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El régimen de Daniel Ortega cruzó otra línea y encarceló por primera vez a un cura

Una cena aderezada con licor dentro de la sacristía de una iglesia. Una mujer golpeada en un confuso incidente. Una turba que asedia e insulta, y un sacerdote que, machete en mano, desde el atrio reta a la turba que lo amenaza.

Esa es la escena original de una historia que desde principios del este mes mantiene atenta a Nicaragua con todos los ribetes de una telenovela: intrigas, acusaciones, villanos y sorpresasy que el régimen de Daniel Ortega ha usado para poner al primer sacerdote en la cárcel, una línea que hasta ahora no se había atrevido a cruzar.

El padre Manuel García es el primer sacerdote preso político”, afirma el diácono Marcos Herrera quien se encuentra en España, adonde se exilió debido al asedio que la dictadura nicaragüense mantiene contra la iglesia Católica“Él está preso por denunciar las injusticias que comete el régimen criminal contra nuestro pueblo”.

Según un recuento de la investigadora Martha Molina, en el informe titulado “Nicaragua: una iglesia perseguida”, de 2018 hasta el 22 de mayo de 2022 se habían registrado al menos 190 agresiones a la iglesia católica de Nicaragua, entre las que se cuentan agresiones físicas a sacerdotes, profanaciones a templos e imágenes religiosas, asedio, amenazas de muerte, persecución e insultos, ataques armados y quemas.

Martha Rivas, cuando era entrevistada por medios oficialistas. Ante la jueza dijo que el golpe en su cara fue un accidente y se negó a acusar al sacerdote. Fue enviada a la cárcel bajo cargo de «falso testimonio».

Desde mediados de mayo pasado, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo recrudeció la persecución contra la iglesia católica a quien ha responsabilizado de las protestas ciudadanas en 2018 contra su régimen, que las califica de “golpe de estado” y “terrorismo”.

El caso de García sería el primero de un sacerdote en la cárcel.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) consideró en un tuit que “el asedio de la policía a los sacerdotes de la iglesia católica reconfirma que en #Nicaragua ya nadie se libra de la persecución incesante a la divergencia, a la demanda de justicia y, ahora, a la labor pastoral. La libertad de religión se suma a los #DDHH coartados”.

El sacerdote Manuel García, 57 años, es un reconocido crítico del régimen de Ortega y párroco de la iglesia Jesús de Nazareno, de Nandaime, un pequeño municipio ubicado a 56 kilómetros al sureste de Managua. El 30 de mayo pasado recibió la visita de la señora Martha Candelaria Rivas Hernández, 44 años, quien, posteriormente, en declaraciones a medios oficialistas, dijo ser “amiga íntima” del sacerdote desde 2019.

“Entramos, comimos algo ahí y tomamos algo de licor”, afirmó en el video de la entrevista que circuló profusamente por redes sociales, y en el que aparece con los pómulos morados. “Tuve el atrevimiento que le cogí el celular y le miré un chat y lo malinterpreté. Le eché eso en cara a él y me dijo que qué barbaridad el atrevimiento porque los celulares son privados”.

El golpe en la cara se produce cuando la señora va saliendo de la iglesia con dos hijos, de 15 y 11 años, que la acompañaban. “Como iba detrás y estaba algo oscuro, él dice: ideay, a eso venís a visitarme, a reclamarme, en eso hizo así (levanta la mano) y fue cuando me dio con la mano izquierda donde llevaba el candado y fue cuando me reventó ahí”, dijo señalando el pómulo derecho.

Ese golpe desataría una escabrosa historia de intrigas que llevaría al sacerdote y a la víctima a la cárcel en los siguientes días.

Alertados por la hija mayor que acompañaba a la mujer, un grupo de sujetos que se encontraba en las cercanías llega a las afueras de la Iglesia a reclamar al sacerdote. En un video grabado y difundido por uno de ellos se ve cómo gritan, insultan y amenazan con apedrear al sacerdote. “¡Asesino!”, le gritan. El religioso, visiblemente ofuscado, los reta con un machete. “¡Entren pues! ¡Drogadictos!”, les grita desde adentro.

Tras el incidente se activó el aparato oficial y oficialista. La Policía interrogó a la mujer, y los medios de comunicación afines al régimen le realizaron una entrevista colectiva, que luego fue difundida por redes sociales. El sacerdote fue detenido y acusado el 7 de junio pasado ante el Juzgado Distrito Penal de Adolescentes de Granada por violencia física y psicológica contra Martha Candelaria Rivas Hernández.

Sin embargo,sorpresivamente, Rivas Hernández se negó a acusar al sacerdote y en la audiencia de adelanto de pruebas realizada el pasado 17 de junio insistió que todo fue un accidente. Dijo no sentirse agredida por el sacerdote y que se negó a firmar la denuncia que la Policía le pedía que firmara en contra del cura, porque el golpe en la nariz que recibió “fue accidental”.

La Fiscalía inició entonces un proceso por “falso testimonio” contra Rivas Hernández y fue enviada a prisión preventiva por la jueza María José Zapata Morales. La supuesta víctima pasó a imputada.

Cuando se esperaba que el sacerdote fuese liberado, pues sin víctima no hay caso en su contra, se conoció una nueva causa abierta contra él. Este miércoles, 22 de junio, el padre Manuel García fue condenado por el juez Local Único de Nandaime, Jaime Aguilar, a dos años de prisión y 200 días multa, por el delito de amenaza con arma contra cinco personas. Los acusadores son parte del grupo que llegó la noche del 30 de mayo a asediar la iglesia de Nandaime.

El diácono Marcos Herrera considera que el encarcelamiento del párroco de Nandaime es parte del recrudecimiento de la represión contra la iglesia católica y que el régimen nicaragüense ha armado una causa para medir los costos que pagaría por llevar a la cárcel a sacerdotes bajo la figura de delitos comunes.

