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Una denuncia por abusos sexuales en Alemania salpica al papa emérito Benedicto XVI

Una denuncia interpuesta contra un presunto sacerdote pederasta en Alemania pretende determinar si el papa emérito Benedicto XVI y otros miembros del clero fueron culpables en un caso histórico de abusos sexuales a menores, según el abogado del demandante.

La llamada acción declaratoria fue presentada en nombre de un hombre de 38 años del estado sureño de Baviera, que dice haber sido abusado por un sacerdote cuando era niño, informó la emisora BR junto con el centro de investigación Correctiv y el semanario Die Zeit.

Andreas Schulz, el abogado que presentó el caso ante el tribunal regional de Traunstein, confirmó la información a la agencia Reuters en un correo electrónico. Un portavoz de la arquidiócesis de Múnich y Freising declinó hacer comentarios sobre un caso judicial en curso.

La demanda se dirige al sacerdote, identificado como Peter H., así como a Benedicto XVI, quien fue arzobispo de Múnich y Freising de 1977 a 1982, a su sucesor, el cardenal Friedrich Wetter, y a otro responsable de la Iglesia, según los documentos vistos por Reuters.

El caso podría sentar un precedente en la lucha de Alemania contra los abusos institucionales del clero si hace que un tribunal civil se pronuncie por primera vez sobre la presunta culpabilidad de los representantes de la Iglesia.

La víctima, que quiere permanecer bajo anonimato, tenía entre 11 y 12 años cuando el sacerdote supuestamente le mostró pornografía y abusó sexualmente de él, según la información de los medios.

Un artículo publicado en enero sobre los abusos en la archidiócesis entre 1945 y 2019 acusó a Benedicto XVI de no haber tomado medidas contra los clérigos en cuatro casos cuando era arzobispo de Múnich.

Benedicto reconoció posteriormente que se produjeron errores en la gestión de los casos mientras ocupaba ese cargo y pidió perdón, mientras sus abogados argumentaron que él no era directamente culpable.

(Con información de Reuters)

Condenaron a 15 años de cárcel al ex cura Óscar Muñoz por abuso sexual de menores

La Justicia de Chile condenó este sábado a 15 años de prisión al exsacerdote Óscar Muñoz por la comisión de los delitos “reiterados” de abusos sexuales y violación de menores entre 2002 y 2018.

El “7° Tribunal Oral de lo Penal de Santiago condena a 15 años y 1 día de presidio efectivo al sacerdote y ex canciller del Arzobispado Oscar Muñoz Toledo, como autor de los delitos reiterados de violación y abuso sexual de menores de edad”, señaló el Poder Judicial a través de sus redes sociales.

Muñoz es un reconocido ex sacerdote de 60 años que ocupó cargos de responsabilidad en el Arzobispado de Santiago hasta 2018 y fue mano derecha del cardenal de la capital Ricardo Ezzati, acusado de encubrimiento de numerosos casos de abusos sexuales a menores en el seno de Iglesia católica chilena.

El condenado llevaba desde 2018 en prisión preventiva a la espera de una sentencia firme. La Fiscalía, que pedía para él 30 años de condena, había expresado: “Son víctimas todas menores de edad, con inexperiencia sexual, que fueron atacadas sexualmente en el domicilio del imputado, en el domicilio propio de las víctimas cuando estaban bajo el cuidado de éste, por la confianza que generó con las víctimas y con los padres de las víctimas”.

Al menos cinco menores habrían sido abusados por Muñoz, mientras que otros dos se encuentran en evaluación. Los delitos se habrían registrado en las ciudades de Santiago y Rancagua.

El papa Francisco expulsó del sacerdocio a Muñoz en 2019 por las acusaciones que pesaban en su contra de abusos sexuales, violación y estupro. EAntes de eso, aceptó la renuncia de cinco obispos, cuatro de ellos señalados como encubridores de abusos sexuales de sacerdotes. Sin embargo, el pontífice ha sido duramente criticado por su reacción tardía en estos casos, y su rol durante su última visita a Chile.

La Iglesia católica chilena ha estado envuelta en denuncias de abusos desde que en 2010 el influyente sacerdote Fernando Karadima fue denunciado y un año después condenado por el Vaticano como culpable de abusos sexuales contra menores.

Desde entonces, unos 113 sacerdotes han sido denunciados por abusos sexuales en los últimos 15 años, según datos de la Iglesia chilena difundidos por el diario local La Tercera.

En 2011, cuando era vicecanciller del Arzobispado, Muñoz se encargó de tomar declaraciones de los denunciantes del caso de Karadima, suspendido de por vida de sus funciones por el Vaticano en 2013 por pederastia.

Tras ser nombrado canciller del arzobispado de Santiago, Muñoz tuvo acceso a las carpetas de denuncias sexuales y conocía el manejo de las investigaciones canónicas al interior de la Iglesia católica, lo que, según la fiscalía, le habría permitido “bajarle el perfil” a los casos de pedofilia que involucraban a religiosos.

