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Francia y Alemania está dispuestas a «jugar duro» contra Rusia



Tomado de Reuters. La UE debe enfrentarse a Rusia cuando viola las normas internacionales, dijeron el jueves los ministros de Asuntos Exteriores de Francia y Alemania, añadiendo que la decisión de imponer sanciones por el envenenamiento del opositor Alexei Navalny no significa el fin del diálogo con el Kremlin.

Francia y Alemania habían indicado el miércoles que propondrían ante la Unión Europea la aplicación de sanciones contra determinados ciudadanos rusos tras no recibir respuestas creíbles de Moscú sobre el caso Navalny.

Varios Gobiernos occidentales han dicho que Moscú, que niega estar detrás del envenenamiento del opositor ruso, debe colaborar con la investigación o atenerse a las consecuencias.

«Debemos ser muy claros: dialogar con Rusia no significa hacerle un favor», dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, en una conferencia sobre seguridad en Bratislava (Eslovaquia).

«No significa abandonar nuestra ambición de construir un continente pacífico. Al contrario, significa defender esa ambición… preparándose para jugar duro cuando sea necesario», agregó.

Su homólogo alemán, Heiko Maas, subrayó la misma idea.

«Necesitamos ser capaces de jugar duro, pero al mismo tiempo nunca debemos dejar que el diálogo se detenga», apuntó Maas. «Necesitamos a Rusia para resolver los conflictos en Siria, en Libia y en Ucrania», recordó.

Está previsto que el próximo lunes los ministros de Asuntos Exteriores de la UE respalden las sanciones contra Rusia, aunque éstas no se aprobarán de inmediato.

La decisión y la rapidez con la que las dos principales potencias europeas han acordado tomar medidas contra el Kremlin sugieren un endurecimiento de la diplomacia del bloque hacia Moscú, que el miércoles aseguró que ya no consideraba posible mantener la normalidad en las relaciones con Berlín y París.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha intentado reducir las distancias entre Rusia y Occidente desde su llegada al poder, en 2017, con la esperanza de conseguir la ayuda de Moscú para resolver algunas de las crisis globales más importantes.

Sin embargo, sus esfuerzos por lograr un mayor diálogo entre las dos partes han molestado a otros Estados miembros de la UE, que argumentan que el Kremlin ha hecho poco porque mejoren las relaciones.

Disidencias de las ‘Narcoterroristas’ Farc habrían incendiado un vehículo de la ONU en Colombia



Tomado de EFE / LaPatilla. La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia denunció este miércoles que las disidencias de las FARC incineraron uno de sus vehículos en el departamento del Caquetá (sur) en el que se desplazaba una misión humanitaria.

El ataque ocurrió en el caserío Girasoles, que hace parte del municipio de San Vicente del Caguán, hecho que fue rechazado por el Gobierno colombiano.

“La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informa que hoy en horas de la tarde uno de sus vehículos fue incinerado por parte de hombres que se identificaron como disidencias de las FARC”, informó la entidad en un comunicado.

La información agrega que “la Oficina se encontraba en una misión con la Defensoría del Pueblo y la Comisión de la Verdad” y que tanto el personal de “ONU Derechos Humanos y los demás integrantes de la misión se encuentran bien”.

Al respecto, la Cancillería colombiana señaló que en “nombre del Gobierno de Colombia, condena y rechaza el incendio de un vehículo de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Caquetá”.

A ese rechazo se sumó la Defensoría del Pueblo que en un comunicado detalló que “el ataque fue protagonizado por hombres armados de las disidencias del Frente 40 de las extintas FARC, quienes obligaron a descender a los funcionarios de los vehículos e incineraron la camioneta”.

Añadió que la misión humanitaria estaba en la zona acompañando a la comunidad y a los líderes sociales, para garantizar el ejercicio de sus derechos humanos.

“Esta agresión contraviene gravemente las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) que establece una protección especial a las personas y a los bienes civiles, como también a las personas que realizan misión humanitaria a favor de la población civil”, dijo la Defensoría.

Ante el ataque, el organismo hizo un llamado a los grupos armados a “respetar en todo tiempo a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo y de los organismos humanitarios en el marco de los principios y reglas del DIH. De igual manera, manifiesta su solidaridad para con las Naciones Unidas en Colombia”.

Trump llama “monstruo” a Kamala Harris


Trump y Kamala Harris

Tomado de AFP / LaPatilla. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó el jueves “monstruo” a la senadora Kamala Harris, quien podría convertirse en la primera vicepresidenta negra del país.

El mandatario republicano, muy rezagado en la carrera por la Casa Blanca el 3 de noviembre frente a su rival Joe Biden, y con un desempeño especialmente malo en las encuestas entre votantes mujeres, usó dos veces esta palabra, refiriéndose a Harris como “este monstruo”.

En su primera entrevista desde que se contagió del coronavirus, Trump dijo que el vicepresidente Mike Pence “destruyó” a Harris en su debate del miércoles en Utah.

