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La bota policial desafía los derechos ciudadanos #Panamá



El confinamiento, producto de la Covid-19, le dio un papel relevante a la fuerza pública del país. Sus agentes están en todas partes: en los retenes que hacen en las calles, en los parques, en los comercios y en oficinas públicas.

Durante los primeros días de la crisis sanitaria, una escena llamó la atención: hombres con uniformes camuflados, botas para el combate, y armas de guerra, se tomaron las principales vías de la capital. Eran miembros del Servicio Nacional de Fronteras y del Servicio Nacional Aeronaval, que fueron convocados por la plana mayor de los cuerpos de seguridad del Estado para “garantizar el orden”.

Algunos cuestionaron la estrategia con el argumento de que se fomentaba “un Estado policial”. Otros recordaron el pasado de dictadura militar del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD). Se inició el debate sobre el alcance, y hasta dónde deben llegar las atribuciones de los uniformados para hacer cumplir las disposiciones del toque de queda, vigente en el país desde el 18 de marzo pasado. ¿Respetan las garantías fundamentales de la población? ¿Se tienen en cuenta los derechos humanos? ¿Se trata a todos por igual? ¿Hay privilegiados?

El ruido que han hecho quejas y denuncias por el exceso de fuerza policial en protestas y casos menores sugiere que no todas las veces se tienen en cuenta las garantías consignadas en la Constitución (Título III) y en disposiciones del derecho internacional sobre el uso de la fuerza, como el documento de Naciones Unidas sobre el tema. Este dice que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Solo los utilizarán cuando otros medios resulten ineficaces.

Detenciones arbitrarias, golpizas, represión, y agresiones verbales son parte de los métodos que, de acuerdo a denunciantes, han empleado miembros de la fuerza pública, especialmente la Policía Nacional, contra civiles en los últimos meses. Dos casos prendieron las alarmas recientemente: la detención de dos mujeres por el hecho de besarse, y la golpiza a a un taxista.

Un beso, el delito

“Luego de miles de actos homofóbicos, no nos leyeron nuestros derechos y nos retuvieron en el cuartel de San Francisco por más de una hora. Sin explicaciones. Entre crisis y molestias pedí explicaciones y nadie dentro del cuartel me daba respuesta. Según ellos, no estaba detenida. Pero no podía ‘irme’. Luego de no sé cuánto tiempo se dignaron en decirnos que nos iban a procesar porque le falté el respeto al guardia y nos llevaron esposadas como delincuentes al juez de paz de Bella Vista, porque el de San Francisco está “cerrado” (…)” escribió en Twitter Marian Margoth Artruz, quien fue detenida junto a su novia Dani, en la tarde del pasado miércoles 2 de septiembre, cuando se daban un beso en su vehículo en un estacionamiento en Paitilla. De acuerdo al policía que las arrestó, se trataba de un “acto inmoral”.

‘Lesiones comprobadas’

“Se me detuvo. Yo estaba conduciendo mi taxi por el área de Betania. Al momento de detenerme me sacan las armas. Yo me bajo del carro, me esposan. Llegan más oficiales. Yo, asustado por todas las cuestiones que estaban pasando en Estados Unidos y que aquí te matan también, me tiro al piso. Boca abajo me coloco. Se baja un oficial de una patrulla (…) y, sin mediar palabras, me aplasta la cabeza contra el pavimento. En ese momento yo pierdo el conocimiento, además de tres muelas. Me fracturan aparentemente la cara, y tengo un tímpano fracturado. Lesiones totalmente comprobadas […]”. La historia la narró un joven conductor de taxi a través de un video que compartió en redes sociales.

Estos dos casos se unen a decenas de historias similares. La población LGTBI, por ejemplo, ha sido una de las grandes víctimas del exceso de fuerza por estos días. Human Rights Watch ha hecho dos llamados al gobierno de Laurentino Nito Cortizo para que proteja la dignidad y los derechos humanos de las personas transgénero, quienes han sido discriminados y agredidos por parte de miembros de la fuerza pública y de personal de seguridad de comercios. En abril pasado, la organización con sede en Nueva York, documentó nueve casos específicos de vulneración de derechos a este sector, y en julio pasado otros seis.

Habla Miranda

¿Qué dicen en la Policía Nacional, institución con el mayor número de quejas? En los dos casos mencionados, prometieron investigaciones, y afirmaron que respetan los derechos humanos, y la integridad y dignidad de las personas.