“En consecuencia, existe un factor importante de impunidad que se procuraba el mismo sujeto para sí y es probable que para otros casos”, sostuvo en 2018 el fiscal Emiliano Arias.

El fiscal Arias informó que también investiga la posible actuación de otros religiosos “como autores, cómplices o encubridores tanto en este caso como en otros casos” ocurridos en Rancagua.

Tomado de Infobae

A 15 años de cárcel para excura por abuso sexual de menores #Panamá

A 15 años de prisión fue condenado el excanciller del Arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz Toledo, por los delitos de abuso sexual, abuso sexual reiterado y violación retirada.

El tribunal había declarado culpable al exsacerdote el pasado 8 de junio. Los fiscales Francisco Jacir y Mariela Cid, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, solicitaban 30 años y un día de presidio para el acusado, quien se encuentra en prisión preventiva por orden de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Toledo fue procesado por hechos de abuso sexual cometidos contra tres menores de edad entre 2006 y 2009, por abuso en contra otro menor de edad en 2013; y por violación reiterada contra la misma víctima en 2017 y 2018.

Según la documento de la acusación, “el imputado, valiéndose de su ordenación sacerdotal, además del nexo de parentesco con algunas de las víctimas, ganó la confianza de los padres de los menores de edad afectados”.

El exreligioso tenía la labor de recibir las denuncias de casos por abuso sexual al interior de la iglesia católica. También formó parte del círculo cercano del cardenal Ricardo Ezzati, con quien llegó a firmar algunos decretos.

Este caso se destapó en 2018, cuando el fiscal Emiliano Arias ordenó su captura. Además, a principios de ese año se había autodenunciado, lo que implicó la suspensión de su cargo.

Por su parte, el papa Francisco expulsó del sacerdocio a Muñoz Toledo en 2019. “El Arzobispado de Santiago informa a la comunidad que el Santo Padre Francisco ha impuesto la dimisión del estado clerical ‘ex officio et pro bono Ecclesiae’ a Óscar Muñoz Toledo, por los delitos de abuso sexual de menores“, informó la iglesia en ese entonces.

La ONU denunció que el estado de emergencia en El Salvador aumentó la detención arbitraria y la posibilidad de tortura

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha lamentado este lunes que el estado de emergencia de El Salvador, decretado a finales de marzo, haya acarreado un aumento del riesgo de detención arbitraria.

Asimismo, las posteriores reformas de la legislación penitenciaria ha aumentado también la posibilidad de que los detenidos sean torturados, según ha advertido Bachelet en su discurso de apertura del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza.

Las autoridades de El Salvador decretaron a finales de marzo el estado de excepción debido a una importante ola de violencia que azotaba el país centroamericano. Esta medida ha sido prorrogada en varias ocasiones, la última de ellas a finales de mayo, cuando se prolongó por otros 30 días.

Durante este periodo, el Gobierno salvadoreño queda capacitado para suspender ciertas libertades y garantías. De hecho, desde el inicio de la medida de excepción, las autoridades de seguridad han detenido a más de 38.000 presuntos pandilleros.

Esta elevada cifra de detenciones genera, según Bachelet, “preocupación sobre el respeto a las garantías del debido proceso”. Una muestra de esto son los, al menos, 21 decesos bajo custodia policial confirmados por fuentes oficiales.

De hecho, tres presos han muerto en las últimas 72 horas en el Complejo Penitenciario de Izalco, en Sonsonate, en el oeste del país, según recoge el diario salvadoreño ‘La Prensa Gráfica’.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), junto con otras organizaciones, ha mostrado su preocupación por la medida aprobada por el Gobierno salvadoreño, al que ha instado a que garantice también políticas penitenciarias que respeten los derechos fundamentales.

A principios de junio, Amnistía Internacional (AI) cifró en al menos 18 los presos muertos bajo la tutela del Estado desde la declaración del estado de emergencia. El organismo ha denunciado también numerosas detenciones arbitrarias, así como privaciones ilegales de la libertad y de garantías judiciales.

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), una organización no gubernamental de derechos humanos con más de 30 años de existencia, denunció este lunes que ha registrado “más de 30 ataques” por la labor que desempeña por parte de simpatizantes afines al Gobierno del presidente Nayib Bukele y del Estado salvadoreño.

La entidad explicó, a través de un comunicado compartido hoy, que de enero a la fecha reportan “poco más de 30 ataques directos” que “han sido a través de la plataforma de Twitter, provenientes de cuentas particulares anónimas de simpatizantes del actual Gobierno e incluso algunas, procedentes del mismo Estado”.

Señaló que, aunque las agresiones registradas en gran medida se dan en el plano virtual, es preciso “alertar a la comunidad internacional, organizaciones de derechos humanos y ciudadanía en general sobre el control y amedrentamiento del que estamos siendo objeto”.

Fespad apuntó que, si bien se han tenido actuaciones hostiles en el pasado provenientes del Estado y particulares, es “preocupante que en la actual administración estos ataques hacia defensores-as de DDHH, periodistas y organizaciones de sociedad Civil se hayan incrementado”.

(Con información de EFE y Europa Press)