“Todo lo que dice es mentira”, dijo Trump sobre la compañera de fórmula de Biden, en declaraciones a Fox Business News durante casi una hora.

Harris, quien también es la primera persona de ascendencia india en competir por la vicepresidencia de Estados Unidos, pasó la mayor parte del duelo televisado con Pence atacando a Trump por su respuesta al covid-19, acusándolo de encabezar lo que según dijo fue “el mayor fracaso de cualquier administración presidencial en la historia de nuestro país”.

En la entrevista con Fox, Trump una vez más describió a Biden, quien lidera cómodamente en casi todas las encuestas de opinión importantes a nivel nacional, como “mentalmente incapaz”.

“Todo el mundo lo sabe”, afirmó el presidente, y predijo que “Biden no será presidente ni dos meses”.

Trump, quien viene criticando desde hace tiempo a Biden por senil y ha tachado a Harris de “desagradable”, también revivió una de sus afirmaciones más cuestionadas como político: que los inmigrantes indocumentados latinoamericanos son criminales graves.

Los demócratas “quieren que miles de personas que son asesinos, violadores, simplemente entren en nuestro país. Podrían ser personas muy enfermas”, dijo.

Descripciones similares de inmigrantes indocumentados fueron un sello distintivo de la retórica de Trump desde que anunció su carrera presidencial en 2015, cuando declaró que los mexicanos que llegan a Estados Unidos son criminales, “violadores y algunos, supongo, son buenas personas”.

En duda, el próximo debate presidencial entre Trump y Biden


Combinación de fotos del presidente Donald Trump y del exvicepresidente Joe Biden durante su primer debate hacia las elecciones presidenciales de noviembre, el martes 29 de septiembre de 2020, en Cleveland, Ohio. (AP Foto/Patrick Semansky)

Tomado de AP. La la posibilidad de un segundo debate entre el presidente Donald Trump y el aspirante demócrata Joe Biden se ha tornado incierta, al igual que el lugar donde se llevaría a cabo y si se enfrentarían en persona o virtualmente a través de pantallas.

La polémica inició el jueves cuando la Comisión de Debates Presidenciales, una organización sin tendencia partidista, anunció que el evento de la próxima semana en Miami se realizaría de manera virtual después de que Trump diera positivo al coronavirus y en medio de dudas sobre si el mandatario sigue siendo contagioso.

Por su parte, el equipo de campaña de Biden informó que el candidato demócrata dio negativo a una prueba de COVID-19 a la que fue sometido el jueves. Se trata de al menos la quinta vez que el exvicepresidente da negativo desde que Trump confirmara que contrajo el virus la semana pasada.

La campaña de reelección del presidente indicó que él no participaría en un debate virtual, mientras que los asesores de Biden sugirieron que el encuentro fuera aplazado una semana, para el 22 de octubre. El equipo de Trump aceptó esa fecha pero subrayó que un tercer debate deberá ocurrir el 29 de octubre —justo antes del día de las elecciones— y reiteró que no aceptaría la sustitución por una modalidad virtual.

La campaña de Biden rechazó participar en un debate el 29 de octubre.

Pese al desacuerdo entre ambos equipos de campaña, quien tiene la última palabra es la comisión. E incluso si Trump y Biden pueden acordar las fechas, la logística sería una pesadilla. Encontrar una sede dispuesta a reprogramar sus actividades, con tan poco tiempo y en medio de la pandemia, no será fácil —e igual de incierta es la decisión si los eventos se realizarían en Miami y luego en Nashville de acuerdo con lo planeado.

Se trata de otro ejemplo más de los ajustes que genera la pandemia a la contienda presidencial, más allá de entorpecer los esfuerzos del presidente de desviar la atención de un virus que ha cobrado la vida de más de 210.000 estadounidenses este año.

Después de que Trump prometió no participar en el debate de la próxima semana si se lleva a cabo virtualmente, la campaña de Biden respondió proponiendo que el evento del próximo jueves —el segundo debate entre ambos— se postergara una semana “a fin de que el presidente no pueda evadir su responsabilidad”.

Trump fue diagnosticado con coronavirus hace una semana y el martes dijo en Twitter que estaba ansioso por debatir ante Biden en Miami, agregando: “¡Será genial!”.

El exvicepresidente dijo a los reporteros en Pensilvania que estaba “esperando poder debatirlo”, pero “tendremos que seguir pautas muy estrictas”.

Trump tenía todavía el virus cuando fue dado de alta del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed el lunes, pero sus médicos no han proporcionado ninguna actualización detallada sobre su estado. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, las personas con síntomas leves a moderados de COVID-19 pueden ser contagiosas hasta 10 días, y por esta razón deben permanecer aislados.

#Recompensa Samark López Bello: El empresario venezolano que le huye a EEUU



Tomado de https://evtvmiami.com/. Conozca quién es Samark López Bello, después de ser buscado por la justicia de EE.UU, un fugitivo de la justicia estadounidense, empresario venezolano y además, acusado de lavar dinero del narcotráfico, bajo el informe de InSight Crime. 