¿Cuál es la política de la institución para el tratamiento de estos casos?, consultó este medio a la entidad. Remitieron unas palabras de Jorge Miranda, director de la Policía Nacional, con un discurso parecido al que la entidad dio en los casos descritos arriba. Miranda aseguró que son respetuosos de los derechos humanos, y de las garantías de cada una de las personas que habitan en el país, y que tienen “procedimientos claros y definidos para atender las situaciones que se dan en calle”. “Somos una institución de casi 20 mil unidades. Están en la calle, procurando a realizar una labor dirigida a mantener la paz, el orden, y la seguridad de cada uno de los ciudadanos. Tenemos procedimientos. Somos respetuosos de los derechos. Hacemos ingentes esfuerzos para refrescar esos conocimientos, conscientes de que por la situación que vive el país […] tenemos una mayor probabilidad de tener procedimientos conflictivos. Estamos haciendo trabajos para que nuestras unidades tengan los conocimientos frescos en materia de derechos humanos y de respeto a la Constitución y a la ley”, añadió.

Desde 2015 hasta junio pasado, la Dirección de Responsabilidad Profesional de la entidad ha tramitado mil 131 denuncias solo por abuso policial. Mientras que 4 mil 500 miembros enfrentan procesos disciplinarios.

El proceso

El proceso contra un policía cobra vida cuando se invoca el artículo 64 del Decreto Ejecutivo 204 del 3 de septiembre de 1997. El director o el subdirector evalúa la denuncia para determinar si amerita una investigación por parte de una junta disciplinaria. El investigado puede hacer uso de todas las herramientas que la ley le permite para defenderse. Pero sigue en la entidad mientras el proceso avance. Entre 2015 y 2020, 143 policías han sido destituidos por distintos casos, entre ellos abuso policial.

(Con información de Olmedo Rodríguez).

Tomado de La Prensa

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Cierran por 23 días el juzgado que sigue caso de los sobornos de Odebrecht #Panamá



 Un sorpresivo cambio de marcha por parte de la Corte Suprema de Justicia restó tres meses de funciones al Juzgado Duodécimo Penal –que sigue el caso Odebrecht–, por lo que este expediente iría otro juzgado aún sin definir.

Según el Acuerdo del Pleno de la Corte No. 89, del 6 de febrero de 2020, la mayoría de los juzgados de circuito Penal, incluyendo el Duodécimo, tenían como fecha de cierre el 31 de diciembre de 2020. Ahora, con el Acuerdo 322 del 13 de agosto pasado, este juzgado cerrará sus puertas el 30 de septiembre.

Esto representa una nueva peripecia en el polémico caso, que ya ha enfrentado el cambio de una fiscal, la recusación de otra y múltiples intentos de la defensa de las partes investigadas para anularlo o retrasarlo, más allá de los términos de la ley.

Según fuentes judiciales consultadas por La Prensa, el cambio del calendario busca terminar más rápidamente con el sistema inquisitivo mixto, sustituido por el sistema penal acusatorio, vigente en todo el país desde el 1 de septiembre de 2016.

Un sorpresivo cambio de marcha por parte de la Corte Suprema de Justicia restó tres meses de funciones al Juzgado Duodécimo Penal –que sigue el caso Odebrecht–, por lo que este expediente iría otro juzgado aún sin definir.

Según el Acuerdo del Pleno de la Corte No. 89, del 6 de febrero de 2020, la mayoría de los juzgados de circuito Penal, incluyendo el Duodécimo, tenían como fecha de cierre el 31 de diciembre de 2020. Ahora, con el Acuerdo 322 del 13 de agosto pasado, este juzgado cerrará sus puertas el 30 de septiembre.

Esto representa una nueva peripecia en el polémico caso, que ya ha enfrentado el cambio de una fiscal, la recusación de otra y múltiples intentos de la defensa de las partes investigadas para anularlo o retrasarlo, más allá de los términos de la ley.

Según fuentes judiciales consultadas por La Prensa, el cambio del calendario busca terminar más rápidamente con el sistema inquisitivo mixto, sustituido por el sistema penal acusatorio, vigente en todo el país desde el 1 de septiembre de 2016.

El caso Odebrecht cuenta con unas 100 mil páginas de información, incluyendo el intercambio judicial con múltiples jurisdicciones rastreando el flujo de los sobornos pagados por la constructora brasileña.

En octubre vence el plazo que tiene la Fiscalía Especial Anticorrupción para remitir su vista fiscal. Con el cronograma original, le hubiera correspondido al juez Óscar Carrasquilla evaluar el trabajo del Ministerio Público y llamar a juicio o sobreseer a los imputados. Ahora, no se sabe quién lo hará.

Corte apresura el cierre del juzgado del caso Odebrecht

El acuerdo 322 del pleno de la Corte Suprema de Justicia, fechado el 13 de agosto de 2020, acelera la fecha de cierre del Juzgado Duodécimo Penal del Primer Distrito Judicial, cuya fecha programada era el 31 de diciembre, y ahora es el 30 de septiembre próximo; es decir, cerrará definitivamente en 23 días: tres meses antes de lo previsto.

Este es el juzgado ante el cual se ventila la causa penal más importante de la justicia panameña actualmente: el caso Odebrecht.