Ellos son maestros de la mentira, la calumnia, utilizan todos los medios a su alcance para armar una causa contra cualquier opositor”, dice. “No es contra el padre de manera particular. Es contra la Iglesia el problema. Están midiendo hasta dónde pueden ir valorando las reacciones del pueblo. Y si el pueblo se queda tranquilo seguirán atacando cada vez con mayor fuerza. Su búsqueda es quitar del camino al peor enemigo que tienen: la Iglesia. Ellos están tratando de ir infundiendo el miedo en el clero sutilmente”.

Tomado de Infobae

La esposa de José Daniel Ferrer exige a la dictadura cubana una prueba de vida del opositor: “No descansaré hasta tener noticias”

“No me dejan verlo, ni siquiera me lo pusieron al teléfono”, denuncia Nelva Ismaray Ortega Tamayo, la esposa del opositor cubano José Daniel Ferrer, encarcelado por la dictadura cubana. “Seguimos en las mismas, solo sabemos lo que nos dicen los represores”, dice desesperada tras más de 20 días sin noticias de su marido.

Ortega Tamayo teme por la integridad física y psicológica del disidente de quien no sabe nada desde el 4 de junio y no descarta que se encuentre en huelga de hambre.

“No sabemos nada de mi esposo. No sabemos si está golpeado, si está en huelga de hambre. Lo que está pasando solo el régimen castrista, Raúl Castro, Díaz-Canel, y todos sus sicarios de la prisión son los que saben”, afirmó.

En la imagen, el opositor cubano José Daniel Ferrer. EFE/Alejandro Ernesto/Archivo

La opositora cubana, quien grabó su testimonio en medio de uno de los habituales apagones que afectan a la población de la Isla, también denunció que Ferrer ni siquiera pudo felicitar el día de su cumpleaños a su hijo, que cumplió tres años recientemente.

“Al régimen castrista y a Díaz-Canel estoy responsabilizando desde aquí por la integridad física y mental de mi esposo José Daniel Ferrer García”, añadió Ortega Tamayo antes de terminar el video.

Ferrer, líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), está en una pequeña celda, aislado y sin luz natural. Justo antes de que quedara incomunicado, había anunciado que realizaría un ayuno durante los días de la Cumbre de Las Américas en Los Ángeles, en protesta ante la posición de presidentes como el mexicano y argentino respecto a la exclusión de representantes oficiales de La Habana en el evento.

El disidente está preso desde el 11 de julio del año pasado. Fue detenido de manera preventiva antes de que lograra unirse a las históricas manifestaciones en la isla. En un principio lo mantuvieron en prisión domiciliaria pero luego la Justicia castrista lo recluyó en la cárcel de Mar Verde, en Santiago de Cuba.

Tomado de Infobae

Amnistía Internacional advirtió que el régimen de Daniel Ortega intensificó su táctica represiva en Nicaragua

Amnistía Internacional (AI) alertó este viernes que el régimen del presidente Daniel Ortega, quien se encuentra en el poder desde 2007, ha “intensificado su táctica de represión” en el marco de la crisis política que vive Nicaragua desde abril de 2018.

“Las autoridades han intensificado su táctica represiva con una nueva oleada de arrestos en el periodo previo a las elecciones (de noviembre pasado) y, desde el 28 de mayo de 2021 han detenido a más de 30 personas sólo por ejercer sus derechos humanos”, señaló AI en un informe publicado hoy a propósito del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura.

En su informe, AI recordó que Nicaragua lleva inmerso en una “grave crisis de derechos humanos” desde abril de 2018, cuando miles de nicaragüenses salieron a las calles para protestar por unas controvertidas reformas de la seguridad social.

“El Gobierno de Ortega respondió con una oleada de represión y medidas sin precedentes, que continúa hasta hoy, contra las personas disidentes”, indicó ese organismo humanitario.

Según AI, desde entonces, más de 100.000 nicaragüenses “han huido del país”, mientras decenas de activistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, así como periodistas, “han sido amenazados, encarcelados, torturados y, en algunos casos, han desaparecido”.

“Las personas que defendían los derechos humanos y eran criminalizadas y detenidas de forma arbitraria, y algunas permanecían recluidas al finalizar el año”, anotó.

Acoso, criminalización y amenazas

En el documento, AI señaló que las defensoras de los derechos humanos en Nicaragua “sufrían acoso policial, criminalización, campañas de desprestigio y amenazas” por parte de las autoridades y simpatizantes sandinistas.

Asimismo, sostuvo que “las detenciones arbitrarias seguían formando parte de la estrategia de represión del gobierno”.

Hasta diciembre, las organizaciones locales informaron de que 160 personas detenidas exclusivamente por ejercer sus derechos desde que comenzaron las protestas de 2018 permanecían en prisión.

En ese sentido, AI retomó las denuncias de los familiares de los denominados “presos políticos”, que se han quejado de que las autoridades nicaragüenses no le permiten ver a sus parientes en la prisión con periodicidad.

También que se encuentran recluidos en condiciones “precarias”, que sufren “malos tratos” y en régimen de incomunicación.

“Las organizaciones de derechos de las mujeres denunciaron que algunas de las mujeres detenidas durante el año habían sido arrestadas con violencia, en ocasiones delante de sus hijos, y permanecían recluidas en condiciones muy precarias”, según el informe.

En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega debido a que respondió con la fuerza.

Las protestas, calificadas por el Ejecutivo como un intento de golpe de Estado, dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200.

La crisis se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.

(Con información de EFE)

Persecución en Cuba: Estados Unidos repudió la condena a prisión de los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo

Los artistas y disidentes cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Pérez “Osorbo” fueron condenados este viernes a 5 y 9 años de prisión por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos, en el primer caso, y de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones, héroes y mártires en el caso de Osorbo, según informó la Fiscalía General de la República de Cuba (FGR).

