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Amnistía Internacional advirtió que el régimen de Daniel Ortega intensificó su táctica represiva en Nicaragua

Amnistía Internacional (AI) alertó este viernes que el régimen del presidente Daniel Ortega, quien se encuentra en el poder desde 2007, ha “intensificado su táctica de represión” en el marco de la crisis política que vive Nicaragua desde abril de 2018.

“Las autoridades han intensificado su táctica represiva con una nueva oleada de arrestos en el periodo previo a las elecciones (de noviembre pasado) y, desde el 28 de mayo de 2021 han detenido a más de 30 personas sólo por ejercer sus derechos humanos”, señaló AI en un informe publicado hoy a propósito del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura.

En su informe, AI recordó que Nicaragua lleva inmerso en una “grave crisis de derechos humanos” desde abril de 2018, cuando miles de nicaragüenses salieron a las calles para protestar por unas controvertidas reformas de la seguridad social.

“El Gobierno de Ortega respondió con una oleada de represión y medidas sin precedentes, que continúa hasta hoy, contra las personas disidentes”, indicó ese organismo humanitario.

Según AI, desde entonces, más de 100.000 nicaragüenses “han huido del país”, mientras decenas de activistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, así como periodistas, “han sido amenazados, encarcelados, torturados y, en algunos casos, han desaparecido”.

“Las personas que defendían los derechos humanos y eran criminalizadas y detenidas de forma arbitraria, y algunas permanecían recluidas al finalizar el año”, anotó.

Acoso, criminalización y amenazas

En el documento, AI señaló que las defensoras de los derechos humanos en Nicaragua “sufrían acoso policial, criminalización, campañas de desprestigio y amenazas” por parte de las autoridades y simpatizantes sandinistas.

Asimismo, sostuvo que “las detenciones arbitrarias seguían formando parte de la estrategia de represión del gobierno”.

Hasta diciembre, las organizaciones locales informaron de que 160 personas detenidas exclusivamente por ejercer sus derechos desde que comenzaron las protestas de 2018 permanecían en prisión.

En ese sentido, AI retomó las denuncias de los familiares de los denominados “presos políticos”, que se han quejado de que las autoridades nicaragüenses no le permiten ver a sus parientes en la prisión con periodicidad.

También que se encuentran recluidos en condiciones “precarias”, que sufren “malos tratos” y en régimen de incomunicación.

“Las organizaciones de derechos de las mujeres denunciaron que algunas de las mujeres detenidas durante el año habían sido arrestadas con violencia, en ocasiones delante de sus hijos, y permanecían recluidas en condiciones muy precarias”, según el informe.

En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega debido a que respondió con la fuerza.

Las protestas, calificadas por el Ejecutivo como un intento de golpe de Estado, dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200.

La crisis se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.

(Con información de EFE)

Víctimas de crímenes en México recurren a la toma de carreteras… ¡para pedir justicia!

Al periférico Ecológico de la ciudad de Puebla llegaron cientos de policías. Saltaron de las camionetas y patrullas y empujaron a hombres, mujeres y niños que a su vez contraatacaron como podían: con gritos y empujones.

No estaban preparados para una embestida así. Ni siquiera lo pensaron, dijo la madre de Brayan y Adolfo, dos chicos secuestrados en mayo pasado.

“Queremos que regresen, ellos son unos jóvenes tranquilos y que se ganan la vida vendiendo frutas y verduras, no le hacían daño a nadie”, externó la mujer ante medios de comunicación locales.

Le idea surgió, más bien, cómo un acto de impotencia e imitación. Por esas fechas, hubo decenas de bloqueos en vías carreteras de todo el país para exigir justicia por causas similares, padres desesperados, trabajadores asaltados, transportistas robados…

En el caso de Puebla, los familiares fueron primero al bar, el último lugar donde fueron vistos los muchachos. Ahí pegaron fotos de ellos entre murmullos, impotencia y desesperación.

La madre no recordó de quién fue la idea de bloquear el periférico Ecológico, pero lo tomaron sin pensar que meterían en un caos a toda la ciudad, el sur del estado y hasta la Ciudad de México.

El periférico Ecológico está conectado directamente con la autopista que une a la capital mexicana con la capital poblana y todo afecta. Pero la madre argumentó:

«Solo vimos una forma de llamar la atención », dijo. “Así hace mucha gente”.