La decisión de la Corte aparece publicada en la Gaceta Oficial N° 29103 del 1 de septiembre de 2020 y modifica, entre otros, el Acuerdo N° 89 del 6 de febrero de este año, que decía: “En tanto, se ordena el cierre de los Juzgados Primero, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Noveno, Decimoprimero, Decimosegundo, Decimotercero y Decimocuarto Penal, el 31 de diciembre de 2020”.

Este acuerdo es resultado del proceso de cierre de todos los juzgados penales que conocen casos del sistema inquisitivo mixto, que fue reemplazado por el sistema penal acusatorio.

Aunque desde que se implementó el nuevo modelo penal en el Primer Distrito Judicial –en septiembre de 2016– se sabía que este iba a ser el destino de todos los juzgados de circuito penal que conocían causas del sistema inquisitivo mixto, la sorpresa surge, precisamente, por el cambio de fecha para el cierre.

La importancia de los tiempos

Tres meses de diferencia no parece mucho tiempo ni que implique un impacto significativo en la vida de un proceso judicial. Sin embargo, el caso Odebrecht entra en su etapa crucial, ya que la fiscalía especial anticorrupción tiene hasta el mes de octubre para enviar al juzgado el voluminoso expediente, de unos 100 tomos, luego de lo cual el juez Óscar Carrasquilla debía emitir un pronunciamiento de llamamiento a juicio o de sobreseimiento de los investigados. Pero con el nuevo calendario, Carrasquilla sale de la escena antes de que el Ministerio Público termine su investigación.

“Causa suspicacia”, dijo la exprocuradora general de la Nación Ana Matilde Gómez al ser preguntada por este medio sobre el cierre del juzgado. Para Gómez, no hay justificación para que la Corte tome esta decisión, ya que esperar que este juzgado termine con el proceso Odebrecht, no representa mayor problema.

Según fuentes judiciales conocedoras del tema, la Corte decidió acelerar el cierre de los juzgados para disponer de más recursos y concentrar en tres juzgados liquidadores los casos del sistema inquisitivo mixto.

Una de esas fuentes manifestó que el presupuesto del Órgano Judicial está muy presionado y que todo ahorro ayuda.

Para Carlos Lee, presidente de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, las consecuencias de la decisión de la Corte son de mucho impacto. “Casos como el de Odebrecht, sumamente complejos no solo por el número de sindicados, sino particularmente por las acciones criminales tan sofisticadas, así como por el volumen de documentación, pueden verse afectados con la decisión de la Corte de pasar el conocimiento de este caso a los jueces de liquidación”, opinó

Un caso singular

La célebre causa de Odebrecht se inició en Panamá en 2015 a partir de una denuncia del abogado Alvin Weeden, pero fue interrumpido hasta que el 21 de diciembre de 2016 se concretó el acuerdo de colaboración de la constructora brasileña con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El 28 de diciembre de ese año, el Ministerio Público creó una superfiscalía denominada Fiscalía Especial Anticorrupción, conformada por cuatro fiscales superiores: Tania Sterling, Zuleyka Moore, Ruth Morcillo y Vielka Broce.

Más tarde, Broce se acogería a la jubilación, Moore apartada del caso por el procurador general de la Nación, Eduardo Ulloa, y Sterling recusada por el expresidente Ricardo Martinelli, señalado en el proceso. Pero, luego de dos meses de no poder actuar en el expediente y después de que Carrasquilla negó la semana pasada dicha recusación, Sterling podrá volver al caso desde esta semana.

Más tiempo

El 13 de julio de 2017, el Juzgado Duódecimo Penal declaró el proceso como causa compleja y dio una prórroga a la fiscalía hasta tanto se agotara la investigación, y siempre y cuando no existiera persona detenida.

Pero, dado que en las semanas sucesivas la fiscalía impuso una medida cautelar de arresto domiciliario a Amado Barahona, exdirector de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el 26 de septiembre solicitó una nueva prórroga al juzgado que, sin embargo, fue negada por la jueza suplente Lania Batista –en fallo del 25 de octubre de 2017–, quien entró a reemplazar a Carrasquilla luego de que este fuera enviado a actuar como juez de garantías en el Segundo Distrito Judicial.

Batista alegó entonces que, tras el arresto de Barahona, la fiscalía tenía hasta el 17 de octubre para actuar y por ende negó la prórroga y le ordenó remitir la vista fiscal del proceso, pese a que el Ministerio Público sustentaba la petición en que había aumentado el número de imputados, así como la información a cotejar.

El 7 de noviembre de 2017, la fiscalía apeló y Carrasquilla envió el expediente al Segundo Tribunal Penal para su conocimiento. No obstante, uno de los imputados en el proceso, Humberto De León, interpuso un recurso de amparo ante el Primer Tribunal Superior, que lo negó el 5 de enero de 2018. De León recurrió ante la Corte y esta ratificó el fallo del Primer Tribunal cuatro meses más tarde, es decir, en abril de 2018.

Con ello, el Segundo Tribunal Superior tuvo vía libre para conocer la apelación de la fiscalía y la negó el 2 de agosto de 2019.