En el año 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, señaló a López Bello como testaferro de Tareck El Aissami, ex vicepresidente venezolano, quien además, desde junio de 2018 dirige el Ministerio de Industrias y Producción Nacional.

El empresario venezolano se ha encargado de negar las acusaciones pero no la vinculación con El Aissami, según Insightcrime.

El acusado, comenzó a figurar desde el año 2013 por su presunta vinculación en la compra de la Cadena Capriles, siendo este uno de los medios más antiguos y con mayor alcance de audiencia en Venezuela.

La Cadena Capriles, posteriormente hizo un cambio drástico en su línea editorial  para favorecer al Gobierno.

Sin embargo, su relación con el Estado a través de negocios turbios data de muchos años antes y abarca rubros como la construcción, alimentación, el sector petrolero y hasta la importación de árboles navideños.

Historia

Los nexos de Samark López Bello con el  régimen de Maduro, datan de al menos 10 años atrás.

Entre el 2000 y el 2008, el economista trabajó como director de Planificación y Presupuesto en la gobernación del estado Mérida durante la gestión de Florencio Porras.

Pero, su contrato cesó por petición de Porras quien luego sugirió que López había estado involucrado en hechos de corrupción.

En ese momento, López Bello inició una relación con Tareck El Aissami, cuando este último era presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Los Andes.

Posterior a su salida de la gobernación, y a pesar de una demanda en 2007 por el Banco de Venezuela por mantener una importante deuda con la entidad, López ingresa al sector privado.

El Empresario 

En esta etapa se inició como propietario de cinco empresas en Venezuela: Profit Corporation, C. A., Alfa One, C. A., SMT Tecnología, Grupo Sahect, C. A y Servicios Tecnológicos Industriales, C. A. También estableció contratos con el Estado a través de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y el Ministerio de Interior y Justicia (dirigido por El Aissami entre 2008 y 2012).

Sin embargo, fue hasta 2013 que López Bello comenzó a volverse relevante al vincularse con la compra de la Cadena Capriles.

La venta de la empresa periodística fue motivo de cuestionamientos, debido a la discrecionalidad en torno a sus compradores, y el cambio de la línea editorial de sus marcas, que comenzó a favorecer al gobierno.

Su rápido crecimiento como empresario lo llevó a poseer varias empresas en Estados Unidos: MF Food Service, LLC, LH Industries Supplies INC y Sahect Holding LLC.

En Panamá estuvo al frente de Yakima Trading Corp, una compañía creada en febrero de 2002, de la que fue designado presidente en 2014. Yakima tuvo varios intercambios comerciales con el estado venezolano, incluida la venta de 5.712 piezas de viviendas prefabricadas a Pdvsa Industrial.

La refinadora estadounidense Citgo, filial de Pdvsa, también intentó firmar un contrato con una empresa propiedad de López Bello, según denunció una exdirectora de recursos humanos de la compañía, ante un tribunal de Texas.

Una investigación del portal periodístico Armando.info lo relaciona también con la empresa Postar Intertrade Limited, que estableció contratos para la importación de árboles de navidad, en 2016, con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex). Posteriormente, Postar Intertrade acordaría también la venta de cajas de alimentos, con la misma empresa estatal venezolana, como parte de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción.

López se defendió ante las acusaciones de la autoridad fiscal estadounidense en su blog personal, alegando que su inclusión en la lista no estaba justificada, pues él se consideraba un hombre de negocios legítimo.

Aproximadamente dos años después, el 8 de marzo de 2019, el gobierno estadounidense emitió una nueva acusación en contra El Aissami y López.

Se trató de presuntamente violar las sanciones impuestas por Washington en 2017 al trasladarse desde Rusia a Venezuela usando aviones privados provistos por empresas establecidas en Estados Unidos.

El 12 de mayo de 2019, la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos, acompañada de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y agentes federales de los Estados Unidos, allanaron dos villas de un complejo turístico de Verón, Punta Cana, presunta propiedad de López.

En la intervención se encontraron US$ 25.000 y 18.000 euros, tres vehículos todo terreno, más de 30 relojes de distintas marcas, prendas preciosas, documentos y otras evidencias, las cuales están en poder del Ministerio Público.

Actividades criminales

Desde su primera incursión en la administración pública, López es vinculado con delitos de corrupción.

Después de su salida de la gobernación de Mérida, el entonces gobernador, Florencio Porras, lo acusó de cobrar sobornos para adelantar trabajos de infraestructura.

Pero las acusaciones no impidieron que luego de ser removido por el exgobernador, incursionara en el sector privado con al menos 13 empresas nacionales e internacionales.

Con ellas, consiguió asegurar importantes y turbios contratos con el Estado venezolano.

El ejemplo más evidente de este nexo quedó al descubierto por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que, en febrero de 2017, lo acusó de ser testaferro de Tareck El Aissami, y de estar vinculado con su red de narcotráfico, a través del lavado de dinero.