El gobierno de Estados Unidos repudió esta resolución de la justicia de la dictadura cubana. “La sentencia de Alcántara y Castillo es otro triste y desesperado acto de represión del gobierno cubano. ¿Cuándo el gobierno cubano dejará de tener miedo a sus ciudadanos y permitirá su libertad de expresión?”, escribió Brian Nichols, jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina y el Caribe, en su cuenta personal en Twitter.

El juicio de ambos artistas –considerados presos de conciencia por Amnistía Internacional (AI)– se realizó los pasados 30 y 31 de mayo en La Habana en el Tribunal del municipio de Marianao.

El proceso no estaba ligado a las protestas antigubernamentales del año pasado, sino por unos hechos ocurridos el 4 de abril de 2021. Ese día, según la Fiscalía, Osorbo tuvo un encontronazo con unos agentes, aparentemente causado porque su acompañante no llevaba mascarilla. Castillo Pérez logró zafarse, con unas esposas en la muñeca, y se marchó a la casa de Otero Alcántara y gritó desde allí consignas contra el Gobierno.

La Fiscalía recogió hechos previos como “escritos ofensivos contra la bandera” en las redes, publicar “memes” en Facebook para “ridiculizar y desacreditar” al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

Organismos internacionales y distintas embajadas europeas intentaron, sin éxito, acceder a las audiencias. Durante esas jornadas se desplegó un fuerte operativo de seguridad en los alrededores del tribunal.

Según difundieron en redes varios activistas, Castillo Pérez terminó su declaración diciendo a la magistrada: “Espero que la sentencia que decida usted, señora jueza, sea la de su conciencia”.

Las organizaciones pro derechos humanos Human Rights Watch y AI han exigido que sean liberados “de inmediato y sin condiciones”. Además, el pasado 17 de junio, un total de 17 ONG se sumaron a los llamamientos por dejar a los dos opositores en libertad.

La Fiscalía había solicitado inicialmente 7 años de cárcel para Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro (MSI) y preso desde el pasado 11 de julio, y 10 años para Castillo Pérez, coautor del tema “Patria y vida” –himno de las protestas del 11J– y encarcelado desde hace un año.

Además de ellos, el Tribunal sancionó con 5 años de cárcel por atentado a los opositores Félix Roque Delgado y a 3 años de trabajo correccional sin internamiento a Juslid Justiz Lazo y Reina Sierra Duvergel.

En su nota difundida este viernes, la Fiscalía informó que el tribunal consideró probado que Otero Alcántara tenía “el ánimo expreso, sostenido en el tiempo, de ofender a la bandera nacional, mediante la publicación de fotos en redes sociales donde se le utiliza en actos denigrantes”. Asimismo, razonó que Castillo Pérez » utilizó imágenes falsas” para “ultrajar, afectar el honor y la dignidad de las máximas autoridades del país” y que “realizó intervenciones directas desde su perfil personal para deshonrar la función que cumplen los agentes del orden en la sociedad”.

La decisión del Tribunal no es firme, por lo que los sentenciados aún pueden interponer un recurso de apelación para bien anular o reducir las condenas.

(Con información de EFE)

El régimen de Nicaragua estrecha sus lazos con Beijing ante la llegada del nuevo embajador chino a Managua

El embajador chino en Nicaragua, Chen Xi, llegó este miércoles a Managua para reactivar la cooperación bilateral, tras la decisión de Daniel Ortega de restablecer relaciones diplomáticas con Beijing y romperlas con Taiwán.

“Es un gran honor y placer poder servir como primer embajador de la República Popular de China en Nicaragua después del restablecimiento de nuestras relaciones diplomáticas”, afirmó el diplomático tras arribar al aeropuerto internacional de Managua.

Chen Xi consideró la reapertura de los vínculos diplomáticos como “una decisión estratégica e histórica que no solamente promueve la amistad entre China y Nicaragua, sino que también favorece las cooperaciones de los dos países en los asuntos internacionales”.

En China “valoramos altamente la posición sostenida por el gobierno nicaragüense de (reconocer) una sola China y que Taiwán es una provincia, una parte inalienable del territorio chino”, subrayó.

El diplomático fue recibido por Laureano Ortega, hijo del mandatario y asesor presidencial en temas de comercio, inversión y cooperación internacional, informaron medios oficiales.

Chen Xi es un diplomático con 36 años de carrera, de los cuales más de la mitad, dijo, trabajó en América Latina y el Caribe. Fue embajador en Cuba hasta junio de 2021.

Managua estableció por primera vez relaciones con Beijing en 1985, durante el primer gobierno de Ortega. Pero en 1990, la administración de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro rompió lazos con China y reconoció a Taiwán.

Cuando Ortega retornó al poder en 2007 mantuvo los vínculos con Taiwán, a cambio de una millonaria asistencia. Pero puso fin a la relación el 9 de diciembre del 2021.

El acercamiento a China “es el restablecimiento de una vieja relación que ha tenido el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) con el Partido Comunista de la República de China”, explicó el canciller nicaragüense, Denis Moncada, durante una entrevista el martes con la televisora rusa RT.

“Es una relación muy positiva, muy constructiva, de beneficio y respeto mutuo” que avanza “de una forma muy dinámica”, destacó. China reabrió su embajada en Managua el 31 de diciembre de 2021.

El restablecimiento de relaciones Managua-Beijing ocurrió en momentos en que Estados Unidos y la Unión Europea intensificaban sanciones contra el régimen de Ortega, quien obtuvo un cuarto mandato consecutivo en noviembre de 2021, mientras sus principales rivales se encontraban presos o exiliados.