Un mes después, la fiscalía presentó un recurso de amparo ante el Primer Tribunal Superior, que falló a favor del Ministerio Público en enero de este año. El plazo para concluir las pesquisas vence la segunda semana de octubre próximo.

Lo que viene

Con la nueva situación planteada, el 30 de este mes el juez Carrasquilla debe remitir todo lo relacionado con el caso Odebrecht al Registro Único de Entrada (RUE) del Órgano Judicial y será por vía de este sistema que se asignará el expediente a una de las tres juezas de liquidación: Zaida Cárdenas, Baloisa Marquínez o Lorena Hernández (esta última tiene el mismo nombre que una jueza de La Chorrera).

Y, como se dijo, una de estas tres juezas, quienes desconocen los pormenores de este complejo proceso de investigación, cuya instrucción lleva ya casi cuatro años, será la que decida su futuro.

Según una fuente judicial, el caso no peligra, porque es probable que parte del personal del juez Carrasquilla sea asignado al despacho que reciba el sumario. Pero, a juicio, de la exprocuradora Ana Matilde Gómez esto no es suficiente, ya que el conocimiento de un asunto tan importante “no se puede improvisar”.

Toda esta situación revela una Corte Suprema de Justicia que parece indiferente ante el escándalo mundial que ha producido el caso Odebrecht.

Panamá queda nuevamente bajo la duda con este movimiento, debido a que países como Suiza, Andorra, España y Estados Unidos han actuado contundentemente contra las coimas pagadas por Odebrecht a funcionarios y comisionistas en este país.

De acuerdo con juristas consultados, mantener el Juzgado Duodécimo Penal funcionando hasta el fin natural del caso Odebrecht ayudaría a evitar cualquier duda que el cambo del juez natural pueda causar.

Según Carlos Lee, el problema que enfrenta el país se reduce de la siguiente manera: “tanto a fiscales como a jueces les ha tocado dedicar tiempo para fortalecer sus capacidades, de tal manera que puedan estar a la altura de una sociedad que exige castigo para los responsables y que se termine con la impunidad”.

Ir en dirección contraria parece ilógico. ¿No?

Tomado de La Prensa

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El avión futurista ‘Flying-V’ realiza un exitoso vuelo de prueba



Tomado de CNN. Investigadores han realizado un exitoso vuelo de prueba del Flying-V, un avión futurista y de bajo consumo de combustible que algún día podría transportar pasajeros en sus alas.

El diseño único del Flying-V ubica la cabina de pasajeros, la bodega de carga y los tanques de combustible en las alas, y los expertos esperan que la forma aerodinámica del avión reduzca el consumo de combustible en un 20% en comparación con los aviones actuales.

Los expertos probaron un modelo a escala de 22,5 kg y 3 metros del avión futurista, desarrollado por investigadores de la Universidad Tecnológica de Delft en los Países Bajos y la aerolínea holandesa asociada KLM, para llevar al tan esperado avión a lo largo de sus próximos pasos de desarrollo.

Un equipo de investigadores e ingenieros probó el avión en una base aérea vigilada en Alemania, donde trabajaron con un equipo de Airbus para probar despegues, maniobras, aproximaciones y aterrizajes.

«Una de nuestras preocupaciones era que la aeronave podría tener algunas dificultades para despegar, ya que los cálculos anteriores habían demostrado que la ‘rotación’ podría ser un problema», explicó en un comunicado Roelof Vos, profesor asistente en la facultad de ingeniería aeroespacial de la Universidad de Tecnología de Delft, quien dirigió el proyecto.

«El equipo optimizó el modelo de vuelo a escala para evitar el problema, pero la prueba del pudín está en comer. Es necesario volar para estar seguro», afirmó.

Controlando de forma remota la aeronave, los investigadores lograron despegar a una velocidad de 80 kmh, mientras que las velocidades de vuelo, los ángulos y el empuje de la aeronave eran los planeados, señalaron.

Los expertos trabajaron duro para optimizar el avión: para mejorar la telemetría, el equipo se vio obligado a cambiar el centro de gravedad del avión y ajustar su antena.

Todavía queda trabajo por hacer para refinar el avión antes de que pueda volar con pasajeros a bordo: los investigadores dijeron que el vuelo de prueba mostró que el diseño actual del avión permite demasiado «balanceo holandés», lo que provoca un aterrizaje brusco.

Los expertos planean utilizar los datos recopilados del vuelo de prueba para un modelo aerodinámico de la aeronave, lo que les permitirá programarlo en un simulador de vuelo para futuras pruebas y mejorar los vuelos. El equipo realizará más pruebas en el modelo y espera proporcionar al Flying-V una propulsión sostenible, dado que el diseño se presta a transportar hidrógeno líquido en lugar de queroseno.

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Narcos usan carros municipales para mover droga y dinero ¿Nueva modalidad? #Panamá


Glosas. Que la HD Zulay anda pintada de guerra contra los bancos. Dice que hay uno que ha cambiado las reglas del juego.