El comunicado del ente norteamericano señala a López como “un líder clave para El Aissami”, que lava sus ganancias producto del tráfico de drogas con la compra de activos, y el manejo de acuerdos comerciales en su nombre.

López se defendió de las acusaciones de la justicia estadounidense, pero no negó su vínculo con El Aissami. El actual ministro de Industrias y Producción Nacional tampoco negó sus conexiones. Ambos enfrentan cargos por incumplir con las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro. Pese a los esfuerzos de Estados Unidos por capturar a López Bello, este todavía se mantiene prófugo.

Geografía

El emporio empresarial corrupto de Samark López Bello, conformado por 13 empresas, abarca a Venezuela, Estados Unidos, Panamá, Islas Vírgenes Británicas y Reino Unido. Está vinculado también, indirectamente, a una empresa con sede en Barbados.

López también está acusado, por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de ser testaferro de Tareck El Aissami, con quien estaría asociado para lavar el dinero proveniente del narcotráfico.

El Aissami, ex vicepresidente ejecutivo de Nicolás Maduro, es acusado por la justicia estadounidense de facilitar el envío de drogas desde Venezuela hacia México y Estados Unidos, con el control de rutas de drogas a través de los puertos en Venezuela.

Más de 16 toneladas de drogas incauta la Armada colombiana



Tomado de la Armada de Colombia. 16402 kilogramos de alcaloides, 14261 de cocaína y 2141 de marihuana, fueron incautados en los últimos días en la lucha frontal que adelantan los países de la región contra el delito transnacional del narcotráfico en apoyo de información de la Armada de Colombia.

Realizaron 6 operaciones adelantadas en el mar Caribe y 11 en el océano Pacífico permitieron este importante resultado, donde se logró afectar económica y logísticamente a las organizaciones nacionales e internacionales, evitando que cerca de 491,3 millones de dólares, valor del alcaloide incautado, ingresaran a sus arcas.

Capturaron a 59 personas, 20 embarcaciones y una aeronave incautadas por movilizar el alcaloide en aguas internacionales.

La nota de prensa destaca que gracias a los acuerdos de cooperación internacional en la lucha contra el tráfico de drogas con los países del continente, la Armada de Colombia a través de información aportada oportunamente a las autoridades de Costa Rica, Estados Unidos, Panamá, Ecuador y México, logró la incautación de 16519 kilos de alcaloides en el desarrollo de diferentes operaciones en el mar Caribe y en el Océano Pacífico, en los últimos días.

Golpes al crimen organizado

Las operaciones fueron desarrolladas en la Isla Jicarón, David, Punta Mala y Changuinola (Panamá), en la Isla Galápagos (Ecuador), en Pochutla (México), en Punta Llorona (Costa Rica), en Laguna Brus (Honduras) y en aguas internacionales del Pacífico.

Resaltan que 11270 kilos de alcaloides fueron incautados en el desarrollo de operaciones internacionales en aguas del Océano Pacífico adelantadas por las autoridades del Departamento Antidrogas de la Dirección de Inteligencia y Seguridad de Costa Rica, la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta del Comando Sur de Estados Unidos, el Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica, la Policía Antinarcóticos de Ecuador con apoyo de Información suministrada por la Armada de Colombia. Durante estas operaciones fueron incautadas 12 embarcaciones entre ellas un buque pesquero que transportaba 300 kilos de cocaína.

De igual forma, en el mar Caribe fueron incautados 5132 kilogramos de clorhidrato de cocaína en siete operaciones adelantadas por diferentes agencias de los Estados Unidos entre ellas la DEA, en aguas internacionales al sur de la Laguna Brus, en Honduras y al norte de Uribia, en la Guajira. Cabe destacar que la operación cerca a Honduras permitió la incautación de 100 kilogramos de clorhidrato de cocaína en una aeronave tipo Beechcraft.

Durante las operaciones se logró la incautación de 16402 kilos de alcaloides, 14261 de cocaína y 2141 de marihuana, en la lucha frontal que adelantan los países de la región contra el delito transnacional del narcotráfico; así como la incautación de 20 embarcaciones y una aeronave, y la captura de 59 sujetos de diferentes nacionalidades entre ellos ecuatorianos, colombianos y un británico.

La Armada de Colombia continuará desarrollando operaciones conjuntas, coordinadas y combinadas en contra de las organizaciones narcotraficantes con el fin de cerrar los espacios marítimos nacionales e internacionales a este flagelo multinacional que afecta la salud pública de la juventud, no solo de los colombianos y los países vecinos, sino de todo el planeta.

Quiénes son “Los Talibanes”: el cártel local que siembra el terror en San Luis Potosí

Esta agrupación se ha infiltrado en la policía estatal y opera en los límites con Zacatecas (Foto arte: Jovani Pérez Silva/Infobae)

Tomado de Infobae. De acuerdo con informes de la Secretaría de Marina, “Los Talibanes” son el único cartel local de San Luis Potosí, sin embargo, por su posición estratégica y abundancia de carreteras, la entidad registra presencia de cinco agrupaciones más que van de paso para sus operaciones.