Tomado de Infobae

Nicaragüenses exprés: cómo Daniel Ortega convirtió a su país en refugio para narcos, corruptos y terroristas

Dos funcionarios hondureños cercanos al apresado expresidente Juan Orlando Hernández son los últimos personajes conocidos de una larga lista de perseguidos por la justicia que han llegado a Nicaragua buscado la protección de la dictadura de Daniel Ortega. “Nicaragua es un paraíso para corruptos notables”, dice Javier Meléndez, investigador y director del centro de pensamiento Expediente Abierto.

El 17 de junio, el diario oficial La Gaceta informó que el estado de Nicaragua concedió la nacionalidad nicaragüense a los hondureños Ebal Jaír Díaz Lupián y Ricardo Leonel Cardona López, ministro de la Presidencia y secretario privado de la Presidencia, respectivamente, durante la administración de Hernández.

Juan Orlando Hernández fue extraditado en abril pasado a Estados Unidos, donde enfrentará un juicio “por tráfico de drogas y delitos con armas de fuego”. Tanto Díaz como Cardona son señalados por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de Honduras de cometer actos de corrupción en el desempeño de sus funciones.

Las diputadas del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza y Suyapa Figueroa fustigaron la decisión del régimen de Ortega de darle refugio a dos personajes perseguidos por la justicia de su país. “Esto no es cuestión de ideologías, es cuestión de criminales, como lo es también el gobierno de Nicaragua, un gobierno violador de derechos humanos y que ampara a otros criminales que además de saquear al país han violentado también derechos humanos”, afirmó Figueroa, según la hondureña Radio América.

Rolando Barahona, diputado del hondureño Partido Nacional, afirmó que otros 44 funcionarios del anterior gobierno de Hernández estarían gestionando su ciudadanía en Nicaragua.

“Nicaragua como paraíso residencial es un activo que se ofrece y se vende al que paga. ¡Y debes pagar bien! No tiene nada que ver con que si eras mi cuate (amigo) o mi enemigo ideológico. No tiene nada que ver con que si sos un paramilitar asesino, un guerrillero narcotraficante, un expolítico salvadoreño de izquierda o uno hondureño de derecha y ladrón”, afirma Meléndez.

“Al final del día todos son tratados como inversionistas: traes tu dinero robado, mal habido y sos bienvenido. Sin ideologías, es solo negocios. Y claro, es un negocio de la familia Ortega-Murillo y sus subordinados”, añade.

Meléndez señala que la falta de remilgos ideológicos del régimen de Ortega permite encontrar en Nicaragua prófugos “tan disímiles como el izquierdista expresidente de El Salvador (Salvador) Sánchez Cerén o derechistas admiradores del ultra derechista y expresidente colombiano Álvaro Uribe”.

Para estos sujetos, agrega, “Nicaragua es la única y mejor alternativa ante la posibilidad de rendir cuentas y pagar por sus crímenes en sus países: tienen refugio, tienen una nueva nacionalidad, si quieren el servicio VIP, hasta nueva identidad. También tienen acceso a los servicios legales y de protección del Estado, pero también tienen acceso a la banca y oportunidades de nuevos negocios, lo que les permite seguir operando nacional e internacionalmente en sus negocios mal habidos”.

El investigador recordó que desde el 2007, cuando Ortega regresó al poder, Nicaragua sirvió de refugio a notables perseguidos por la justicia, y mencionó el caso de la mexicana Lucía Moret, quien tenía una orden de extradición del gobierno colombiano por su participación en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y el caso de Rubén Darío Granda Escobar, hermano del excanciller de las FARC, Rodrigo Granda Escobar, quien, según afirma, “también obtuvo su nacionalidad nicaragüense y ejerce en Nicaragua como abogado autorizado por la Corte Suprema de Justicia”.

La mayoría de los extranjeros que llegan buscando refugio a Nicaragua terminan siendo nacionalizados en procesos exprés. La Constitución nicaragüense establece que “los nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional”, pero, igualmente, la legislación exige al menos dos años de residencia en el país para obtener la nacionalidad, un requisito que se pasa por alto a la hora de blindar a un prófugo con la nacionalidad que evitaría su extradición.

Estos son algunos de los prófugos notables que han buscado refugio en Nicaragua en distintos momentos. Hay desde exguerrilleros, varios expresidentes, hasta narcotraficantes como Pablo Escobar Gaviria.

Ebal Jaír Díaz Lupián, ministro de la Presidencia de Honduras

Díaz Lupián, de 49 años, es pastor evangélico y abogado de profesión. Entró a la política en el Partido Nacional bajo la sombra de Juan Orlando Hernández, de quien se le llegó a considerar su “mano derecha”. En las elecciones de noviembre pasado fue candidato a diputado del Partido Nacional pero no fue elegido. Se le atribuyen actos de corrupción en la construcción de casas contenedores en el sector de Lomas del Diamante, al sur de la capital, para atender a los afectados por los huracanes Eta y Iota. Desde la captura de Hernández desapareció del escenario público y reapareció sorpresivamente en Nicaragua cuando se oficializó su ciudadanía nicaragüense, el 17 de junio pasado.

Ricardo Leonel Cardona López, secretario privado de la Presidencia

Cardona López, 61 años, ocupó varios cargos de bajo perfil durante la administración de Hernández. Al final del periodo anterior fue nombrado secretario privado de la Presidencia. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) lo involucra en sus hallazgos de la línea de investigación denominada “Los altos funcionarios de Sedis que cerraron con broche de oro su concierto de corrupción”. Igualmente apareció como nacional de Nicaragua el 17 de junio pasado.

Salvador Sánchez Cerén, expresidente de El Salvador (2014-2019)

Sánchez Cerén, profesor y exguerrillero de 78 años, es buscado por la justicia de su país. La Fiscalía General de El Salvador presentó en julio de 2021 cargos de corrupción contra el expresidente Salvador Sánchez Cerén por supuestamente recibir pagos irregulares por el orden de los 530.000 dólares cuando se desempeñaba como vicepresidente de Mauricio Funes (2009-2014). Pocos días después de que la Fiscalía formalizara la acusación, el régimen de Daniel Ortega otorgó la nacionalidad nicaragüense al expresidente Sánchez Cerén y a su familia.