Dictadura. En 6 meses, el régimen de Maduro ha matado a más de 1.500 personas en ejecuciones extrajudiciales.

Novichok: mil perros muertos y la historia del gas nervioso para envenenar al principal crítico de Putin


¿Carros municipales al servicio del crimen organizado? #Panamá



Redacción PanamaTimesPTY. El crimen organizado sigue propagándose a través de la avaricia de “ciertos” funcionarios corruptos que laboran o podrían estar vinculados de manera indirecta con algunos municipios.

Bueno, este es el aroma que flota en el ambiente con los últimos decomisos de sustancias ilícitas en autos asignados a ciertos municipios y otros, usados con los salvoconductos para esquivar retenes y cercos sanitarios.

Lo más curioso de todo es que durante la pandemia, fueron más evidente este tipo de trasiego de estupefacientes. Las preguntas son: ¿Esto es una práctica de vieja data, son casos casuales o forman parte de la expansión del crimen organizado?

Destapan paila de grillo

Un ejemplo de esto fue el caso que se registró el 1 de mayo cuando el ministro de Seguridad Pública, Juan Pino anunció el caso de un grupo de personas que hicieron uso de un salvoconducto humanitario para trasladar droga hacia la provincia de Los Santos.

En aquel momento, la investigación surgió en un punto de control sanitario en el distrito de Pocrí de Los Santos, cuando las unidades ubicaron a una mujer la cual al ser verificada mantenía un salvoconducto que indicaba su traslado de San Miguelito hasta Veraguas. Este detalle llamó la atención de los policías, quienes al revisar el auto de la mujer le encuentra la sustancia.

Redada en Coclé

Unos días después, es decir, el 21 de mayo de 2020, en el distrito de Penonomé, capturaron a dos personas que mantenían tres paquetes con supuesta droga dentro de un vehículo presuntamente propiedad de la Junta Comunal del corregimiento de El Pájaro, provincia de Herrera, informó la Policía Nacional. 



Detallaron que «la acción se dio luego de que unidades de la policía de Coclé interceptaran el vehículo en el sector de Llano Marín, distrito de Penonomé».

Lo interceptan

Luego el 24 de junio de 2020, dos personas que viajaban en un vehículo perteneciente a una Junta Comunal fueron detenidos por las unidades de la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público en la costa Arriba de #Colón, por transportar dos bolsas con supuesta droga oculta en el interior del tablero de dicho auto.

¿Casualidad o nuevo modus operandi?

Y este viernes 4 de septiembre de 2020, en la provincia de Bocas del Toro, fue capturado un sargento de la Policía Nacional, con 73 mil dólares ocultos dentro del busito de la Junta Comunal de Miramar.

Él fue aprehendido en una operación desplegada por agente antidrogas.

Y este sábado 5 de septiembre, un juez de garantías ordenó la detención provisional del sargento primero Luis Alberto Polanco, además le imputó cargos por los delitos de blanqueo de capitales y posesión de arma de fuego.

Estaba asignado como escolta de la gobernadora de esa provincia.

Lugares donde se han registrado los casos…

Novichok: mil perros muertos y la historia del gas nervioso para envenenar al principal crítico de Putin


Vladimir Putin (Ilustración: William Ferreira – Infobae)

Tomado de Infobae. Cuando los médicos del prestigioso hospital Charité de Berlín llamaron de urgencia a los expertos en armas químicas del ejército alemán, ya no había ninguna duda de que el disidente ruso Alexei Navalny, arribado en coma unas horas antes desde Moscú, había sido atacado con un agente nervioso de uso bélico. Dos días más tarde lo confirmó la canciller Angela Merkel. “Herr Navalny fue víctima de un crimen. Y esto plantea muy serios interrogantes que sólo el gobierno ruso puede y debe contestar”, dijo la canciller. Habían usado el temible Novichok, un poderoso químico desarrollado por científicos de la ex unión soviética en caso de un ataque por parte de las fuerzas occidentales de la OTAN. Se suponía que todo el arsenal de armas químicas soviéticas había sido destruido. Así, por lo menos, lo confirmó el presidente Vladimir Putin en 2017. Pero el Novichok sigue circulando y está en manos de los servicios secretos rusos y grupos mafiosos. Se usó en marzo de 2018 para envenenar al ex agente militar de la GRU, Sergei Skripal, y a su hija, en Gran Bretaña. También en la “eliminación” de un ex jefe de la guerrilla chechena el año pasado y en otros incidentes dentro y fuera de Rusia. Desde el medioevo, muchas de las intrigas políticas de Moscú son resueltas con alguna pócima letal.