La mañana del pasado 5 de octubre fueron localizados los cuerpos de 13 personas sin vida en los límites de la entidad potosina y Zacatecas, sin embargo, las autoridades reportaron que esos actos de violencia no se habían generado en San Luis Potosí, sino en el estado vecino. Con lo cual, atribuyeron una disputa territorial a otros carteles.

De los “Talibanes” no hubo indicios, pues la cartulina atribuyó una venganza contra las “jaliscas”, en presunta alusión al Cártel Jalisco Nueva Generación. El mensaje en forma de multihomicidio fue firmado por MZ, facción ligada al Cártel de Sinaloa y su líder fundador: Ismael El Mayo Zamabada. Los cuerpos de 11 hombres y 2 mujeres estaban en dos camionetas, una de ellas con placas de Jalisco.

Desperdigados y envueltos en cobijas, se encontraban en la carretera interestatal El Barril, Villa de Ramos – Villa de Cos, Zacatecas, justo en el entronque de la comunidad de Dulce Grande.

«Tenemos 46 ejecuciones de gentes que no son de San Luis Potosí, y que están depositándose en los límites de San Luis Potosí. Todo indica que son grupos criminales de Zacatecas que están depositando los cadáveres o las ejecuciones, haciéndolas en los límites de San Luis y dejando los cuerpos en San Luis”, reiteró a medios Alejandro Leal, secretario de gobierno estatal, al contabilizar los casos del primer fin de semana de octubre.

“Los Talibanes”, sin embargo, ya han mostrado sus cruentos actos de violencia. Por ejemplo, el pasado 5 de septiembre circuló un video en redes en el que se identifica a un sicario de este grupo que dispara sin piedad a un sujeto hincado a media carretera, el cual se desploma por los balazos recibidos; el asesino descargó una ráfaga y huyó en un automóvil manejado por otra persona. La grabación dura apenas 22 segundos. A esa matanza en Loreto, Zacatecas, le sucedieron otra de un joven descuartizado y los restos de un hombre metidos en una maleta.

El 6 de marzo pasado, José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, dijo que “Los Talibanes” son el cártel local, pero no dominan el territorio, pues el Cártel del Golfo (CDG) está en 19 municipios; “Los Zetas” en 11; el CJNG en 7; y en 3 más hay presencia del CSIPNG.


En el estado operan al menos seis grupos de la delincuencia organizada (Foto: Especial)

En Salinas “Los Talibanes” operarían con el CJNG y el CDG. Pero en Santo Domingo y Villa de Ramos estaría con el CDG. Justo estas tres demarcaciones colindan con Jalisco y Zacatecas.

“En este estado hay mil 320 kilómetros de carreteras federales, aquí se concentra la mayoría de las carreteras en el centro del país, que aquí se distribuyen hacia el norte, hacia el este, etcétera, por eso es que la delincuencia organizada se ha concentrado más en el robo a transportistas (…). Es un tráfico denso que existe aquí en el estado y eso es lo que propicia, desde luego el tráfico de enervantes, el movimiento de migrantes”, explicó el almirante secretario en aquella conferencia realizada en San Luis Potosí.

El origen de “Los Talibanes” se desprende de Iván Velázquez Caballero, uno de los principales líderes del cártel de “Los Zetas”, alias elZ-50L-50 o El Talibán. Fue designado por Miguel Treviño Morales, líder fundador de la agrupación de la última letra. Era jefe de plaza en Zacatecas y acuñó su apodo por su afición a decapitar enemigos usando machetes y explosivos, al igual que los extremistas islámicos.

Raúl Velázquez Caballero, El Talibancito, es identificado como hijo de Velázquez Caballero, y actual heredero de la agrupación con designación terrorista de Afganistán.

Tras romper con “Los Zetas”, El Talibán fue detenido por la Marina el 27 de septiembre del 2012 en Tangamanga SLP. Luego fue extraditado a EEUU donde lo condenaron a 30 años de prisión por diversos delitos relacionados con el narcotráfico. La fractura al interior de la agrupación generó una ola de violencia en el norte del país, pues se unió al Cártel del Golfo para una contraofensiva de su antigua organización criminal.

El 4 de febrero de 2019 fue atacado Pedro Carrizales, El Mijis, diputado federal por San Luis Potosí. Aunque el legislador salió ileso de la balacera contra el vehículo donde viajaba, las autoridades reportaron que el atentado habría sido ordenado por “Los Talibanes”. El motivo: una presunta represalia a la iniciativa de para prohibir las corridas de toros y las peleas de gallos en el estado. Ya había recibido amenazas contra su familia.

Durante la administración del general en retiro, Arturo Gutiérrez García, quien fue secretario de Seguridad de SLP (2015-2017), “Los Talibanes” se infiltraron en grupos de élite de la policía estatal. Tras la renuncia de este funcionario, esos agentes fueron despedidos. Sin embargo, Jaime Pineda Arteaga, titular en la dependencia, reconoció en febrero de 2019 que los municipios de Ciudad del Maíz, El Naranjo y Cárdenas, recontrataron a los ligados con el crimen.

