

Amnistía Internacional (AI) alertó este viernes que el régimen del presidente Daniel Ortega, quien se encuentra en el poder desde 2007, ha “intensificado su táctica de represión” en el marco de la crisis política que vive Nicaragua desde abril de 2018.

“Las autoridades han intensificado su táctica represiva con una nueva oleada de arrestos en el periodo previo a las elecciones (de noviembre pasado) y, desde el 28 de mayo de 2021 han detenido a más de 30 personas sólo por ejercer sus derechos humanos”, señaló AI en un informe publicado hoy a propósito del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura.

En su informe, AI recordó que Nicaragua lleva inmerso en una “grave crisis de derechos humanos” desde abril de 2018, cuando miles de nicaragüenses salieron a las calles para protestar por unas controvertidas reformas de la seguridad social.

“El Gobierno de Ortega respondió con una oleada de represión y medidas sin precedentes, que continúa hasta hoy, contra las personas disidentes”, indicó ese organismo humanitario.

Según AI, desde entonces, más de 100.000 nicaragüenses “han huido del país”, mientras decenas de activistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, así como periodistas, “han sido amenazados, encarcelados, torturados y, en algunos casos, han desaparecido”.

Tomado de Infobae