“No recibimos ninguna información oficial por parte del gobierno alemán”, fue la respuesta de Dmitri Peskov, el portavoz presidencial del Kremlin. Y reafirmó que los médicos rusos que atendieron a Navalny no encontraron ningún rastro de químicos en su cuerpo y que “el inconveniente que tuvo fue producto de un aumento glucémico en la sangre”. Navalny, el crítico más persistente de Putin, cayó enfermo el 20 de agosto en un vuelo de regreso a Moscú, después de pasar varios días reuniéndose con candidatos de la oposición en Novosibirsk, la ciudad más grande de Siberia. Había estado promoviendo una estrategia para enfrentar al dominante partido oficialista Rusia Unida antes de las elecciones municipales nacionales del 13 de septiembre. Su avión realizó un aterrizaje de emergencia en Omsk, otra ciudad siberiana, donde fue hospitalizado por primera vez. Dos días más tarde fue trasladado en avión a Berlín.


Alexei Navalny permanece en coma en un hospital de Berlín. El arma química con la que lo atacaron fue fabricada en un oscuro laboratorio de Uzbekistán donde la probaban en animales.

El hecho ocurrió en momentos en que el gobierno está acosado por enormes e inéditas protestas en ciudades como Khabarovsk, en lo que se denomina el Lejano Este ruso, y por el movimiento prodemocrático contra el dictador Lukashenko de Bielorrusia. “En un país gobernado por el miedo hay que enviar señales a la población sobre lo que es aceptable y lo que no”, dijo al New York Times, John Sipher, un ex agente de la CIA que fue jefe de la oficina de inteligencia en Moscú. “Quieren dejar claro a la gente que si te metes con el zar, te van a matar”.

Cuando ocurrió el ataque contra el ex agente Sergei Skripal en Salisbury, el asesor de Seguridad Nacional británico, Mark Sedwill, informó al secretario general de la OTAN que el gas nervioso Novichok, una cepa a la que en Rusia se denomina como Foliant, fue desarrollado en el Instituto Estatal de Química Orgánica y Tecnología de Shikhany, una pequeña ciudad a orillas del río Volga, en el sur de Rusia. En el informe, se aclara que “durante la década de 2000, Rusia creó una unidad especial para desarrollar armas químicas con el fin de usarlas como herramientas en ataques patrocinados por el Estado y para entrenar al personal de las unidades especiales en el uso de estas armas”.

Y agrega que “este programa incluyó posteriormente la investigación de las formas de entrega de los agentes nerviosos, incluyendo la aplicación en las manijas de las puertas como ocurrió en el caso Skripal. En la última década, Rusia produjo y almacenó pequeñas cantidades de Novichoks bajo el mismo programa”.

El veneno causa espasmos musculares que pueden detener el corazón, acumulación de líquido en los pulmones que también puede ser mortal, y daño a otros órganos y células nerviosas. En el primer momento, los síntomas no son muy diferentes a los de un ataque al corazón. El veneno se desarrolla en polvo o en una masa firme de un aspecto similar a la masilla. Rusia produjo varias versiones de Novichok aunque no se conocen las diferencias entre unos y otros. Después de la desintegración de la Unión Soviética a principios de los 90, los científicos que habían trabajado en el programa de armas químicas y que fueron contratados por laboratorios de Estados Unidos, fueron los primeros que hablaron públicamente de un agente nervioso llamado Novichok, que en ruso significa “tipo nuevo”. Uno de estos científicos que fue expuesto accidentalmente al químico en 1987, sufriendo daños permanentes y finalmente fatales en los músculos y órganos, contó su historia a un periódico ruso poco antes de morir en 1992.

El Novichok pertenece a una clase de compuestos llamados inhibidores de la colinesterasa, que se utilizan en una amplia gama de medicamentos así como en venenos. Atacan el flujo y reflujo normal de los neurotransmisores, sustancias químicas del cuerpo que las células nerviosas utilizan para regular las funciones esenciales. La intoxicación por este agente nervioso puede combatirse con los antídotos atropina y oxima, pero incluso si el tratamiento tiene éxito las víctimas sufren daños permanentes. El primer informe del uso de este veneno en el terreno es de 1995, cuando un empresario ruso y su secretaria fueron asesinados. Los funcionarios dijeron entonces que habían sido envenenados con cadmio, un metal pesado, pero los medios de comunicación rusos publicaron que se trataba de Novichok. En 1999, Estados Unidos llegó a un acuerdo para ayudar a Uzbekistán a desmantelar un antiguo laboratorio soviético de armas químicas que había producido el Novichok. Después de eso, casi no hubo mención del veneno en forma pública durante 19 años, hasta hace dos años cuando el ex agente ruso y su hija fueron encontrados casi muertos en un parque de Salisbury.