Identifican 24 exoplanetas “superhabitables” que pueden ser mejores para la vida que la Tierra


Ilustración artística del primer planeta del tamaño de la Tierra en orbitar una estrella distante en la zona habitable identificada por el Telescopio Espacial Kepler de la NASA.
NASA Ames / SETI Institute / JPL-Caltech

Tomado de RT / LaPatilla. Científicos de EE.UU. y Alemania identificaron 24 exoplanetas que pueden tener unas condiciones para la vida más óptimas que las de la Tierra. Los resultados del nuevo estudio fueron publicados en la revista Astrobiology. “Los 24 principales aspirantes a planetas superhabitables están a más de 100 años luz de distancia, pero nuestro estudio podría ayudar a enfocar los esfuerzos de observación futuros”, anunció Dirk Schulze-Makuch, geobiólogo de la Universidad Estatal de Washington y de la Universidad Técnica de Berlín.

“Tenemos que centrarnos en ciertos planetas que tienen las condiciones más prometedoras para una vida compleja. Sin embargo, debemos tener cuidado de no quedarnos atascados buscando una segunda Tierra porque podría haber planetas que fueran más adecuados para la vida que el nuestro”, agregó el geobiólogo, quien trabajó junto con los astrónomos René Heller, del Instituto Max Planck para la Investigación del Sistema Solar (Alemania), y Edward Guinan, de la Universidad de Villanova (EE.UU.), para identificar criterios de superhabitabilidad y buscar entre los 4.500 exoplanetas conocidos más allá de nuestro sistema solar.

Los científicos concluyeron que algunos de esos mundos pueden ser más antiguos, un poco más grandes, más cálidos y posiblemente más húmedos que nuestro propio planeta. Y apuntan a que en nuestro planeta la preferencia por el calor y la humedad, por ejemplo, se observa en las selvas tropicales, cuya biodiversidad es mayor que la de las áreas más frías y secas.

Sostienen también que el mejor momento para la vida se da cuando un planeta tiene entre 5.000 y 8.000 millones de años, mientras que la Tierra tiene alrededor de 4.500 millones de años. Además, un planeta un 10 % más grande que la Tierra debería tener más tierra habitable y una gravedad más fuerte para retener una atmósfera durante un período de tiempo más largo.

Los investigadores también observaron sistemas con estrellas enanas K, que son más frías, menos masivas y menos luminosas que nuestro Sol, además de tener una vida útil prolongada de entre 20.000 millones y 70.000 millones de años, en comparación con la vida útil de nuestro Sol, que es de menos de 10.000 millones de años.

Entre los 24 planetas identificados, ninguno cumple con todos los potenciales criterios para que un planeta sea superhabitable, pero uno de ellos junta cuatro de esas características cruciales, lo que lo hace posiblemente mucho más cómodo para la vida que la Tierra.

“A veces es difícil transmitir este principio de planetas superhabitables porque creemos que tenemos el mejor planeta. Tenemos una gran cantidad de formas de vida complejas y diversas, y muchas que pueden sobrevivir en ambientes extremos. Es bueno tener una vida adaptable, pero eso no significa que tengamos lo mejor”, dijo Schulze-Makuch.

A la espera de resultados rápidos en la lucha contra el ‘lavamatico’ de $$$



El Consejero del Departamento de Estado de EE.UU., Thomas Ulrich Brechbuhl, anunció ayer en Panamá que ya está en marcha una fuerza de ambos países contra el lavado de dinero que «comenzará a rendir frutos».

«Hay varias cosas que estamos haciendo. Francamente, Panamá está en el camino correcto’, dijo Ulrich Brechbuhl.

La creación de esta fuerza de tarea conjunta mediante la capacitación y consultoría de personal del Buró Federal de Investigaciones (FBI) a fiscales, agentes de estamentos de seguridad y agencias regulatorias de Panamá, fue anunciada en agosto pasado durante una visita al istmo del consejero de Seguridad Nacional estadounidense, Robert O’Brien.

Al comentar sobre la fuerza de tarea conjunta antiblanqueo, Ulrich Brechbuhl recordó que Panamá fue el primer país de la región en firmar el Memorándum de Entendimiento ‘América Crece’, el cual facilitará que las inversiones estadounidenses entren al país.

Con información de El Siglo

¿Se limpia las manos? MEF: la planilla 172 es asunto de la Contraloría #Panamá



La negativa de la Asamblea Nacional (AN) de facilitar las funciones de mil 750 personas que contrató entre mayo y septiembre pasado, por $8 millones a través de la partida 172 –que ampara los contratos por servicios profesionales– es una vieja práctica.

La Ley de Presupuesto indica que estas contrataciones de “servicios especiales” debe ser prestado por “profesionales o personal que no son empleados públicos […] siempre que no se tengan cargos similares en la estructura de puestos de la entidad”, cuyos detalles deben enviarse al Ministerio de Economía y Finanzas ( MEF).