Mauricio Funes Cartagena, expresidente de El Salvador (2009-2014)

El 30 de julio 2019, Mauricio Funes Cartagena, 62 años, su esposa, Ada Michel Guzmán, y sus hijos, Carlos Manuel Mauricio Velasco y Diego Roberto Funes Cañas, fueron declarados oficialmente ciudadanos nicaragüenses mediante la resolución número 3119, que se publicó en el diario oficial, La Gaceta. Funes Cartagena enfrenta cuatro causas penales en su país. La Fiscalía salvadoreña lo acusa por supuesto peculado, enriquecimiento ilícito y malversación de unos 351 millones de dólares del presupuesto público en un entramado que incluye a familiares, amigos y ex funcionarios.

Jaime Chin-Mu Wu, exembajador de Taiwán en Nicaragua

Sin cuentas que se conozcan con la justicia de su país, el exdiplomático Jaime Chin-Mu Wu, 69 años, sorprendió cuando apareció nacionalizado como nicaragüense 24 horas después que el régimen de Daniel Ortega rompiera relaciones diplomáticas con Taiwán y las estableciera con la República Popular de China. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán pidió explicaciones su exembajador en Nicaragua y le recordó que está sujeto a la Ley de Protección de la Información de Seguridad Nacional Clasificada. Jaime Chin-Mu Wu fue embajador de Taiwán en Nicaragua durante dos periodos y mantuvo cercanía con la familia Ortega Murillo en el poder.

Thaksin Shinawatra

El ex primer ministro tailandés, Thaksin Shinawatra, 72 años, también consiguió protección del régimen de Ortega cuando fue nombrado en el 2009 “Embajador en Misión Especial” por el gobierno de Nicaragua. Viaja con pasaporte diplomático nicaragüense. Shinawatra fue depuesto por militares en septiembre de 2006 y condenado en 2008 a dos años de cárcel por un delito de corrupción cometido mientras gobernaba. Visitó Nicaragua el 10 de febrero de 2009 y se reunió con Ortega y su esposa, Rosario Murillo. De esa reunión el político tailandés salió con el pasaporte diplomático en el bolsillo y con la supuesta misión de “atraer inversión al país”. Poco después, el secretario permanente del ministerio de Asuntos Exteriores de Tailandia, Veerasak Putrakul, pidió a Nicaragua, sin resultado alguno, “cooperación voluntaria” para facilitar la extradición de Shinawatra.

En 2011, Yingluck Shinawatra, hermana del ex Primer Ministro prófugo, llegó al gobierno tras ganar con mayoría absoluta al frente del uno de los partidos creados por Thaksin. Sin embargo, fue depuesta a su vez en 2014 tras una polémica sentencia del Tribunal Constitucional que le acusaba de abuso de poder. La ex primera ministra huyó a Dubái y según una fuente de EFE, también posee pasaporte nicaragüense.

Maurizio Gelli

Maurizio Gelli es actualmente embajador de Nicaragua en Canadá, según el acuerdo presidencial 162-2017, publicado el 31 de octubre de 2017 en el diario oficial La Gaceta. Maurizio Gelli es hijo Lucio Gelli, ex líder de la lógica masónica Propaganda Due (P2), a quien se acusa de relaciones con la mafia y la Cosa Nostra, la quiebra del Banco Ambrosiano, agente anticomunista durante la Guerra Fría, labores de conspiración durante la década de los ochenta en Argentina y escándalos financieros en Uruguay. Lucio Gelli falleció en el 2015 a los 96 años de edad. Según el diario El Mundo, de España, Maurizio Gelli intentó lavar la fortuna ilegal de 1.200 millones de dólares acumulada por su padre. Antes de ser embajador de Nicaragua en Canadá, Maurizio Gelli fue embajador de Nicaragua en Uruguay durante cuatro años. Asumió el cargo en 2013, durante el gobierno de José Mujica.

Alessio Casimirri

El italiano Alessio Casimirri fue condenado en ausencia en su país a seis cadenas perpetuas, 24 años de cárcel, y dos años de aislamiento diurno por, entre otros delitos, el secuestro y posterior asesinato en 1978 del primer ministro Aldo Moro. Vive desde hace 36 años en Nicaragua y ha instalado a 13 kilómetros de Managua un restaurante especializado en mariscos. Carpaccio de pulpo, Risotto al vino tinto, pargo a la sal, pastas “y mucho más”, ofrece el restaurante, “atendidos personalmente por su chef Alessio Casimirri”, según su propia página en Facebook.

Pablo Escobar Gaviria, narcotraficante

En 1984, durante los años de la revolución sandinista, el mismo Pablo Escobar Gaviria estuvo refugiado en Nicaragua e hizo transacciones que involucrarían al gobierno revolucionario en el tráfico de drogas. Barry Seal, el doble agente de la DEA, cuya vida fue llevada al cine interpretado por Tom Cruise, tomó una fotografía de Escobar junto a funcionarios sandinistas, trasegando alijos de droga en un aeropuerto de Managua.

Guerrilleras colombianas

Daniel Ortega rescató y protegió las guerrilleras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Martha Pérez Gutiérrez y Doris Bohórquez Torres, y a la mexicana Lucía Morett quienes resultaron heridas en la incursión militar colombiana del 1 de marzo de 2008 a un campamento guerrillero en el norte ecuatoriano. Colombia aseguró que el avión en el que Ortega mandó a traer a las guerrilleras violó su espacio aéreo.