Desde finales del año pasado, diferentes grupos sociales han recurrido al bloqueo y la toma de casetas de peaje como forma de exigir el cumplimiento de sus demandas.

No es un asunto nuevo en este país acostumbrado a tener hasta 300 protestas al día en la CDMX, pero sorprende porque se han salido de las urbes para bloquear caminos y carreteras que asfixian a ciudades enteras.

A 130 kilómetros de Puebla, en la Ciudad de México, Santiago Cortés, un contador que trabaja al poniente de la metrópoli, tardó cuatro horas en cruzar al oriente, donde tiene su casa. “Ya nos acostumbramos a los bloqueos aquí, pero ya es demasiado”.

La razón del incremento son bloqueos carreteros en entidades vecinas. Protestas de todo tipo: de trabajadores del sector salud, de padres de familia reclamando a maestros y mantenimiento a las escuelas, jubilados, campesinos y hasta colonos protestando por la falta de servicios públicos.

Y,  sobretodo,  se han sumado los delitos de alto impacto y con mayor frecuencia.

Tras la dispersión por parte de la policía de la protesta en Puebla el 6 de mayo, la madre de Bryan y Adolfo fue a la fiscalía a levantar la denuncia y el resto de los protestantes siguieron pegando fotos de los chicos.

Pero casi dos meses después, los chicos no aparecen.

De 1964 a la fecha han desaparecido 100,000 personas en México, según reconoce el gobierno actual. De ellas, el 97% se refiere a casos posteriores a 2006 y solo en 35 casos se ha sentenciado a los perpetradores.

A las desapariciones se suman los asesinatos, extorsiones, robos y todo tipo de crímenes: nueve de cada 10 en la impunidad.

A principios de junio, una joven de 16 años de edad que fue secuestrada por hombres armados la mañana del viernes 20 de mayo cuando se dirigía a su escuela, tomaron la autopista del Sol que conecta a la CDMX con el puerto de Acapulco.

Fue por varias horas: siguieron el ejemplo de profesores y estudiantes de la zona centro de Guerrero, quienes por décadas han  logrado resolver sus demandas con el bloqueo a vías de comunicación.

Dos semanas después, la joven fue localizada, según la fiscalía local, que no dio más detalles.

“Solo así atienden los casos”, dice Francisco López, profesor agremiado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Guerrero.

A finales de mayo cientos de transportistas bloquearon carreteras de todo el país en protesta por la inseguridad en las carreteras. El robo al transporte de carga es uno de los más frecuentes. Atracan a 24 traileres al día siguiente en el país.

El doble juego de la aplicación de la ley

De acuerdo con la Ley de Vías Generales de Comunicación, las personas que restringen “de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte” serán sancionados con pena de dos a nueve años y multas de hasta 4,000 dólares.

Sin embargo, las sanciones no se aplican o se aplican de manera parcial. Algunas veces sí y otras no e incluso se le da un uso político poco claro.

En Oaxaca, un grupo de activistas enfrentó a elementos de la Guardia Nacional, policías y marinos y liberó al líder regional de la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT), Juan Carlos Osorio, El Carlangas, quien tenía una orden de aprehensión por los delitos de ataques a las vías generales de comunicación, secuestro y extorsión.

De acuerdo con el reporte oficial, el enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los seguidores del líder sindical se reportó en las inmediaciones de las instalaciones de la Secretaría de Marina en el Puerto de Salina Cruz, donde le fue cumplimentada una orden de aprehensión a Osorio. Luego fue liberado por los compañeros.

Después de varios bloqueos en la carretera México- Puebla entre mayo y junio, el  gobernador Miguel Barbosa dijo que muchos de éstos son incitados por personas con experiencia, alevosía y “defendiendo intereses delincuenciales” y pidió apoyo al gobierno federal.

Para hacer frente a los bloqueos carreteros algunos municipios imponen multas a los participantes en manifestaciones, como en Hueytlalpan, donde la alcaldesa Anayeli Gonzálex, demandó a cinco pobladores por actos vandálicos ante la fiscalía estatal después de protestas y bloqueos por el asesinato de dos ancianos y dos niños.

“En lugar de mejorar los ministerios públicos, lo que hacen las autoridades es criminizar la protesta y negociar con la ley”, observa el profesor Francisco López. “Así lleva siglos este país”.

Tomado de https://laopinion.com/