Pero, por la negativa de la AN de describir las labores de este personal, es imposible saber si dichas funciones se duplican o no en la planilla de la Asamblea, de 3 mil 574 funcionarios, entre eventuales y permanentes.

El MEF indicó que la AN cumplió con suministrar la estructura de personal requerida, con su debida clasificación de cargos, conforme al Manual de Cargos del Sector Público y el monto de los pagos mensuales y anuales.

“No obstante, en lo referente a las contrataciones pagadas entre los meses de mayo y septiembre pasado [partida 172], éste tema corresponde a la ejecución del gasto y es competencia de la Asamblea Nacional en coordinación con la Oficina de Fiscalización de la Contraloría General de la República, por lo tanto, no interviene el MEF”, aclaró la entidad por correo.

Alma Montenegro de Fletcher, exprocuradora de la Administración, dijo a Radio Panamá que malgastar fondos del Estado en una planilla estatal en pandemia no es correcto. En tanto, el diputado Miguel Fanovich indicó que se busca satanizar la AN.

Asamblea: planilla 172, tres administraciones, un secreto

Son de distintos partidos políticos y gobiernos, pero todos tienen algo en común: tres diputados que han ocupado consecutivamente la Presidencia de la Asamblea Nacional (AN) se han negado a detallar las funciones del personal contratado a través de la figura de “servicios profesionales”.

Se trata del personal que recibe contratos de la AN –en su mayoría semestrales, también conocidos como cashback– para efectuar algún tipo de trabajo que se desconoce y que se paga con fondos de la partida 172.

Fue en esta partida por ejemplo, en la que estaban contratados los mozos de corral del hipódromo durante 2011 y 2012, quienes, a cambio de prestar su nombre y firma, recibían entre el 5% y el 10% del monto del contrato ofrecido, sin tener que prestar servicio alguno a la AN. El resto del dinero retornaba al diputado gestor del contrato, según revelaron.

La partida nuevamente ha cobrado notoriedad… y en tiempos de pandemia. Hasta ahora, esta planilla, de mil 750 personas, ha consumido $8 millones, el 87% de ese monto, desembolsado en julio pasado, durante el pico de la pandemia.

Al analizar la data extraída de la Contraloría General de la República, La Prensa pudo inferir que la mayoría de estos contratos fueron concedidos en la provincia de Panamá.

Amparada en la Ley de Acceso a la Información, La Prensa le solicitó al presidente actual de la AN, Marcos Castillero (PRD), una descripción de las funciones que desempeñan estas personas, información que es de carácter público, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Transparencia.

Sin embargo, la AN se excusó. Dijo que no contaba con “un programa que contenga el detalle de la información, tal como usted lo ha solicitado…”. Luego remitió al medio a la Contraloría, pero su portal digital tampoco revela la descripción de funciones solicitada a la AN.

Una respuesta similar ofreció a este medio la diputada Yanibel Ábrego (Cambio Democrático) cuando ocupó ese mismo cargo (2017-2019). En consecuencia, La Prensa interpuso un habeas data ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuyo fallo fue a favor del medio.

La AN envió entonces un resumen del universo de los contratados, describiendo sexo y edad, menos sus labores. La Prensa reclamó el desacato, pero esta ve



La solicitud de habeas data que se negó a responder Ábrego obedecía a una petición previa que había hecho este medio a su antecesor, el diputado Rubén De León (PRD), quien no respondió la solicitud de información. Al dejar la presidencia de la Asamblea (2015- 2017), la respuesta a la petición recayó entonces en su sucesora.

Pero Ábrego no sólo no entregó la información solicitada, sino que durante su gestión intentó que la CSJ declarara inconstitucional el artículo de la Ley de Transparencia que establece las sanciones a los funcionarios que se nieguen a entregar la información pública.

¿Por qué La Prensa solicitó información de esta planilla? Fue en el desarrollo de una investigación periodística, denominada La dudosa filantropía de la Asamblea, en la que decenas de entrevistados revelaron que la ayuda económica que ofrecían los diputados –a través de su personal de confianza– eran contratos de trabajo, pero que no tenían que prestar servicio alguno, aunque sí devolver hasta el 95% del monto del contrato.

Tal revelación causó un escándalo, y una de sus consecuencias fue la drástica reducción del monto de la partida 172. El año pasado, terminó con una asignación de tan solo $800 mil, pero en 2020, la partida fue resucitada, y hasta el 22 de septiembre de este año, la AN se ha gastado la friolera de $8 millones en la contratación de unas mil 750 personas que ofrecieron servicios –que se desconocen–, pagados como “servicios profesionales”.

Este personal, dicho sea de paso, no está obligado a prestar servicios en las oficinas de la AN. Solo deben entregar un informe con los resultados de su trabajo, al que la AN denomina “asesoría” o “servicios profesionales” o “consultorías” y “servicios especiales”, según la Contraloría.

De hecho, para esta última institución, estos empleados eventuales no son servidores públicos, pues ellos realizan “servicios especiales”, en consecuencia, no tienen cargos en el engranaje gubernamental, afirma.