Alberto Pizango, líder indígena peruano

El régimen nicaragüense asiló en junio de 2009 a Alberto Pizango, líder indígena peruano que organizó las protestas en la región amazónica con un saldo de 33 personas muertas, 24 de ellas policías. El 8 de junio de 2009 jefe del Gabinete Ministerial peruano, Yehude Simon, informó que Pizango pidió asilo en la embajada de Nicaragua en Perú.

Tomado de Infobae

El régimen de China prohibió los autos Tesla en la ciudad donde se reunirán los líderes del gobierno comunista

Los automóviles Tesla tendrán prohibida la entrada en el distrito costero chino de Beidaihe, sede de un secreto cónclave anual de liderazgo de verano, durante al menos dos meses a partir del 1 de julio, dijo este lunes a Reuters un responsable de la policía de tráfico local.

La decisión de las autoridades de Beidaihe se produce apenas unas semanas después que también se prohibiera la circulación de los coches Tesla por algunas calles de la ciudad central de Chengdu a principios de junio, lo que coincidió con una visita del presidente chino Xi Jinping a la ciudad.

El responsable de la Brigada de la Policía de Tráfico de Beidaihe, que no quiso dar su nombre, no dio la razón de la medida, pero dijo que se trataba de “asuntos nacionales”. El responsable dijo que pronto se hará un anuncio al respecto. Tesla no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Beidaihe, un centro turístico de playa al este de Beijing, acoge tradicionalmente un cónclave de verano de los altos dirigentes chinos en el que se discuten movimientos de personal e ideas políticas a puerta cerrada. China no suele anunciar formalmente las fechas de la reunión.

Las restricciones de Chengdu a los coches de Tesla, que no se han anunciado oficialmente, salieron a la luz después que se publicaran en las redes sociales vídeos en los que la policía desviaba los coches de Tesla de determinadas zonas.

El año pasado, el ejército chino prohibió la entrada de los coches de Tesla en sus complejos, alegando problemas de seguridad por las cámaras instaladas en los vehículos, informó entonces Reuters citando fuentes que habían visto la directiva.

Elon Musk dijo entonces que los coches de Tesla no espiaban en China, ni en ningún otro lugar, y que la compañía sería cerrada si lo hacía. Meses después, Tesla dijo que todos los datos generados por los coches que vende en China se almacenarían en el país.

Los fabricantes de automóviles equipan cada vez más sus vehículos con cámaras y sensores que captan imágenes del entorno del automóvil. El control de cómo se utilizan esas imágenes y dónde se envían y almacenan es un reto que está surgiendo rápidamente para la industria y los reguladores de todo el mundo.

Los coches Tesla tienen varias cámaras externas para ayudar a los conductores a aparcar, cambiar de carril y otras funciones.

(Con información de Reuters/Por Zhang Yan, Brenda Goh y Kevin Huang; información adicional de Martin Pollard; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

Fueron dirigentes y aliados de la revolución chavista, pero ahora serán juzgados por un tribunal de terrorismo

Violar los derechos humanos y el debido proceso, incomunicar y detener sin orden judicial ha sido recurrente en los últimos años en Venezuela. Hasta ahora la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora (CRBZ), brazo civil de las FBL/FPLN, ardiente defensora de la revolución chavista, no se daba por aludida ante las miles de víctimas, de cuerpos de seguridad, jueces y fiscales, enviadas a las cárceles en estado de indefensión. 

La CRBZ hoy reclama airada porque la DGCIM detuvo e incomunicó a varios de sus integrantes. Otros son perseguidos y señalados de pertenecer a los Tancol, nombre a que inventó el jefe del Ceofanb para no llamarlos “guerrilla”.

El sábado 18 de junio el gobernador de Apure, Germán Eduardo Piñate Rodríguez, asistió a la transmisión del programa En Conexión, donde lanzó alabanzas a la Ciudad Comunal Simón Bolívar y destacó la presencia de los comuneros entre quienes estaba el diputado Orlando Zambrano, el alcalde José María Chema y otros.

La Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) se presentó al lugar y se llevó detenido a Antonio Márquez, uno de los más reconocidos como parte de la organización y a quien, desde hace meses, trataba de detener el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Los funcionarios se llevaron también a Luis Rodríguez, Ariana Alcalá, Willi Ruiz y Jesús Pérez; todos ellos del llamado Autogobierno de la Ciudad Comunas Simón Bolívar. Los otros detenidos son milicianos y dirigentes de partido de Gobierno: Grismaldo Díaz, Yorlis Fernández y Omar Pérez Pastrana, quien es el vicerrector de la Universidad de Los Llanos Ezequiel Zamora (Unellez) en Guasdualito.

El alcalde José María Romero “Chema”, el diputado Orlando Zambrano “Lapo” y la diputada Leonor Olivares no pudieron evitar la detención que hizo la Dgcim.

Lo que está sucediendo con miembros de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación Nacional / Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FBL/FPLN) es una demostración indiscutible de cómo las revoluciones se tragan a sus hombres, más temprano que tarde; lo demostró la Revolución Francesa con el más fiero de sus incondicionales, el jacobino Robespierre, quien tuvo el mismo destino que le aplicó a tantos adversarios políticos: la guillotina.

La revolución chavista no es fiel ni a sus militantes y así lo está demostrando contra varios de los integrantes de la CRBZ, a quienes les aplica la misma praxis que a opositores, jóvenes inocentes, periodistas, diputados o cualquiera que consideren enemigos y los acusan de terrorismo.

Las versiones de por qué detienen a varios milicianos y figuras públicas de la Comuna Simón Bolívar, líderes de la CRBZ, FBL/FPLN, son diversas: “secuestraron a la hija de un general”, “le robaron un lote de ganado a un amigo de…”, “mencionaron que el ELN estaba en Venezuela, cuando tenían prohibido hacerlo”, “tenían amistad con comandantes de las disidencias de las FARC”, entre otras. Lo único cierto es que cayeron en desgracia por no ser sumisos y subalternos a la revolución, que ahora les ve los “defectos”.