En los años setenta se llegó a un acuerdo entre Washington y Moscú para detener la producción de agentes nerviosos con objetivos bélicos, los soviéticos continuaron trabajando en lo que se denomina la “cuarta generación” de este tipo de armas químicas que se desarrollaron después del sarín y el VXLa novedad que trajo el Novichok es que no era detectado por los sensores que usaban las tropas de la OTAN. De acuerdo a un informe de inteligencia europea, un científico que trabajaba en el laboratorio desarrollando el agente nervioso inhaló accidentalmente vapores mientras llenaba una jeringa, y se desplomó. Aunque se le inyectó el antídoto y finalmente despertó, sufrió depresión y epilepsia y murió cinco años después. Vil Mirzayanov, otro científico que ayudó a desarrollar el veneno, dijo en una entrevista con la cadena de televisión Sky News que “los antídotos existen, pero ¿qué significa antídoto? Salvan a una persona que estuvo expuesta a este gas, pero temporalmente, porque será un inválido y morirá poco después”.


Navalny, al ser ingresado al Hospital Charite de Berlin, donde se confirmó que había sido envenendado con Novichok. (AFP)

Andrew Weber, ex subsecretario de Defensa para Programas de Defensa Nuclear, Química y Biológica de Estados Unidos, durante una investigación a principios de la década de 2000 estuvo en una instalación secreta y abandonada de investigación soviética en Nukus, Uzbekistán. El gobierno de ese país había pedido a Estados Unidos que ayudara a destruirla. De acuerdo al relato que Weber hizo al New York Times, al llegar al sótano se encontró con decenas de bozales y correas para sujetar animales. Un ex empleado del lugar le dijo que se utilizaban para inmovilizar a los perros mientras se los exponía a los agentes de Novichok. Dijo que cada prueba involucraba de 50 a 100 perros por vez, y que al menos 1.000 perros habían sido asesinados en ese lugar por efectos del gas nervioso.

En Moscú se habla de que el Novichok, también es utilizado por la mafia rusa, que logró acopiar una gran cantidad del veneno, para eliminar a sus enemigos. Navalny era uno de ellos. Había realizado innumerables denuncias de los negocios sucios entre los “oligarcas” y los funcionarios del Kremlin. Creen que el Novichok, que permanece de alguna manera guardado en los sótanos de los servicios de inteligencia rusos, pudo haber haber tenido uno de los habituales “descuidos” de seguridad por el que el gas nervioso llegó a las manos de los sicarios de la mafia rusa. Todo muy conveniente para sacarse de encima tanto a enemigos de otras organizaciones criminales como a molestos disidentes políticos.

Las fuerzas del régimen de Maduro asesinaron a más de 1.500 personas en ejecuciones extrajudiciales en los primeros seis meses del año



Tomado de Infobae. La cifra es aterradora: más de 1.500 ejecuciones extrajudiciales sólo en el primer semestre de este 2020. Hasta el momento, hay datos de Caracas, Miranda, Aragua, Carabobo, Sucre, Bolívar, Táchira, Mérida Trujillo y Zulia. Pero aún faltan procesar datos de algunos otros estados por lo que el número podría aumentar.

“Llevamos más de 1.500 casos registrados y documentados y todavía no hemos terminado de consolidar la base de datos a nivel nacional”, explica a Infobae Marino Alvarado, coordinador del estudio y miembro del Programa Venezolano de Educación-Acción (Provea), la ONG que junto al Centro Gumilla lleva registro de los crímenes del régimen venezolano.

Al menos 201 ejecuciones extrajudiciales se produjeron en Caracas y el vecino estado de Miranda en los seis primeros meses del año: 129 en el estado de Miranda y 72 en el Distrito Capital. Y, en 37 casos, los familiares o vecinos de las víctimas denunciaron que las personas habrían sido detenidas y posteriormente asesinadas.

Una de esas víctimas fue Isaac Mata, de 14 años, quien estaba volando una cometa en el barrio de Coche (Distrito Capital) el viernes 17 de abril cuando una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) llegó al lugar disparando, según los familiares del niño. Los funcionarios se lo llevaron herido y su cuerpo fue posteriormente localizado en el depósito de cadáveres de Bello Monte. Las autoridades consideran que el joven era un delincuente pero los familiares del menor lo niegan y aseguran que tenía marcas de haber sido esposado cuando se revisó el cadáver.



En Aragua, el promedio durante los primeros seis meses del año fue de un asesinato por día a manos de los agentes de la fuerza pública. En total, las organizaciones de DDHH registraron 181 ejecuciones extrajudiciales.

La Policía del estado Aragua fue la fuerza que más asesinatos cometió, 65; el CICPC acumuló un total de 49 víctimas; las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ocupó el tercer lugar con 30 muertes, y en operativos conjuntos entre el CICPC – CONAS (GNB), CICPC – FAES y FAES – PoliAragua, otras 21 personas fueron asesinadas.

En Carabobo, los asesinatos fueron 123, la mayoría a manos de la policía estatal. Uno de los casos que más impactó fue el crimen de Daniel Alexander López Ramírez, un médico de 28 años. La versión oficial indicó que López Ramírez era miembro de una agrupación delictiva y habría muerto al enfrentarse a los funcionarios policiales que ingresaron a una vivienda ubicada en la urbanización Tesoro del Indio, municipio Guacara, en busca de presuntos delincuentes. Sin embargo, su familia reveló que el médico se encontraba allí porque había sido secuestrado por miembros de una banda delictiva para que atendiera las heridas de uno de sus compañeros. La familia de López aseguró que el médico no se enfrentó a la comisión policial.


