América Latina debe pronunciarse sobre la represión en Rusia

La guerra entre Rusia y Ucrania sigue acaparando la atención mundial, pero la comunidad internacional no debe pasar por alto la represión que Rusia ejerce dentro de su propio territorio y el terrible impacto que esta tiene sobre la ciudadanía. Así como varios gobiernos latinoamericanos se han pronunciado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la situación en Venezuela, también deberían demarcarse dirigiendo la atención hacia la represión en Rusia.

En los días posteriores a la invasión a gran escala en febrero, las autoridades rusas adoptaronleyes de censurasin precedentes quecriminalizan las críticas al conflicto armado en Ucrania. Informar sobre la guerra se convirtió en una libertad exclusiva de los medios de comunicación gubernamentales y de aquellos que se hacen eco de ellos. Los medios de comunicación independientes solo tienen una alternativa: abandonar el país o enfrentar duras sanciones.

Tras una década de represión en espiral en Rusia, se han abierto cientos de expedientes penales y administrativos contra periodistas, activistas y personas que simplemente se manifestaron contra la guerra. Otros miles han pasado días o semanas en la cárcel por participar en protestas contra la guerra. Cada día se abren nuevos expedientes administrativos y penales.

La represión en Rusia comenzó hace 10 años, poco después de que Vladimir Putin reasumiera la presidencia, cuando se adoptó una primera legislación sobre “agentes extranjeros”. En virtud de esa ley, los grupos de la sociedad civil que reciben aunque sea un solo céntimo de financiación extranjera deben registrarse como agentes extranjeros –término que en Rusia se entiende como “espía” o “traidor”— o enfrentarse a sanciones. El gobierno ruso ha utilizado esta ley para demonizar y tratar de silenciar las críticas.

Esta etiqueta se ha generalizado hasta convertirse en un instrumento comodín de estigmatización. Cientos de grupos cívicos, activistas y periodistas han sido marcados con esta etiqueta tóxica y penalizados a pagar grandes multas, en ocasiones, repetitivas. Además, esta etiqueta ha sido complementada con otras leyes –por ejemplo, la ley de organizaciones extranjeras “indeseables” y enmiendas de amplio calado a la legislación contra el extremismo y el terrorismo— que esencialmente ponen a cualquiera que piense de forma crítica bajo una espada de Damocles.

En 2021, Rusia prohibió los grupos afiliados al político opositor encarcelado Alexey Navalny –que se centró en denunciar la corrupción de alto nivel– por considerarlos extremistas, y abrió un proceso penal contra Navalny y sus colaboradores más cercanos. Las autoridades aprobaron recientemente unas enmiendas que amplían la responsabilidad penal por la participación de ciudadanos rusos en organizaciones “indeseables”. El gobierno sigue poniendo en la lista negra a los grupos extranjeros, tendiendo una trampa a los rusos afiliados a ellos.

No fue ninguna sorpresa el año pasado cuando el Ministerio de Justicia desmanteló Memorial, el grupo de derechos humanos más destacado de Rusia. Ni cuando anularon el registro de las oficinas locales de Human Rights Watch, Amnistía Internacional y otras 13 organizaciones extranjeras e internacionales.

Recientemente, las autoridades rusas aprobaron nuevas leyes que penalizan la “asistencia” de gobiernos y organizaciones extranjeras que atenten contra la “seguridad” de Rusia, aunque ambos términos no han sido definidos. Es decir, esto podría utilizarse, por ejemplo, contra cualquiera que abogue por sanciones contra el Kremlin. La misma ley también equipara la recopilación de información sobre las fuerzas armadas de Rusia con el espionaje.

Otra ley reciente permite bloquear contenidos de la web y suspender medios de comunicación sin supervisión judicial. Un proyecto de ley presentado en abril profundizaría la represión contra las personas LGBT. El ritmo de la represión no da señales de ceder.

Muchos periodistas, defensores de los derechos humanos y detractores de la guerra han abandonado Rusia desde el inicio de la guerra. Sin embargo, son muchos más los que están en el país y continúan su trabajo bajo una presión insoportable. Es esencial proteger a ambos grupos y permitir que todos los medios de comunicación independientes, y grupos cívicos reanuden sus actividades pacíficas dentro del país para contrarrestar las falsedades y las narrativas perversas del Kremlin sobre la guerra.

Desde que Rusia renunció al Consejo de Europa en marzo, los rusos han perdido una importante vía de justicia a través del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Dada la gravedad de la situación, no cabe duda de que los rusos buscarán ahora una mayor atención y apoyo de los organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas. La creación de un relator especial dedicado a Rusia podría atraer la atención y el alivio de los defensores de los derechos humanos, periodistas y activistas rusos, ya sea en el exilio o en Rusia.

Finalmente, tras meses de presión de parte de organizaciones de la sociedad civil, estados miembros de la Unión Europea se han comprometido a presentar una moción con este fin ante el Consejo de Derechos Humanos durante su actual sesión de trabajo. Esperamos que los países latinoamericanos que actualmente integran dicho foro ―especialmente Argentina, Bolivia, Brasil, Honduras, México, y Paraguay― apoyen públicamente este meritorio esfuerzo. Esta es la única línea de acción congruente con las determinaciones que llevaron a la Asamblea General de las Naciones Unidas a suspender a Rusia como miembro del Consejo el pasado 7 de abril, por un margen de 93 votos a favor y solo 24 en contra.

Aunque la guerra en Ucrania y la represión dentro de Rusia puedan parecer muy lejanas, los países latinoamericanos tienen interés en que la represión interna en Rusia sea investigada, analizada y puesta en evidencia. Los gobiernos latinoamericanos no deberían perder la oportunidad de apoyar el establecimiento de un relator especial y solidarizarse así con los ciudadanos rusos que creen en la democracia y no merecen menos.

*Bruno Stagno es director ejecutivo adjunto de Human Rights Watch encargado de incidencia global

Publicado por Panama Times PTY

Periodistas y comunicadores.

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