En cuanto al pago por sus servicios, el cobro debe ir acompañado de la documentación pactada, “incluyendo los informes de avance, por lo que nuestra institución tiene [el] debido conocimiento del cumplimiento o no de los servicios especiales contratados por las entidades del Estado”, contestó por correo la Dirección de Fiscalización de la Contraloría.

Es decir, tanto en la Contraloría como en la Asamblea, debería haber, al menos, unos mil 750 informes de “consultoría”, aunque este medio –ni ahora ni el pasado– ha logrado ver, y mucho menor leer, uno solo de estos informes.

En julio de 2018, el diputado Leandro Ávila (PRD) dio un ejemplo de las antes llamadas “consultorías” que contrató a través de la partida 172 de la Asamblea.

Se trataba de una mucama que trabajaba en Boquete para la expresidenta Mireya Moscoso, hermana de la asistente del diputado. Lo que hacía esta “consultora”, informó Ávila, “era recabar información sobre el sentir de la gente de su área y en Panamá [sobre el programa de la Beca Universal], porque los fines de semana viajaba hacia la capital”.

Así, pues, teóricamente, un informe de su “consultoría” debe reposar en los archivos de la AN, así como el de otros miles de personas, contratados por los 71 diputados –a un costo de $85 millones– entre 2014 y 2018, cuando fue suspendida por el entonces contralor Federico Humbert.

La decisión de Humbert de no refrendar la planilla cuando la suspendió en 2018 contrasta con la decisión de la actual administración de la Contraloría, que respondió a La Prensa que “no existe ninguna disposición emitida por el Ejecutivo que, basada en el plan de austeridad, permita a la Contraloría General de la República negar el refrendo de estas planillas sobre todo cuando contaban con la disponibilidad presupuestaria…”.

En total, la institución tiene, hasta el presente mes de octubre, 2 mil 302 funcionarios que trabajan de forma permanente en la institución, según datos de Contraloría. Además, mil 272 empleados eventuales, pagados con fondos de la partida 02, y cuyas funciones (asistente administrativo, ayudante, mensajero, oficinista, etc.) sí se publican en la web de la Contraloría.

Sumado el personal de la planilla cashback (mil 750 según data recabada hasta el pasado 22 de septiembre), el total se eleva a 5 mil 324, de los cuales, un tercio –como ya se dijo– no son servidores públicos, de acuerdo con el criterio de la Contraloría.

La planilla 080 en la que estaban los promotores comunales y deportivos no cuenta con fondos, pero La Prensa encontró el personal de esta partida en la 172.

Cuestionamientos

El presidente de la Asamblea, Marcos Castillero, en solo un año de gestión (2019-2020), logró duplicar la cantidad de personas que trabaja para ese órgano estatal. Al 30 de junio de 2019, los contratados en la institución sumaban, en total, 2 mil 339, con un egreso en salarios de $3.5 millones.

Pero para mayo de este año, el número de empleados se disparó a 5 mil 428, incluidos los contratos ofrecidos en plena pandemia. El incremento fue del 132%, que consumieron $8.2 millones en salarios. Esto, obviamente, sin contar con el personal de la 172, cuyos contratos empezaron a desembolsarse en mayo pasado desde la Asamblea.

La Ley de Presupuesto establece que los “servicios especiales” o los contratos de servicios profesionales pagados con fondos de la partida 172 deben ser prestados por profesionales que no son empleados públicos, “siempre que no se tengan cargos similares en la estructura de puestos de la entidad”.

Es decir, que en este caso tendría que ser personal que no se encuentre realizando las mismas labores que hacen los más de 2 mil 302 empleados permanentes ni entre los otros más de mil 272 eventuales de la Asamblea.

Entonces, ¿Cuáles son esas labores que requieren que un tercio de los contratados por la AN no presten sus servicios en la sede de la entidad? ¿Por qué la AN requiere de mil 750 “consultores” y en qué materias específicas? ¿Dónde, exactamente, reposan los informes de estas consultorías? ¿Quién la ordena? ¿Quién las fiscaliza? ¿Para qué sirven? ¿Quién las lee?

Estas son las preguntas que tres presidentes de la AN, de distintos partidos políticos y de diferentes gobiernos se niegan a responder sistemáticamente desde hace más de tres años.

En reacción a las publicaciones de este medio, el diputado independiente Juan Diego Vásquez solicitó en el pleno del Legislativo una investigación de esta planilla y que sean reveladas las funciones de este personal, así como sus contratantes.

Augusto Berrocal, asesor legal de la Federación Nacional de Servicios Públicos, fue abordado respecto a los recortes presupuestarios en algunas instituciones y, por otro lado, más contrataciones en la AN y dijo en TVN que el clientelismo político es el cáncer del Estado.

El diputado Miguel Fanovich (Molirena), citado en Radio Panamá, dijo que “se continúa en satanizar a la Asamblea Nacional, sabiendo que el presupuesto utilizado es el otorgado por $107 millones”.

Tomado de La Prensa