Judith Cortez sostiene fotos de sus hijos José Alfredo y Anderson Torres, fusilados por miembros de la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional Venezolana (FAES).

En todos los procedimientos realizados por los diversos cuerpos de seguridad de Carabobo no hubo ningún funcionario herido. Los expertos explican que un indicador de la letalidad policial es la desproporción entre bajas policiales-militares y de civiles.

En Sucre, las ejecuciones extrajudiciales documentadas fueron 48. El mes de mayo fue el más trágico del período, con 28 víctimas, mientras que en abril se registraron 11 casos. Del total de víctimas registradas apenas cuatro fueron identificadas.

La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) informó de 127 ejecuciones extrajudiciales en Bolívar. Entre enero y junio el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas fue el órgano vinculado a más casos, con 48 muertes. Pero también aparecen las Fuerzas de Acciones Especiales como responsables de decenas de asesinatos en el estado.

En enero, por ejemplo, detalla Codehciu, Euclides Fajardo, de 32 años, fue ejecutado de dos balazos por las FAES en San Félix, en Ciudad Guayana. Reportes de prensa explican que familiares de la víctima contaron que los funcionarios llegaron a la vivienda y lo sacaron a la fuerza y lo mataron. Pero la información oficial reseña un presunto enfrentamiento.

En los estados andinos, el estudio registró 101 asesinatos: 41 en Táchira, 24 en Mérida y 36 en Trujillo. Y en Zulia, uno de los estados más importantes del país, La Comisión para los Derechos Humanos local (CODHEZ), cifró en 377 las ejecuciones extrajudiciales de enero a junio de este año.


En la mayoría de los casos, la versión de las autoridades es que los muertos son producto de un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, por lo que en las estadísticas oficiales figuran como “muertes por resistencia a la autoridad”. Estos incidentes ocurren mayoritariamente en zonas de menores ingresos, a hombres y con una edad de entre 18 y 30 años.

“Los allanamientos se hacen sin orden judicial, con frecuencia en la madrugada, y los efectivos policiales se presentan con capuchas, sin identificación visible de sus nombres, violando lo establecido en la ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, conforme al artículo 66”, denuncia el estudio liderado por Provea.

Los organismos de derechos humanos aún están procesando datos del resto del país y adelantaron a Infobae que los darán a conocer en los próximos días.

Le arrebatan pistola taser a policía y lo atacan en medio de forcejeo en San Miguelito #Panamá



Increíble Un Cabo 2do. de la Policía Nacional fue despojado de su pistola taser en medio de un forcejeo con un sujeto y fue atacado con la descarga.

El suceso ocurrió la noche del viernes en el sector de La Tableñita en Torrijos Carter distrito de San Miguelito.


La unidad policial herida en el incidente.

La Policía Nacional aclaró que respondieron el llamado de la presencia de una persona armada en dicha área, y al retener a la persona, los residentes atacaron con piedras y botellas a los uniformados, fue en ese momento que se dio un forcejeo y le arrebatan el arma para ser atacado.

El Dispositivo de Inmovilizacion Neuromuscular (taser) fue recuperado,mientras que el sospechoso fue puesto a ordenes de las autoridades competentes.

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Más de 100 detenidos en La Chorrera por quebrantar el toque de queda durante fin de semana #Panamá



Al menos 100 personas han sido retenidas en distintos sectores del distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, incumpliendo el toque de queda y cuarentena total.

Todos fueron conducidos al cerco sanitario del Harino, corregimiento de Barrio Balboa, así lo indicó el funcionario de Cumplimiento Luis Cubilla, el cual también mencionó que las personas no quieren respetar a la Policía cuando tienen que ser aprendidas por incumplir la Ley establecida por el Ejecutivo.

Con detalles y fotos de @serviopty

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Hallan por primera vez un ánfora del siglo I con un letrero sobre el producto que contenía


Ánfora del siglo I con una inscripción que representa un tipo de letrero que ofrecía información a los consumidores sobre el producto que contenían las ánforas. EFE/ Ayuntamiento De Ceuta

Tomado de Agencia EFE. Una excavaciones arqueológicas que se realizan en el interior de las Murallas Reales de Ceuta han dejado por primera vez al descubierto un ánfora del siglo I con una inscripción que representa un tipo de letrero que ofrecía información a los consumidores sobre el producto que contenían las ánforas.

Según ha informado el Gobierno ceutí en un comunicado, el descubrimiento ha sido realizado por los expertos de la Universidad de Cádiz que han finalizado los trabajos de campo desarrollados en las últimas semanas en el Baluarte de la Bandera.

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