Durante años las FBL/FPLN ejecutó algunos secuestros por dinero, cobró extorsión generalizada a cientos de productores y ganaderos, impuso el miedo con las armas. Los señalamientos por desapariciones y asesinatos no fueron investigados.

La estrategia

Hace unos días el jefe del Comando Estratégico Operacional (Ceofanb), GJ Domingo Hernández Lárez, enseñó la destrucción de la estructura de una vivienda asegurando que era de los TANCOL (terroristas, armados, narcotraficantes colombianos), aunque en realidad se trataba de la finca de uno de los comandantes de las FBL/FPLN, alias Román, ubicada en el parcelamiento Guaratarito, entre los municipios Ezequiel Zamora y Andrés Eloy Blanco, estado Barinas.

Esa no fue la primera acción contra los boliches, nombre que le da el común de la gente a los integrantes de la organización guerrillera venezolana, porque desde hace tiempo hay advertencias, amenazas, el retiro de privilegios por parte de los organismos del Estado, lo que se agravó cuando el coronel Ramón Carrizalez pierde las elecciones internas en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en su aspiración de permanecer más tiempo en el poder regional de Apure.

El coronel Carrizalez, a través de la Gobernación, tenía control de 19 hatos que el Estado incautó, entre ellos Cedral, Marisela, antiguo hato El Frío, y varios hatos como San Pablo Paeño, de la antigua compañía inglesa, El Chaparralito, entre otros. Carrizalez, al saber que no repetiría en la Gobernación, trató de pasarlos a la empresa socialista Agroflora, perteneciente al Ministerio de Agricultura, que en Apure controla un hombre que le es incondicional.

Familiares de algunos de los detenidos han salido ante la opinión pública reclamando saber qué sucede con ellos, por qué no se les ha permitido comunicarse y de qué se les acusa.

Incomunicados y a juicio

Mientras el diputado Orlando Zambrano, del PSUV y una de las cabezas visibles de la CRBZ, visiblemente afectado, reclama al día siguiente, y junto al Defensor del Pueblo del estado Apure, Elizardo Andrade, que están frente a las instalaciones de la DGCIM en Guasdaulito, Apure, y que nadie los ha querido atender ni darles ningún tipo de información sobre lo que sucede con los comuneros detenidos.

Posteriormente junto a la diputada Melisa Orellana, dice que luego de 42 horas se están dando cuenta que “están iniciando el juicio por un Tribunal Militar de Control, sin permitir el ingreso del Defensor del Pueblo ni de los abogados defensores”.

A su juicio lo que está sucediendo con la detención de los siete comuneros del municipio Páez del estado Apure, se está incurriendo en “violación de los derechos humanos y no se está permitiendo el derecho a la defensa que ha sido un rescate de la revolución bolivariana”.

Por otra parte, Rosa Alcalá y Miriam Martínez, hermana y madre de Arianna Alcalá, desde las inmediaciones del Tribunal Militar en Guasdualito, dijeron que esperaban saber por qué se la llevaron. “No nos han dejado verla ni nos dan razón de ella”. Así mismo, una jovencita, hija de Antonio Márquez, dice llorando que “quiero saber si mi papá está bien, necesito saber por qué se lo llevaron”.

Otra de las personas que se ha pronunciado es Jacqueline Márquez, quien manifestó en un video, rodeada de sus hermanos y su mamá, su molestia y preocupación por la detención de su hermano Braulio Márquez, su sobrino Antonio Márquez y su cuñada Arianna Alcalá. “No es justo que ellos estén pasando por este atropello cuando ellos han dado todo por este gobierno, han estado de frente y son personas honestas”, dijo pidiendo verlos, que les den alguna información.

Tomado de Infobae

La Justicia argentina imputó por terrorismo al piloto iraní de un avión venezolano varado en Buenos Aires

La fiscal argentina Cecilia Incardona pidió investigar la relación del piloto del avión de Emtrasur, Gholamreza Ghasemi, con posibles actos de terrorismo. También imputó al resto de los tripulantes de la aeronave retenida en Buenos Aires, pudo saber Infobae de fuentes judiciales.

“Con el avance de las tareas investigativas llevadas aquí adelante, surgieron varios rastros que imponen la necesidad de proseguir la investigación respecto de Ghasemi Gholamreza, de toda la tripulación que de él dependía, de la aeronave y de su carga, conforme las obligaciones del Estado Argentino para prevenir y sancionar hechos de terrorismo”, dice el dictamen de la fiscal.

Y agrega: “Tales circunstancias irregulares llevan a indagar si el verdadero objetivo del arribo de la aeronave a nuestro país fue exclusivamente para transportar mercadería de autopartes, o bien si estuvo fundado en razones diferentes a las alegadas y constituya, eventualmente, un acto de preparación para proveer bienes o dinero que pudieran utilizarse para una actividad de terrorismo, su financiamiento u organización”.

Luego de recibir el informe del FBIque confirma la vinculación directa del piloto del avión de Emtrasur, Gholamreza Ghasemi, con las Fuerzas Quds, la división de la Guardia Revolucionaria iraní especializada en operaciones de inteligencia, y con Hezbollah, el juez Federico Villena le corrió vista a la fiscal el fin de semana “para delimitar el objeto procesal”.

La fiscal ya había impulsado la investigación el lunes pasado, pero en ese momento no había pruebas concretas contra la tripulación.

En una semana, el juez Villena ordenó unas 60 medidas de prueba y el expediente suma ocho cuerpos. Muchas de ellas todavía no llegaron al juzgado. El magistrado espera con expectativa un informe definitivo sobre los teléfonos y las tablets secuestradas a los tripulantes. Los informes preliminares hasta ahora no arrojaron pruebas contundentes para el expediente. También está pendiente el análisis de las dos “cajas negras” del avión.

Por otra parte, el ministro de Inteligencia de Paraguay, Esteban Aquino, puso en duda la identidad del copiloto.Aquino fue uno de los primeros funcionarios en elevar sospechas sobre el vuelo que llegó a la Argentina el lunes 6 de junio y sus ocupantes. Gracias a las investigaciones realizadas por su agencia, se pudo determinar que el capitán Gholamreza Ghasemi es CEO de Qeshm Fair Air, una aerolínea que tuvo participación directa en diversas actividades terroristas, y no un “homónimo” como se sospechaba en la Argentina.

Sabemos que esta persona ha estado transportando armamento y tecnología a Siria, desde Siria al sur del Líbano, y ahí entra Hezbollah. Serían como vuelos del terror y debemos preocuparnos”, amplió Aquino este lunes en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en radio Mitre de Buenos Aires.

Y se preguntó: “¿Quiénes son los demás miembros del Consejo Directivo de Qeshm Fair Air? Por ahí nos encontramos con sorpresas. ¿Quién es el copiloto del avión? ¿Es correcto el apellido del copiloto o no? Porque sabemos que a veces cambian el nombre y cuando tienen un pasaporte aquí o allá a veces le cambian la “H”, la “J”, la “L”… es un procedimiento común a veces”.

La frase alude a Mahdi Museli, copiloto del Boeing 747 de la empresa Emtrasur que está en un hangar de Ezeiza, el aeropuerto internacional de Buenos Aires. Museli al igual que el resto de la tripulación, integrada por 14 venezolanos y 5 iraníes, se aloja en un hotel de Buenos Aires.

Aquino recomendó verificar las huellas dactilares de todos los integrantes del vuelo y chequear cuidadosamente si los tripulantes son quienes dicen ser.

El funcionario paraguayo informó además que pudieron verificar que la tripulación solía apagar el transponder del avión, otro dato que había sido negado por autoridades argentinas. El transponder es un sistema aeronáutico que transmite información en tiempo real sobre la identificación de la aeronave y su altitud. Los radares terrestres toman las respuestas emitidas por el transponder para determinar la posición geográfica de los aviones.

Es muy llamativo porque lo hacían en forma habitual durante sus trayectos, de una manera consuetudinaria, frecuente… Y nosotros lo que hicimos es compartir esa preocupación con agencias de inteligencia mucho más grandes que la nuestra, que tienen más acceso y mejores bases de datos que nosotros, que somos muy humildes”, precisó Aquino. Entre los países consultados, Aquino mencionó a los Estados Unidos y a Israel.

Tomado de Infobae

Protestas en India: líderes y activistas opositores se unieron a las manifestaciones contra la reforma del Ejército

Varios líderes y activistas del opositor Partido del Congreso de la India se sumaron este lunes a las masivas protestas contra la polémica reforma para acceder a las Fuerzas Armadas, y que desde su aprobación la semana pasada ha desatado una ola de indignación entre miles de jóvenes.

Las protestas, registradas por todo el país, se concentraron principalmente en Nueva Delhi, donde miles de personas bloquearon vías de trenes y varias carreteras principales en señal de rechazo a la nueva ley de acceso al Ejército de la India, que establece un período de prueba de cuatro años tras el cual solo el 25% de los reclutas podrá seguir en activo.

A esta llamada de apoyo nacional se unieron varias organizaciones juveniles y simpatizantes del Congreso, que realizaron una sentada en el conocido mercado callejero de Janpath, situado en una de las principales arterias de la capital, para más tarde realizar una marcha hasta la casa del presidente de la India con el objetivo de entregar una carta que exige la reversión del plan.

Las autoridades de tráfico de la capital india emitieron a lo largo de la jornada varios avisos de carreteras cortadas y congestionadas por las barricadas que se formaron en los accesos a la ciudad.

Imágenes difundidas por el canal de noticias delhí NDTV mostraron largas filas de centenares de vehículos varados en las carreteras de Gurgaon y Noida, dos ciudades situadas en la periferia de la capital india.

A modo de prevención, también se cancelaron más de 600 trenes por todo el país debido a los violentos altercados que se produjeron en los últimos días en varias estaciones ferroviarias, que dejaron al menos un muerto y varios heridos en el estado meridional de Telangana, además de numerosos daños materiales.

La Fuerza de Protección Ferroviaria denunció este lunes que se registraron 95 casos criminales y se efectuaron 207 arrestos por vandalismo desde el inicio de las protestas contra la polémica reforma.

La oleada de indignación por esta nueva ley también se extendió este lunes por los estados norteños de Bihar, Uttar Pradesh, Punjab, los orientales Jharkhand y Bengala Occidental, o el sureño Tamil Nadu, donde se difundieron imágenes de manifestantes quemando fotografías del primer ministro, Narendra Modi.

Además de crear un filtro al ingreso de nuevos reclutas, la medida también suspende las pensiones de aquellos que no sean seleccionados para seguir finalizados los cuatro años, una medida que genera incertidumbre sobre la mayoría de los aspirantes, recelosos por la endeble situación económica en la que se encontrarán si no superan la fase de prueba.

Para combatir su descontento, los ministerios de Defensa y del Interior emitieron el sábado una orden prometiendo reservar un 10% de los puestos vacantes en distintos cuerpos de seguridad a los participantes en el proceso de admisión a las Fuerzas Armadas.

Además, las Fuerzas Armadas anunciaron hoy en un comunicado que iniciarán el proceso de reclutamiento de jóvenes el próximo 1 de julio, en un intento por calmar las aguas en el país asiático.

En la India, con una tasa de desempleo del 7,5% según datos del Centro para el Seguimiento de la Economía India (CMIE), el acceso a las Fuerzas Armadas es la última esperanza de miles de jóvenes para obtener una fuente de ingresos.

(Con información de EFE)